La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los retos más importantes en el sistema preventivo y represivo de un Estado Democrático de Derecho.

Paulatinamente, hechos muestran cómo las relaciones interpersonales han cambiado y son marcadas por conductas violentas que deben ser analizadas y enfrentadas con rigurosidad, pero dentro del marco de la ley.

El incremento en las conductas violentas es notorio y converge en el acontecer diario y en sus múltiples tipos, ya sean familiares, crimen organizado o pequeños actos delincuenciales.

Es claro que el fenómeno de la violencia conlleva una pérdida de legitimidad de los órganos públicos.

Dentro de esta problemática hay que identificar las competencias y responsabilidades de cada Poder de la República en el contexto de la inseguridad ciudadana y su consecuente impunidad.

En primer término, corresponde al Ejecutivo la prevención, que se ejerce por medio de la Fuerza Pública, grupos policiales especiales y especialmente programas sociales, educativos que generen oportuniddes de desarrollo a los diferentes segmentos de la poblaciòn.

Al Poder Judicial le compete aplicar el sistema represivo con la imposición de sanciones privativas de libertad y económicas, una vez demostrada la culpabilidad de las personas imputadas en apego y respeto a la Constitución Política, la Ley y el debido proceso.

Siendo el sistema jurídico costarricense respetuoso de los derechos humanos sería inadmisible violentar principios constitucionales y de instrumentos internacionales sobre la materia suscritos por el país para satisfacer clamores populares cayendo en un populismo punitivo.

Desde el Poder Judicial se han promovido programas para agilizar los procesos penales, tal es el caso del Programa de Flagrancia que permite el juzgamiento de personas en pocas horas o días luego de cometido el hecho. Solamente en el I Circuito Judicial y II Circuito de San José se dictaron en 2012 1450 sentencias condenatorias en aplicación de este procedimiento.

Para un total de 8.085 personas condenadas por el procedimiento ordinario en el mismo año.

El cumplimiento de la Ley tiene un impacto directo en el sistema penitenciario. Se ha llegado al colapso de las cárceles cayendo en violación de los derechos de las personas privadas de libertad, quienes cumplen prisión preventiva o la pena impuesta en condiciones de hacinamiento.

La sobrepoblación carcelaria es un tema que urge atender. Este y el problema de la criminalidad deben analizarse desde las responsabilidades específicas de cada uno de los Poderes del Estado.