Mag. José Manuel Arroyo. Vice-Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Quiero empezar estas palabras con una sincera felicitación a quienes hoy se juramentan como jueces o juezas de la República. Esta es una de las más nobles y respetadas funciones en todo Estado democrático.

Como este es un primer acercamiento que tengo con ustedes como jerarca de esta institución, y se trata de una cantidad importante de jueces y de juezas que asumen o asumirán su función a partir de estos días, quiero aprovechar para motivar en ustedes la visión de administración de justicia por la que está apostando la jerarquía institucional.

En el año 1993, algunas personas que integramos la Corte Plena propusimos e impulsamos la Ley de Carrera Judicial. Esta ley se visualizó como instrumento necesario para mejorar la administración de justicia y garantizar la independencia judicial. Quienes trabajamos por esa ley advertimos que era necesario contar con procedimientos para garantizar igualdad de oportunidades en el ingreso a la judicatura; que se lograra la selección de las personas más calificadas y que, cumplido ese presupuesto, a los nombrados y nombradas se les garantizara estabilidad en el puesto.

Antes de esa ley, los jueces y las juezas estaban sujetos a nombramientos por períodos fijos, y por ende, a inconvenientes procesos de reelección cada cuatro años, lo que comprometía su sentido de independencia.

La estabilidad en el cargo les dio a los jueces y a las juezas la tranquilidad de dedicarse a su labor de administrar justicia sin temor a tener que pagar favores, seguir instrucciones en sus decisiones, o sufrir presiones en su trabajo.

A veinte años de vigencia de esa ley podemos ver que hemos tenido grandes avances en ese objetivo. Los acontecimientos más recientes en el acontecer nacional, demuestran el respeto que tiene la jerarquía institucional a las decisiones de sus jueces y juezas.

Sin embargo, la institución no ha caminado al mismo ritmo en el logro de mecanismos para medir el desempeño, para establecer parámetros de rendición de cuentas y cumplimiento de metas.

El problema que ahora enfrentamos es que la mayor deuda que en este momento tenemos, con la sociedad, es el retraso en la administración de justicia. Para tratar de solventar la mora judicial existente en muchos despachos, lo que hemos hecho en algunos casos es crear nuevas plazas, aumentar el número de jueces o de juezas pero, lamentablemente, esto no ha sido suficiente. Los niveles de productividad por funcionario o funcionaria no han evidenciado mejora.

Por eso es que aprovecho un día como hoy, donde integramos formalmente a casi doscientos jueces y juezas a la labor jurisdiccional, para manifestarles la esperanza que tiene la institución en que ustedes, como una oleada renovadora, puedan idear y generar nuevas formas de hacer las cosas, y de hacerlas mejor. La institución espera de ustedes la clara convicción de que son un factor de cambio positivo, que asumen con responsabilidad el trabajo encomendado para sacarlo adelante. En esta función, es importante también el papel que asuman como jefes y jefas de sus despachos.

Ustedes son la representación patronal en cada una de las oficinas que les corresponda liderar. Son los y las encargadas de velar por la eficiente y adecuada gestión de sus despachos. Y esto lo traigo a colación porque resulta lamentable la gran cantidad de denuncias que recibe el Tribunal de la Inspección Judicial, todos los días, por atrasos en la resolución de los asuntos, negligencia y mal trato a los usuarios y usuarias, lo cual contradice el compromiso institucional con la garantía del acceso a la justicia. Es importante que además de jueces y juezas también seamos buenos administradores y buenas administradoras de los recursos públicos que se nos asignan.

Ustedes sabrán que la institución ha aprobado una serie de políticas transversales cuyo único objetivo es hacer del servicio de administración de justicia un servicio democrático, que visualice y atienda con igualdad y eficiencia, los derechos y las necesidades de todas las personas; y ese es un compromiso diario.

