Sentencia ordena a cuatro instituciones estudiar problema en San JosŽ y buscar soluci—n
Sala IV pide entender al vendedor callejero y no solo reprimirlo
Alcalde Johnny Araya teme que el fallo sobrepase la capacidad municipal
Comerciantes informales sostienen que siguen en la calle para sobrevivir
Esteban
Oviedo eoviedo@nacion.com 12:00 a.m. 26/05/2013
Ella viste de negro. Camisa negra, pantal—n negro, zapatos negros y una bolsa de pl‡stico negra, lista para tragarse en un santiamŽn los cascabeles que vende a ¢2.000 por si vienen los polic’as municipales.
Se acercan dos. Ella cierra la bolsa y se mueve con disimulo, escurridizamente, por el bulevar de la avenida central de San JosŽ. Procura pasar inadvertida entre los peatones que esperan el cambio del sem‡foro. Ya un poco m‡s tranquila, dice que su nombre es Cinthya Rodr’guez y tiene 42 a–os.
Relata que trabaja como vendedora ambulante desde hace seis a–os. ÒYo viv’a con mi marido, Žl se fue y tuve que trabajar por mis dos hijasÓ, afirma la vecina de Concepci—n de Alajuelita.
Hay polic’as cada dos cuadras. En otra esquina est‡ Yamileth Ruiz, de 46 a–os y de origen nicaraguense. Segœn su relato, se qued— sola muy joven y, aunque en su tierra natal obtuvo un secretariado tŽcnico, aqu’ trabaja en la calle desde hace m‡s de 20 a–os. ÒBueno, papi, lo dejo porque ah’ vienenÓ, dice.
ÒYo vend’a en NicaraguaÓ, relata El’as M‡rquez, de 30 a–os, y vendedor de dispositivos como controles de televisi—n. ÒCuando lleguŽ (hace siete a–os), investiguŽ d—nde vend’an (al por mayor), donde los chinos. Es un medio de vidaÓ.
El viernes, al resolver un recurso de amparo, la Sala IV orden— a cuatro instituciones no solo mantener las medidas para evitar que los vendedores ambulantes de San JosŽ bloqueen el tr‡nsito, sino tambiŽn estudiar las causas del fen—meno y atender el problema social.
ÒSon problemas que tienen un fuerte arraigo en causas m‡s profundas. Una simple medida represiva no va a solucionar el problema de manera permanenteÓ, dijo el magistrado Paul Rueda. Segœn la Sala, intervienen factores como la falta de acceso a la educaci—n y al empleo formal, as’ como la desigualdad econ—mica.
La sentencia orden— a la Municipalidad de San JosŽ, al Ministerio de Seguridad, a la Direcci—n de Migraci—n y al Ministerio de Trabajo entregar, cada seis meses, un informe sobre las medidas tomadas.
ÒDesde peque–o trabajo en comercioÓ, dice a sus 62 a–os Daniel Brizuela, quien confecciona im‡genes de la Virgen de los çngeles y las vende a ¢1.000 y a ¢1.500.
Johnny Araya, alcalde de San JosŽ y candidato presidencial del PLN, dijo que desconoc’a el fallo completo de la Sala IV, pero le parece sobredimensionado: ÒQue una municipalidad deba velar por el sustento de los vendedores se sale completamente de su capacidad.
ÓPodr’a ser esta una situaci—n que m‡s bien estimule el comercio informal. Una persona que busca ayuda del Gobierno coge una batea y se va para avenida centralÓ, dijo Araya, quien estim— en 1.000 el nœmero de vendedores. A–adi— que el pa’s debe generar fuentes de empleo alternativo para ellos.
Con esta œltima visi—n coincidi— Mario Zamora, ministro de Seguridad: ÒA diferencia de otras resoluciones, donde solo hay respuesta de car‡cter policial, ahora se intenta dar un abordaje m‡s integralÓ.