Reforma en pensiones levanta roncha
Jueves 14 de Agosto del 2014 Por: Luis Zárate Alvarado luis.zarate@diarioextra.com
Un proyecto de ley que pretende reformar el sistema de pensiones del Poder Judicial levantó roncha entre los funcionarios, la iniciativa es promovida por la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Se trata del expediente Nº19.226 denominado “Reforma al título IX, de las jubilaciones y pensiones judiciales, capítulo 1, disposiciones generales de la ley orgánica del Poder Judicial Nº 7.333 del 5 de mayo del 1993”.
De manera resumida lo que se propone son varios cambios a dicho régimen especial, entre los que están la creación de una “contribución adicional” que será cargada a quienes más pensión reciben, sube la edad de retiro a los 65 años, amplía la base para el cálculo del monto del retiro, pasando de 24 años a toda la relación laboral, y se fija que para la jubilación se tomará como referencia el 60% del salario y no el 100%, como está fijado hoy día (ver recuadro).
Sin embargo, dichas variantes no son bien vistas por una gran mayoría de trabajadores judiciales, incluso entre quienes critican la propuesta está la jerarca de este poder, Zarella Villanueva, quien afirmó que la reforma del PUSC es “discriminatoria”, “no respeta condiciones especiales de la mujer”, “carece de razonabilidad”, “desestimula la carrera judicial” y solo toma en cuenta una “visión económica” del régimen.
EN PIE DE LUCHA
Aunque coinciden en que no tienen mucha experiencia en estas luchas, a las 25 organizaciones sociales que funcionan en la Corte Suprema de Justicia no les temblaría el pulso para levantarse en huelga general indefinida si los diputados se atreven a aprobar un proyecto de ley presentado ayer por el congresista socialcristiano Rafael Ortiz.
Ante la amenaza se realizó un foro en el cual los expositores explicaron los pro y contra del proyecto, lo que motivó que los 12 mil empleados judiciales de todo el país se lanzaran a las calles a protestar.
Esta es la segunda vez que jueces penales, del trabajo, pensiones, así como magistrados, fiscales, defensores públicos e investigadores, realizan una protesta masiva. La primera fue el año pasado cuando los legisladores destituyeron al magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, quien luego fue reinstalado por esa misma sala en una sesión de magistrados suplentes.
Según Saúl Umaña, de la Asociación de Empleados Judiciales (ANEJUD), la huelga general está a la vuelta de la esquina por cuanto los políticos insisten en meter mano de los ¢38 mil millones que hay en el fondo de pensiones de la Corte.
“Nosotros cotizamos un 300% más que los trabajadores del Régimen de la Caja pero de la noche a la mañana nos quieren cambiar las reglas del juego”, dijo Umaña.
Para Umaña el proyecto de ley del PUSC está elaborado en contubernio con la Superintendencia de Pensiones para que los trabajadores judiciales se pasen al régimen de la Caja y así pasar los ¢38 mil millones a ese régimen que está quebrado para inyectarle capital fresco.
Por su parte Freddy Solórzano, otro de los líderes del movimiento, advirtió que no necesitan permiso para levantarse en huelga por cuanto su lucha es justa y no es posible que quieran que la pensión sea de solo el 25 de su último salario y tener que trabajar hasta los 65 años.
Mientras tanto Norman Vargas y Ingrid Bermúdez, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, coincidieron en que todos los trabajadores judiciales, independientemente del puesto que ocupen, deben de irse preparando para una huelga general indefinida.
En los próximos días serán anunciadas las medidas de presión con las que continuarán su lucha.