Especialista
Roy Murillo redacta proyecto de ley
Juez plantea indultos
masivos para desahogar las c‡rceles
Medida se
aplicar’a a quienes les falta por cumplir el 10% de la condena
Experto asegura
que no hay voluntad pol’tica para impulsar soluciones a crisis
David Delgado C. david.delgado@nacion.com
12:00
a.m. 27/05/2013
Desahogar
las c‡rceles por medio de indultos masivos y egresos colectivos son parte de
las ideas del juez de ejecuci—n de la pena de San JosŽ Roy Murillo.
El
especialista en materia penitenciaria espera presentar este mes un proyecto ley
de ejecuci—n penal, que se discutir‡ en la Asamblea Legislativa.
En
el documento propone que en prisiones con hacinamiento cr’tico –por
encima del 20%–, cuando la Administraci—n no reduzca el exceso, el juez
ordene un egreso colectivo en forma objetiva para quienes estŽn pr—ximos a
cumplir su sanci—n.
Adem‡s,
establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo conceda indultos colectivos
por razones humanitarias, con estudios previos del Instituto Nacional de
Criminolog’a.
Las
c‡rceles sobrepasan el l’mite m‡ximo del 20%, ÀquŽ propone usted como juez?
Si
usted tiene una tina de agua llena y le echa m‡s agua, se desborda toda. Si
quiere meter m‡s agua, debe sacar el agua m‡s pr—xima a salir, sacar el agua
m‡s limpia que tenga o pasar agua a otro recipiente.
ÓLa
Administraci—n tiene la facultad de desinstitucionalizar,
pero este proceso debe ser mucho m‡s agresivo, con soluciones m‡s eficaces,
como los egresos o indultos colectivos. Esto no lo digo yo, la Relator’a sobre los Derechos de las Personas Privadas de
Libertad de las AmŽricas expone este tipo de soluciones, que no
son la medida id—nea, pero s’ de control inmediatoÓ.
ÀBajo
quŽ criterios saldr’an?
El
criterio debe ser la proximidad a cumplir la sanci—n, de forma proporcional
–el 10%–, porque si se aplica a todos los que les reste un a–o para
salir, entonces las penas de un a–o no se ejecutar’an. No son bonos de
impunidad, sino una soluci—n dentro de l’mites y reglas del modelo de EstadoÓ.
ÀC—mo
se asumir‡n esas ideas en las corrientes punitivas?
Hay
un discurso de maltrato y de devaluaci—n de los derechos de los privados de
libertad, como si eso fuera parte del castigo. Si no me solidarizo con el que
est‡ dentro, debo pensar que yo ma–ana puedo llegar ah’, incluso injustamente.
A m’ no me gustar’a tener que dormir en el suelo. El respeto a la dignidad
humana es un compromiso autoimpuesto en el Estado de derecho.
Realmente,
Àcree que haya ambiente para acoger su propuesta?
Hace
m‡s de tres a–os, en una reuni—n con las jerarqu’as judiciales y del Ministerio
de Justicia, hablŽ de este tipo de soluciones y yo creo que dif’cilmente vaya a
haber una voluntad pol’tica para acogerlas, menos en un a–o electoral.
Roy
Murillo est‡ convencido de que el panorama dentro de las prisiones es de
Òcalamidad, crisis y violaci—n sistem‡tica de derechos humanosÓ. Para Žl, el
poder de castigo del Estado se legitima en la medida en que se respeten esos
derechos.
Como
parte de esas violaciones, Murillo se–al— las deficiencias en la atenci—n
profesional y tŽcnica de la poblaci—n, acceso a la salud, alimentaci—n
adecuada, servicios mŽdicos externos, traslados a hospitales, atenci—n
psicol—gica y tŽcnica espec’fica.
ÀC—mo
equilibrar la fuerte inversi—n en materia represiva frente a las condiciones de
las c‡rceles?
Una
pol’tica integral y responsable no descuida el sistema penitenciario. La
seguridad ciudadana no es una f—rmula responsable cuando solo apuesta al
encierro. Nada gana la sociedad con encerrar si no se aseguran condiciones
m’nimas y una atenci—n tŽcnica y profesional de esa poblaci—n.
Las
c‡rceles tienen, en promedio, un tŽcnico por cada 220 reos, Àc—mo lograr
estudios tŽcnicos para egresos masivos con tan poco personal?
El
crecimiento de la poblaci—n penal en los œltimos 10 a–os casi se triplic—. Haga
usted un estudio de si se han incrementado las ofertas de profesionales en la
misma proporci—n. En algunos centros hay un psic—logo para 400 o 500 personas.
ÀSe
subutilizan los reg’menes de confianza por ese faltante de personal tŽcnico?
El
sistema se resiste a procesos de liberaci—n anticipada, que corresponden por
ley para facilitar la reinserci—n paulatina a la comunidad. Imag’nese una
persona que descuenta una pena de 10 o 20 a–os, cuando sale, si no se le dieron
estos espacios, ya perdi— la noci—n del dinero, no sabe el horario de los buses
ni d—nde est‡ la parada. Muchos prefieren quedarse dentro por temor.
ÓLa
no institucionalizaci—n significa que solo las personas que no tienen capacidad
para vivir en comunidad sean encerradas, por lo que se debe apostar por el
cumplimiento de penas en reg’menes abiertos, donde el sujeto asume una serie de
obligaciones. Apuesto que por cada 10 que lo solicitan, solo dos lo obtienenÓ.
ÀConsidera
injusto haber elevado las penas hasta 50 a–os?
Los
l’mites de penas en pa’ses desarrollados son de 15 a 21 a–os. Para cualquier
persona en un rŽgimen cerrado, despuŽs de 15 a–os, su deterioro f’sico y mental
es bastante acentuado. DŽjela 25 a–os, y esto es suficiente para neutralizar a
un ser humano. TŽngalo 50 a–os a ver c—mo sale...
ÀSer’a
cadena perpetua?
En
la Sala Constitucional hay un voto salvado de don Luis Paulino Mora (qdDg). Si al promedio de vida al que ingresa un adulto a
prisi—n (32 a–os), se le suman 50 a–os de pena m‡xima, casi llega al promedio
de la esperanza de vida (76 a–os), eso significa que es una cadena perpetua.