/ Econom’a
Patricia Leit—n pleiton@nacion.com 12:00 a.m. 18/06/2013
La Sala IV declar— con lugar una acci—n de inconstitucionalidad y anul— el mecanismo de contrataci—n que se estableci— para nombrar a 1.700 interinos. Sin embargo, consider— que los puestos fueron obtenidos de buena fe y los trabajadores conservar‡n sus empleos.Mar’a Elena Delgado, quien obtuvo su puesto en propiedad en el Instituto Nacional de Aprendizaje mediante un decreto que rigi— entre diciembre del 2010 y diciembre del 2011, respir— ayer tranquila tras d’as de zozobra.
Al igual que ella, unos 1.700 trabajadores m‡s est‡n seguros de que mantendr‡n su puesto.
Al menos as’ lo interpreta JosŽ Joaqu’n Arguedas, director general del Servicio Civil, y Albino Vargas, secretario general de la Asociaci—n Nacional de Empleados Pœblicos y Privados (ANEP) luego de la publicaci—n de la sentencia completa del voto 5151-13, del 17 de abril del 2013.
Mediante ese voto, la Sala Constitucional declar— con lugar una acci—n de inconstitucionalidad y anul— el mecanismo de contrataci—n que se estableci— mediante un decreto del 10 de diciembre del 2010.
Dicho decreto, negociado entre la ANEP y el Gobierno, permiti— que entre diciembre del 2010 y diciembre del 2011 cerca de 1.733 trabajadores interinos fueran nombrados en propiedad mediante un procedimiento diferente al utilizado tradicionalmente.
Para Arguedas y Vargas, la Sala IV consider— que los puestos fueron obtenidos de buena fe. Ayer no fue posible obtener la interpretaci—n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ÀQuŽ sigue?No obstante, hay otro grupo de unos 4.000 trabajadores que est‡n interinos actualmente que siguen en ascuas pues, por otro fallo de la Sala Constitucional de diciembre pasado, a partir del 6 de diciembre de este a–o el Servicio Civil debe hacer una prueba de conocimiento a los candidatos que participan para obtener un puesto en propiedad; empero, la entidad no tiene dinero para hacerla.
Es por esta raz—n que la ANEP planeaba impulsar un segundo decreto; no obstante, tras la lectura de la sentencia de la Sala IV, ahora esa opci—n est‡ descartada.
ÒYa no hay posibilidad, un segundo decreto es irreal, con una primera ojeada (a la sentencia) vemos que ya no es posible; el problema se hace m‡s cr—nico porque el 6 de diciembre empieza el nuevo sistema, esas 4.000 personas deber’an tener una alternativa. A m’ se me ocurre que la œnica alternativa es que pase por la Asamblea LegislativaÓ, dijo el sindicalista.
Vargas dio sus declaraciones en una marcha convocada ayer por la ANEP frente a la Corte Suprema de Justicia a la cual asistieron pocos trabajadores, unos 24.
Rafael Mora, asesor de la ANEP, atribuy— la poca asistencia a que los trabajadores conocieron de la publicaci—n de la sentencia durante el fin de semana.
Vargas reconoci— que esta es una de las muchas dificultades que tiene el actual sistema de empleo pœblico.
El viernes pasado, la Uni—n Costarricense de C‡maras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) pidi— a la Administraci—n Pœblica reformar cuanto antes el Estatuto del Servicio Civil, con el fin de incorporar estudios de productividad sobre las tareas que desarrollan los empleados pœblicos para mejorar la calidad de los servicios.
Esto, luego de conocerse el incremento del ausentismo de los trabajadores por incapacidades.
El Gobierno hizo una propuesta de proyecto de ley, pero los sindicatos la rechazaron por considerarla fiscalista.