Aar—n Sequeira aaron.sequeira@nacion.com 12:00 a.m. 09/05/2013
Pese
a que la Sala IV tiene que resolver un promedio de 19.000 casos por a–o, los
diputados se niegan a crear, v’a reforma de ley, tribunales de amparo para
desahogar la labor de ese —rgano constitucional.
La
reforma a la Ley de la Jurisdicci—n Constitucional fue aprobada en la Comisi—n
Permanente de Asuntos Jur’dicos de la Asamblea Legislativa, el 30 de abril
pasado, con el voto de cuatro diputados a favor y tres en contra.
En
la propuesta, se acoge el criterio de la presidenta de la Sala Constitucional,
Ana Virginia Calzada, para dividir en dos secciones a ese alto tribunal.
La
magistrada acept— que cambi— el criterio, pues en un principio prefer’a la creaci—n
de tribunales provinciales de garant’a, que recibieran recursos de amparo y de
h‡beas corpus.
El
presidente de Asuntos Jur’dicos, el liberacionista Luis Gerardo Villanueva,
explic— que, para crear esos juzgados, se requiere una reforma constitucional.
ÒUna
reforma a la Constituci—n implicar’a dos legislaturasÓ, dijo el diputado
cartaginŽs.
A
favor de la reforma –que ha tenido tres a–os de discusi—n y fue
presentada por Luis Fishman–, votaron tres
diputados de Liberaci—n Nacional y el socialcristiano Rodolfo Sotomayor.
En
contra, se pronunciaron las diputadas del Partido Acci—n Ciudadana, Carmen
Mu–oz y Carmen Granados, adem‡s del frenteamplista JosŽ Mar’a Villalta.
Mu–oz
anunci— que los tres presentar‡n un informe afirmativo de minor’a, pues no
est‡n de acuerdo con limitar el acceso de la ciudadan’a a plantear recursos de
amparo ante la Sala Constitucional.
ÒNos
preocupan algunas normas que buscan limitar el derecho de los ciudadanos para
pelear derechos fundamentalesÓ, dijo el diputado JosŽ Mar’a Villalta, del
Frente Amplio.
Por
ejemplo, la reforma establece que, si los magistrados ordenan a la Caja dar un
medicamento o realizar una cirug’a, se haga un planteamiento para todos los
casos similares al del recurrente.
La
modificaci—n tambiŽn establece la suspensi—n de actos que est‡n en estudio por
un amparo o una acci—n de inconstitucionalidad solo como excepci—n, no como la
regla. Adem‡s, si se suspende un acto, los magistrados quedar’an obligados a
dictar resoluci—n del caso en un plazo de 30 d’as calendario.
La
propuesta del PLN incluye eliminar las consultas facultativas ante la Sala
Constitucional.
Rodolfo
Sotomayor, de la Unidad Social Cristiana, no avala ese criterio, pero s’ el de
aumentar las firmas requeridas, de 10 a 15.Villanueva, quien preside el foro,
coment— que el procedimiento incluido en la propuesta establece el
empoderamiento de la comisi—n de constitucionalidad con potestades de
control.ÒEsa comisi—n establecer’a cu‡ndo es necesario o no llevar un proyecto
de ley a la Sala ConstitucionalÓ, dijo el cartaginŽs.Si
el criterio de ese foro es avalado por el plenario de la Asamblea, la ley sea
aprueba tal cual.De lo contrario, se permite que un
m’nimo de 15 diputados lleven la consulta a la Sala IV.La
reforma pasar‡, ahora, a estudio del plenario, para su discusi—n y votaci—n.