Opini—n
Seguridad, democracia y justicia
*Marvin Carvajal PŽrez
Lo novedoso en el enfoque del
programa es que contempla ‡reas directamente relacionadas con la seguridad,
pero tradicionalmente olvidadas por algunas pol’ticas pœblicas como violencia
intrafamiliar, protecci—n de v’ctimas y testigos, justicia restaurativa, acceso
a la justicia de las personas y grupos vulnerabilizados
y m‡s.
El crecimiento y tecnificaci—n de
las organizaciones criminales, que golpean la paz de nuestros pueblos obliga a
fortalecer la institucionalidad y a dotar al Estado de mejores herramientas
para la prevenci—n y combate de la delincuencia. La respuesta esperada de una
sociedad democr‡tica debe ser firme y decidida, pero absolutamente respetuosa
de las normas y principios constitucionales que la gu’an. As’, en el marco de
la Estrategia de Seguridad para CentroamŽrica y MŽxico, los Estados del istmo,
con el apoyo de la Uni—n Europea y de la Agencia Espa–ola de Cooperaci—n
Internacional para el Desarrollo; recientemente iniciaron la ejecuci—n del Plan
Maestro de Capacitaci—n Regional DB1. Con la participaci—n del Sistema de
Integraci—n para CentroamŽrica, el Centro de Capacitaci—n Judicial para
CentroamŽrica y el Caribe y la Conferencia de Ministros de Justicia de los
Pa’ses Iberoamericanos (COMJIB); este proyecto busca fortalecer el accionar de
los poderes judiciales de la regi—n para el logro de sociedades m‡s seguras y
comprometidas con el Estado de Derecho.
La idea que orienta esta
iniciativa tiene como base contribuir a la disminuci—n de la violencia social,
mediante el incremento de la efectividad de las diversas instancias estatales
que participan en la protecci—n de las personas y sus intereses, en especial de
los poderes judiciales, y as’ propiciar la formaci—n de las juezas y jueces de
la regi—n en temas de gran impacto frente al fen—meno de la seguridad social.
Este Plan Maestro comprende procesos de formaci—n en temas como la delincuencia
organizada, las nuevas formas de criminalidad: trata de personas, delitos
inform‡ticos, delitos ambientales; las maras y pandillas, el fortalecimiento
del proceso penal, el manejo de la prueba y la materia Penal Juvenil.
Lo novedoso en el enfoque del
programa es que contempla ‡reas directamente relacionadas con la seguridad,
pero tradicionalmente olvidadas por algunas pol’ticas pœblicas como violencia
intrafamiliar, protecci—n de v’ctimas y testigos, justicia restaurativa, acceso
a la justicia de las personas y grupos vulnerabilizados
y m‡s. Son 22 acciones formativas, cada una comprender‡ cursos presenciales
regionales destinados a la formaci—n de formadores, cursos presenciales
nacionales y cursos virtuales nacionales y centroamericanos. Frente a los
Estados donantes que hoy en d’a enfrentan una coyuntura fiscal desfavorable y
que han debido hacer grandes sacrificios para superarla, queremos asegurar que
los recursos dispuestos para una iniciativa como esta, sean usados de la forma
m‡s eficiente y efectiva.
La uni—n de esfuerzos ser‡
esencial para alcanzar los ambiciosos objetivos que persigue el Plan Maestro.
El SICA, el Centro y la COMJIB participan, cada uno en su respectivo marco de
funciones, con el fin de asegurar que la formaci—n que reciban los jueces y las
juezas del istmo sea de gran calidad y que impacte, de forma evidente, en un
mejor desempe–o de la Administraci—n de Justicia, y en el robustecimiento de la
institucionalidad regional.
La reciente designaci—n del se–or
Fernando Ferraro Castro, como Secretario General de
la COMJIB, abre una oportunidad hist—rica para que Costa Rica se consolide como
l’der regional en materia de justicia. Adem‡s de los mŽritos personales del
nuevo Secretario General, esta decisi—n tiene como antecedente un reconocimiento
del papel decisivo de Costa Rica en los procesos de modernizaci—n de la
justicia en IberoamŽrica. Este acercamiento, favorecer‡ el desarrollo de
proyectos regionales de importancia estratŽgica para el fortalecimiento del
sector justicia. El anhelo leg’timo y a–ejo de los pueblos centroamericanos en
procura de la paz social y el desarrollo econ—mico y cultural, solo podr‡ ser
alcanzado si se potencia el papel de las instituciones democr‡ticas como
garantes de la seguridad. En ese contexto, una inversi—n destinada a mejorar la
calidad de la justicia, es el camino id—neo para alcanzar tales objetivos.
*Director del Centro de
Capacitaci—n Judicial para CentroamŽrica y el Caribe