Modernizaci—n de la administraci—n judicial
En el caso del primer proyecto, se pretende asegurar la adecuada protecci—n legal de todos los imputados, a travŽs del mejoramiento de los servicios de la Defensa Pœblica
Viernes 24 de Mayo del 2013
El Programa. - El Programa Modernizaci—n de la Administraci—n de Justicia es un esfuerzo del Poder Judicial, que tiene como objetivo general ÒMejorar la administraci—n de justicia en Costa Rica a fin de hacerla m‡s accesible, equitativa, previsible y eficienteÓ y favorece al sector justicia nacional, mediante la inversi—n en equipo, software, infraestructura y contrataci—n de diversos servicios, siendo uno de ellos, el dise–o y desarrollo de software a la medida. Este Programa responde a dos contratos de prŽstamos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo que el segundo de ellos se est‡ ejecutando actualmente e incluye, entre otros, los proyectos para el Fortalecimiento de la Defensa Pœblica y el Fortalecimiento del Ministerio Pœblico. En el caso del primer proyecto, se pretende asegurar la adecuada protecci—n legal de todos los imputados, a travŽs del mejoramiento de los servicios de la Defensa Pœblica; para el segundo proyecto se pretende fortalecer la capacidad de la investigaci—n y persecuci—n de los delitos, para la adecuada implantaci—n del nuevo C—digo Procesal Penal (CPP). Para estos dos proyectos se establecieron diversos componentes, uno de ellos es el referido al Mejoramiento de la Gesti—n, lo cual motiv— la ÒContrataci—n de Servicios de Consultor’a para el Mejoramiento de las Modalidades de trabajo de los Despachos Judiciales, el Redise–o de Procesos de la Gesti—n de las Fiscal’as del Ministerio Pœblico, el Redise–o de Procesos de la labor del Defensor(a) de la Defensa Pœblica y el Desarrollo de Herramientas Inform‡ticas para el Ministerio Pœblico, Defensa Pœblica y su Articulaci—n con el Sistema Costarricense de Gesti—n de Despachos Judiciales (SCGDJ)Ó.
Contrato con la firma Indra
2Sistemas S.A. - Este contrato fue refrendado por la Contralor’a General de la Repœblica, y fijaba como precio la suma de $1.800.000,00 (un mill—n ochocientos mil d—lares), donde el plazo de ejecuci—n se estableci— en 24 meses. Al inicio del proyecto fue necesaria la conformaci—n de equipos contraparte (tŽcnica y funcional) y otras particularidades que permitieran girar la orden de inicio, lo que se genera en el mes de enero del a–o 2009.
Si bien es cierto, como fue se–alado, primero por la administraci—n y luego por la Contralor’a General de la Repœblica, el contrato de servicios, durante su ejecuci—n, present— una serie de inconvenientes que motivaron, entre otros, la suspensi—n de ejecuci—n de servicios y la suscripci—n de addendum, estableciŽndose finalmente, como fecha de recepci—n definitiva, el d’a 31 de enero del a–o 2013, sin que se variara la cl‡usula de precio, pero si se mejoraron otras condiciones contractuales, todas a favor del interŽs pœblico y del Poder Judicial.
A la fecha, el contrato de servicios se encuentra debidamente ejecutado y cancelado, todo segœn el criterio tŽcnico del equipo contraparte del Poder Judicial y, desde ya, se est‡n gestionando los recursos necesarios (humanos, tŽcnicos, comunicaci—n) para la implantaci—n y rŽplica a nivel nacional, previo planeamiento de tareas y orden de ejecuci—n. Esta œltima tarea ser‡ con recursos propios del Poder Judicial, y abarcar‡ todo el pa’s.
De los costos se–alados por la Contralor’a General de la Repœblica. - Conforme el informe emitido por el —rgano contralor, Nro. DFOE-PG-IF-02-2013, el contrato de servicios se mantiene en la suma adjudicada, esto es $1.800.000,00 (un mill—n ochocientos mil d—lares exactos) y esa es la suma que se le cancel— a la firma Indra Sistemas S.A., mediante pagos efectuados contra el recibo a satisfacci—n de los servicios que correspond’a a uno o m‡s productos, todo previa valoraci—n y recepci—n tŽcnica. De tal manera que, a la firma consultora no se le ha cancelado m‡s de lo contratado originalmente.
En lo que respecta a los c‡lculos
realizados por el —rgano contralor, que origina la cifra que alcanza la
sumatoria de salarios del equipo contraparte, debemos aclarar, que en los
montos se incluyen salarios de funcionarios y funcionarias que no estaban
exclusivamente dedicados a la ejecuci—n del proyecto, como lo fue el caso de
los gerentes de los componentes, y que en esas sumas, como se le expuso a la
Licenciada Martha Acosta Zœ–iga, contralora general de la Repœblica, involucra
los salarios de los funcionarios y las funcionarias que se encargar‡n de
capacitar al personal usuario/usuaria del sistema, as’ como a los
tŽcnicos/tŽcnicas del ‡rea de Tecnolog’a de Informaci—n, lo que permite una
mayor econom’a en el tiempo, y no solo es un cargo de costos al contrato, todo
con aporte local. De esta manera, el planteamiento original del Poder Judicial,
permite contar con el personal capacitado, en donde no habr‡ necesidad de
solicitar permisos, sustituciones o cursos de capacitaci—n, posterior a la
recepci—n del sistema, sino que los compa–eros y las compa–eras que
participaron en la ejecuci—n del contrato, como contraparte, ser‡n los mismos
que acompa–en la implantaci—n, esto permite evitarnos trastornos por
preparaci—n, curvas de aprendizaje, pruebas y otras tantas condiciones que
atentar’an contra un plan y ejecuci—n de implantaci—n como el requerido, todo
en pro de una econom’a a largo plazo, y con fondos propios del Poder Judicial.
Programa con problemas. - Es necesario aclarar que el Sistema Gesti—n del Caso,
conforme las condiciones del contrato y la gran cantidad de documentos y
productos derivados de la ejecuci—n contractual, fue recibido a satisfacci—n, y
las dificultades presentadas, no corresponden a la soluci—n inform‡tica
recibida, como puede interpretarse del t’tulo de nota period’stica que publica
el DIARIO EXTRA, el d’a de hoy, sino que se presentaron en las interpretaciones
de los requerimientos y de los productos que deb’an recibirse, donde la
rigurosidad del Poder Judicial permite contar con productos de calidad, y esto
se ver‡ reflejado en el uso y la ejecuci—n del sistema que agrupa la gesti—n
del Ministerio Pœblica y de la Defensa Pœblica y lo articula con el Sistema de
Gesti—n de Despachos Judiciales, todas herramientas en favor del interŽs y
servicio pœblico que brinda este poder de la Repœblica.
Conclusi—n. – El Poder Judicial, durante la ejecuci—n del Programa
Modernizaci—n de la Administraci—n de Justicia, y vigilante de los recursos
provenientes de la hacienda pœblica, no ha cancelado suma dem‡s a ninguna firma
o proveedor, nacional o extranjero, y las sumas se–aladas en el informe de la
Contralor’a General no corresponden en su totalidad al proyecto a cargo de la
firma Indra Sistemas S.A.
* Director a.i Programa Poder Judicial - BID