Drogas y
delincuencia juvenil
El tratamiento de adicciones deber’a ser una pol’tica de
salud pœblica en el pa’s
Rodolfo Chaves Cordero Defensor pœblico 12:00 a.m. 19/03/2013
En no pocas ocasiones, al desarrollar
mi labor como defensor pœblico penal juvenil, me encuentro con j—venes
involucrados en la comisi—n de delitos como consecuencia directa de su consumo
de drogas. Estos, junto a sus familiares, reconocen la necesidad de recibir
tratamiento intern‡ndose en un centro de desintoxicaci—n. Sin embargo, la falta
de espacio en los centros privados es la nota dominante. Por su parte, el
Estado est‡ muy lejos de satisfacer la demanda, el tr‡mite de ingreso se vuelve
una paradoja que no es entendida por el joven interesado y mucho menos por su
familia.
En el pa’s se cuenta con dos opciones
estatales para el internamiento y tratamiento de los menores de edad: el
Hospital Psiqui‡trico con el programa Nuevos Horizontes y el programa
residencial del IAFA. Resulta que en el programa del Psiqui‡trico se requiere un
estado de ingesta de drogas tal, que casi estemos frente a un cuadro de
intoxicaci—n. Por su parte, el programa de residencia del IAFA requiere que el
joven no haya ingerido recientemente; as’, se cierra la puerta a quienes no
estŽn intoxicados, pero s’ tengan un consumo activo de drogas, quedando dos
opciones: una es, por loca que parezca, intoxicarse para lograr el ingreso, o
abstenerse de usarlas por un m’nimo de 8 d’as, hecho que resulta casi imposible
pues por eso es que piden la ayuda, porque no tienen una contenci—n propia para
evitar el uso de los psicotr—picos.
Al final, no hubo posibilidad de
ingreso y a los d’as vuelven estos j—venes a entrar a las oficinas judiciales,
muchas veces con delitos m‡s graves y, lo peor, con la sensaci—n real de que
han sido excluidos de toda opci—n de terapia.
Lo anterior es importante porque la
estad’stica se–ala que cerca del 80% de los delitos contra la propiedad son
cometidos por j—venes que utilizan drogas. Dicho porcentaje aumenta casi al
cien por ciento en los casos en que media violencia. Si esto lo extrapolamos a
nivel nacional tendr’amos que si en el 2011 se registraron 4.290 denuncias de
delitos contra la propiedad, de las cuales 2.613 fueron por delitos cometidos
utilizando violencia, quiere decir que en este rubro de delitos podr’amos tener
a m‡s de dos mil quinientos j—venes delinquiendo con el œnico af‡n de conseguir
el dinero para satisfacer su adicci—n.
Solo esta circunstancia justificar’a
que desde la promulgaci—n de la Ley de Justicia Penal Juvenil en el a–o 96 se
hubiera creado el centro para la atenci—n de los menores con problemas de
adicci—n tal y como lo ordena el transitorio II de dicha ley. Sin embargo,
debieron transcurrir mas de diez a–os y una orden de la Sala Constitucional
para que entrara en funcionamiento algo muy distante a lo que el legislador
impuls—. Pensar’amos que el tratamiento de adicciones deber’a ser una pol’tica
de suma trascendencia en materia de salud en nuestro pa’s, no obstante, en el
informe de la Contralor’a General de la Repœblica sobre este tema en el a–o
2010 encontr— ser’as deficiencias en el trabajo de las instituciones
responsables de esta materia, hecho que daba al traste con un abordaje serio
del problema.
Establecido desde hace muchos a–os que
la drogadicci—n es una enfermedad y que su presencia en el grupo etario de
menores de 18 a–os, va cada vez en aumento y que es el detonante de la comisi—n
de un gran porcentaje de los delitos que d’a a d’a aquejan a la sociedad, este
centro debi— revestir una m‡xima prioridad para los diferentes Gobiernos.
Sin embargo, escud‡ndose en la falta de
recursos, les volvemos a dar la espalda y solo se receta el internamiento
carcelario sin resultado positivo alguno. La mejor herramienta para enfrentar
la delincuencia es una buena pol’tica social; si esta falla, no esperemos un
cambio positivo en la seguridad del pa’s.