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¥ Gilberth G—mez, juez, present—
proyecto de ley
ESTADO DEBE BUSCAR EMPLEO A
DEUDORES DE PENSIîN
MARCO LEANDRO
mleandro@diarioextra.com
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Gilberth G—mez, juez de Pensiones
Alimentarias.
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Gilberth G—mez, juez de Pensiones
Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San JosŽ, en Goicoechea, pretende
que el Ministerio de Trabajo les buque empleo a los 200 deudores de pensi—n que
guardan prisi—n en La Reforma.
El funcionario judicial explic— que el
proyecto para la promoci—n del empleo para personas deudoras de pensiones
alimentarias est‡ a un paso de ser aprobado por la Asamblea Legislativa porque
la Comisi—n de Asuntos Sociales lo analiz—, mientras que ministerios e
instituciones no presentaron oposici—n.
Explic— que tal como lo public— DIARIO
EXTRA la semana pasada, Costa Rica necesita 90 mil personas para recoger las
cosechas de mel—n, cafŽ, palma y pi–a, por lo que el Ministerio de Trabajo
autoriza que se traiga extranjeros con contratos laborales donde la empresa se
compromete a darles alojamiento y comida.
Coment— que su proyecto es parte
integral de ese trabajo porque los 200 mil deudores de pensiones alimentarias
podr’an ser parte de esa mano de obra que se necesita.
Explic— que muchos de los est‡n en la
c‡rcel por no pagar pensi—n es porque no tienen trabajo estable y se atrasan,
cuando se les cumplen los 6 meses y salen vuelven a meterlos porque se les
acumula una nueva orden de captura.
Por eso su proyecto consiste en que el
Ministerio de Trabajo entreviste a los interesados y les consiga empleo con
patronos que se comprometan a deducirles en tractos la deuda de pensi—n, que es
trasladada directamente al juzgado correspondiente.
Para ello se habr’a solicitado por
escrito al juez que se le dŽ una oportunidad de un mes a ver si es apto para
recibir ese privilegio. Si funciona, se le ampl’a por los meses necesarios
hasta que se ponga al d’a con la deuda, y si desaprovecha la oportunidad, se le
revoca.
El empresario estar’a obligado no solo
a darle el empleo, pag‡ndoles el salario m’nimo, sino tambiŽn a informar si
trabaja todos los d’as, una ausencia injustificada ser’a suficiente motivo para
revocar el privilegio.
ÒEl gobierno se ahorrar’a ¢87 millones
al a–o en la manutenci—n de estos privados de libertadÓ, explic— G—mez.
Mientras este proyecto se aprueba, el
funcionario dijo que el gobierno tiene un proyecto con el IMAS para ayudarles a
pagar la deuda, mientras se les consolida en el empleo tambiŽn conseguido por
el Ministerio de Trabajo en las cosechas, donde se necesita mano de obra.