En el Poder Judicial contamos con una campaña denominada “Póngase en los zapatos de la persona usuaria”. Esta campaña pretende que los y las funcionarias judiciales hagan el ejercicio de visualizar la situación que pueda estar pasando quien acude a cualquier servicio administrativo o judicial de la institución, y se pregunte ¿cómo le gustaría ser atendido o atendida si estuviera del otro lado del mostrador?; ¿cómo le gustaría ser atendido o atendida si usted fuera una persona adulta mayor, una mujer víctima de violencia doméstica o de violencia sexual; una persona no vidente; una persona indígena que no habla el idioma, o simplemente, cualquier ciudadano o ciudadana que enfrenta una demanda y que no sabe qué debe hacer, a dónde debe acudir; cuál es el paso a seguir, etc…

A grandes rasgos, lo que la institución quiere es garantizar su misión de hacer de la administración de justicia un servicio, un derecho, accesible para todas las personas sin discriminación alguna; visualizando las distintas condiciones en que se encuentran las personas usuarias, precisamente para no generar discriminación.

Aprovecho para recordarles que como jueces o juezas, la sociedad costarricense espera de ustedes que sean personas ejemplares, irreprochables y comedidas, tanto en sus funciones judiciales como en su vida privada. Su investidura rebalsa el horario del despacho y no discrimina ni siquiera los días feriados. Esa actitud -que yo quisiera motivar en ustedes desde el día de hoy- involucra, si se quiere, un espíritu de sacrificio y de retraimiento. No es lo mismo que una persona particular altere el orden en una fiesta, o conduzca en estado de ebriedad, o irrespete a las personas usuarias, a que lo haga un juez o una jueza de la República. La gravedad del reproche estriba en que somos nosotros los que juzgamos esas conductas, y naturalmente, la sociedad espera que tengamos la autoridad moral para sancionarlas y corregirlas.

El Poder Judicial ha entrado en una importante dinámica dentro de la realidad nacional. Nuevas y cada día más peligrosas formas de delincuencia nos acechan, tratando de inmiscuirse y de socavar el sistema de administración de justicia. Las redes de narcomafia, de trata de personas, de delitos cibernéticos -solo para mencionar algunas de las nuevas formas de delincuencia organizada- tratan de extender sus tentáculos, sin miramiento alguno, en todo lugar, incluso en el Poder Judicial.

Ante esta situación, que aumenta los niveles de riesgo y seguridad en nuestros hogares, barrios, caseríos y sociedad en general, todos y todas debemos estar atentos y hacer un frente común. Todos y todas debemos ser conscientes de que esa incursión nunca será posible con jueces y juezas que como ustedes, asumen con responsabilidad y decisión, el juramento de cumplir y hacer cumplir siempre, la constitución y la ley.

Procederemos a la juramentación:

-¿ Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
-Sí, juro-.
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.

Señores jueces y señoras juezas de la República de Costa Rica, han asumido y prometido la defensa de la Constitución y de la ley. La sociedad costarricense espera mucho de ustedes y tiene la confianza de que quienes cumplen la digna función de sentenciar sus casos sean fieles a este juramento.

A partir de hoy, el criterio y la esperanza que tengan ustedes, sus familias y la sociedad en general, de un mejor Poder Judicial, dependerá de ustedes mismos y de su determinación en la labor que realizan día a día, en sus despachos, por engrandecer a esta noble institución, que no es más que luchar por el respeto a los derechos, a la legalidad y a la convivencia pacífica que promueve el desarrollo de todas la personas habitantes de esta nación.

Concluyo y les reitero a ustedes y a quienes les acompañan, mi satisfacción por su logro; y les deseo que al igual que yo, después de mucho tiempo de trabajar para esta institución, puedan sentirse satisfechos y satisfechas, agradecidos y agradecidas de haberse decidido por trabajar en la administración de justicia. Confío en que la función y el cargo que hoy asumen les depare muchas satisfacciones personales y profesionales; pero sobre todo el orgullo de sentir que son parte de una institución a la que es necesario cuidar para la seguridad, la democracia y la pacífica convivencia de todos y de todas.