34 facilitadores judiciales de zona Atl‡ntica
compartieron experiencias
Hulda
Miranda P. - Actualizado el
17 de noviembre de 2013 a: 12:00 a.m.
Delegados
tambiŽn oyen casos de pensiones y otras disputas
Representantes
han logrado mediar en diferencias y logran acuerdo
El
d’a en que fue designado facilitador judicial de su comunidad, o Òjuez de
puebloÓ como se lo conoce popularmente, a Willis Rankin GutiŽrrez lo buscaron
para plantearle un dilema.
ÒLleg—
el presidente de la Asociaci—n de Desarrollo y me dijo: ÔNecesito que me
resuelva estoÕ. Le’ un documento y era un problema de terrenosÓ.
La
disputa se daba entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la
Asociaci—n de Desarrollo y la Fuerza Pœblica, segœn record— este gu’a tur’stico
de barra del Tortuguero, quien tiene 47 a–os de edad.
ÒEl
juez me dijo que ese caso no me correspond’a verlo, pero, al tenerme confianza,
las personas del pueblo insistieron; entonces tomŽ la decisi—n, fui al ICE e
hice unas consultas.
ÓMe
dijeron que quiŽn era yo, y les dije que hab’a sido nombrado como facilitador
judicial, y que hab’a un terreno que ellos estaban usando y que era de la
Asociaci—n o de la Fuerza Pœblica. Entonces los reun’, les ped’ permiso y se
consiguieron los planos de TortugueroÓ, narr— Rankin.
ÒAh’
se vio que era calle pœblica, no le pertenec’a a ninguno, y ahora es calle
pœblicaÓ.
Esa
situaci—n la conoci— Rankin en junio y la comparti— el s‡bado pasado, durante
un encuentro de 34 facilitadores judiciales de la zona Atl‡ntica con
autoridades del Poder Judicial.
Los
participantes relataron otros casos en los que han sido mediadores en sus
comunidades, como pleitos por animales que se pasan a propiedades vecinas,
ramas de ‡rboles que caen a territorio aleda–o, reclamos por el incumplimiento
de pagos de pensiones alimentarias y otras discusiones.
El
papel de los facilitadores en estos conflictos menores es ayudar a buscar una
soluci—n que beneficie a todas las partes y, as’, evitar que los casos se
lleven a los Juzgados o se conviertan en problemas mayores.
El
programa es una iniciativa del Poder Judicial en coordinaci—n con la
Organizaci—n de los Estados Americanos (OEA) y tambiŽn se realiza en la zona
norte.
El
objetivo es llevar la administraci—n de justicia a peque–as comunidades
alejadas de los despachos judiciales, a travŽs de uno de los pobladores, que es
elegido por sus vecinos. Sus decisiones son revisadas por un juez.
Arreglos. JosŽ çngel
Zamora Rosales, de 41 a–os, carga un libro de actas. El pe—n de una bananera,
en El Limbo de Duacar’ (Gu‡cimo), registra todos los
conflictos en los que sus vecinos han solicitado su intervenci—n.
En
muchos renglones, escribi— que una pensi—n no fue pagada a tiempo y que fue
buscado por las partes, pero uno de los casos que registr— fue distinto.
ÒUn
muchacho agarr— un cami—n a pedradas, y el due–o del veh’culo puso una demanda.
Entonces, la familia del muchacho me busc—, yo llamŽ al se–or y le dije que me
hab’an elegido como facilitador judicial y que la familia del muchacho quer’a
que se pusieran de acuerdo.
El
arreglo fue que el ofendido recibir’a ¢100.000 por parte del causante del da–o.
Esfuerzo. A Mar’a
Carrillo Salazar (35 a–os) la esperaban el s‡bado en su casa, en Barra del
Colorado Sur, su esposo y sus tres hijos TambiŽn la aguardaba una diferencia
entre dos vecinos, y ella ya iba analizando c—mo se pod’a aliviar.
ÒHay
una pulper’a donde tienen cerdos y pollos. Otro lugar es una casa donde se hace
el pan del pueblo, y all’ llegan los olores y las moscas. Yo sŽ que ese
problema se me viene porque uno de ellos ya me busc—Ó, cont— la mujer, quien
desde antes participa en grupos de su comunidad.
Ella
fue una de las primeras en retirarse el s‡bado de la reuni—n para poder tomar a
tiempo el transporte hacia Colorado.