Magistrada Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia.

Agradezco la presencia de cada uno y cada una de ustedes durante esta mañana. Para el Poder Judicial y particularmente para la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos resulta de gran importancia haber logrado convocar a personeros de alto nivel de las instituciones invitadas.

Desde agosto de 1998, el Consejo Superior del Poder Judicial aprobó la creación de una oficina especializada en la atención a las víctimas de delitos, denominada así: Oficina de Atención a las Víctimas de delitos, como una dependencia del Ministerio Público. Sin embargo,  a partir del año  2009 entra en vigencia la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal, la cual creó el Programa de Protección de Víctimas, Testigos y la administración le fue asignada a esa oficina. En qué consistió el programa de protección? La propia ley lo definió como el conjunto de operaciones realizadas por el Poder Judicial, a través de la oficina mencionada, con el fin de garantizar cuatro valores fundamentales para una persona que requiere de amparo o protección: la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad.

La situación de la víctima y la violación de sus derechos ha sido tradicionalmente invisibilizada. El Derecho Penal y el Procesal Penal cuentan con un gran desarrollo en el abordaje de la teoría del delito, de la criminalidad y de los derechos del imputado. La víctima solamente había sido abordada como un elemento colaborador, como un instrumento de prueba, en el engranaje represivo penal. Sus derechos han tenido relevancia jurídica. Prueba de ello es que las personas víctimas ni siquiera son notificadas de las resoluciones que ordenan la desestimación de su denuncia.

Sin lugar a dudas, con la Ley de Protección a Víctimas y testigos se logró un avance importante en el rompimiento de ese paradigma. A nivel legal se comienza a entender que las víctimas son personas cuyos derechos han sido atropellados con la comisión del delito pero que esa violación no es cosa del pasado, sino que permanece latente debido a la afectación física o emocional padecida, y ante el proceso o la institucionalidad que debe enfrentar ante un proceso penal.

Se vislumbra el surgimiento de un nuevo paradigma. Un paso importante ha sido la aprobación, el año pasado, en la XVI Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales, de la "Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas".

La ley de comentario advirtió que la tutela a las personas víctimas y demás, necesitadas de protección, sobrepasa el tema jurídico. Reconoció que en este abordaje la normatividad, los postulados constitucionales y enunciados jurídicos, son insuficientes para lograr una tutela real y efectiva; y por ello estableció una obligación de colaboración que deben dar, a la Oficina de Atención a las Víctimas, las instituciones públicas que brinden servicios necesarios al cumplimiento del fin propuesto por la ley.

Esa obligación forma parte de los compromisos adquiridos por el Estado Costarricense a través de diversos instrumentos normativos internacionales de derechos humanos.

Solo para citar un ejemplo, en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará, ratificada por Costa Rica desde el año 1995, dice:
Los Estados Parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados.

Durante el año 2012, en esta oficina se atendieron 10.807 víctimas,  la mayoría de ellas pertenecientes a poblaciones vulnerables; un 60% fueron mujeres.

Para evitar la violencia y la muerte de tanta persona las autoridades públicas estatales deben direccionar su gestión, en forma consecuente con ese compromiso.

Ahora bien. Los esfuerzos que pueda realizar cada institución u órgano público o de la sociedad civil, para cumplir con tales compromisos, serán estériles si se hacen en forma aislada porque, como dije, el abordaje de la condición de una persona víctima o testigo que requiere de amparo, es integral. Para ello, la Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos ha logrado activar  la intervención de muchas de las instituciones que ustedes representan,  tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Ese es un logro importante.

Sin embargo, se estimó necesario realizar un alto en el camino y revisar el impacto que esta oficina ha tenido  en las personas usuarias de sus servicios, así como la relación con instituciones con las que con mayor frecuencia coordina acciones; todo ello en la búsqueda de una mejora en el eficiente cumplimiento del objetivo trazado.

Con ese fin, se propuso convocar anualmente  a las instituciones  gubernamentales y no gubernamentales, con las cuales la oficina coordina acciones más frecuentemente. La primera actividad tuvo lugar el año anterior. La reunión de este año se realizó en el mes de agosto.

La finalidad de  estas reuniones es  motivar un acercamiento entre las distintas entidades u organismos involucrados, y conocer cómo están percibiendo el trabajo  que hasta la fecha ha realizado la  Oficina de Atención a la Víctima para poder valorar cuál es el impacto  que ha generado. También interesa conocer los requerimientos que esta oficina ha generado o generará en sus  instituciones (entiéndase impacto en  cuanto a demanda, tiempo, presupuesto,  funcionarios para la atención de casos referidos, etc). Queremos conocer las  limitaciones, debilidades  e inconvenientes  que se hayan podido presentar en la coordinación de casos; aunque también, es una ocasión para destacar las fortalezas o procedimientos acertados; visualizar oportunidades de mejora, de economía y simplicidad en los recursos y en los trámites.

En la reunión de este año se contó con la participación de  representantes de las siguientes instituciones:

• Instituto Mixto de Ayuda Social.
  
• Caja Costarricense de Ayuda Social.
  
• Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.
  
• Poder Judicial.
  
• Ministerio de Educación Pública.
  
• Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
  
• Patronato Nacional de la Infancia.
  
• Federación de la Cruzada Nacional de Protección al Anciano.
  
• Consulado de Nicaragua.
  
• Asociación de Consultores y Asesores Internacionales.
  
• Instituto de Victimología.
  
• Centro Juvenil  Amigó.
  
• Fundación Rahab .
  
• CICAP- Diversidad sexual.
  
• Consejo Nacional de Rehabilitación y Enseñanza Especial.
  

Las personas representantes de estas instituciones  mostraron su interés en trabajar, de manera articulada, e incluso surgió la propuesta de trabajar con un plan  para las siguientes reuniones   que se programen.

Esa articulación requiere de una voluntad superior que permita adoptar compromisos institucionales e impulsar acciones al interno de cada institución. Por esa razón, la importancia de contar con su presencia durante esta mañana.

El objetivo particular de esta reunión es motivar un acercamiento entre las instituciones que ustedes representan para  que, al conocer de la labor, de los fines de la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos, así como del compromiso estatal y legal que nos vincula, puedan direccionar el actuar institucional conforme a las ayudas solicitadas por esta oficina para que la respuesta interinstitucional a las personas usuarias sea adecuada, expedita y coordinada. A la fecha no existe esa articulación de acciones. Lo que se ha venido haciendo es que cada institución actúa según sus propios lineamientos, dejando en franca inseguridad y desmotivación a las personas usuarias, todas ellas en una, ya de por sí, desmejorada condición.

Les reitero mi agradecimiento por su presencia y les expreso mi confianza en que, el mismo deseo que yo tengo, de que la institución a la que represento sea exitosa en su desempeño, sea también el suyo respeto de cada una de las instituciones donde laboran, lo que será una garantía de que esta reunión sea provechosa y fructífera. Quienes laboramos en la función pública nos debemos a la sociedad y a la mejor satisfacción de sus requerimientos.

Debo expresarles también mi convencimiento de que abordar el tema de las víctimas y la efectiva defensa de sus derechos humanos, más allá de los fines del proceso en el que participan; y de la actuación del Ministerio Público, es el reto que como sociedad democrática tenemos y un paso fundamental para la credibilidad del sistema.