OPINIîN
EDITORIAL
Incoherencia pol’tica
Nuestra
Constituci—n, como muchas otras en el mundo democr‡tico, se pronuncia por la
estabilidad e independencia de la judicatura
Tan altos
principios son defendidos, de cuando en cuando, por uno u otro partido segœn
convenga a sus intereses, sin verdadero compromiso con la institucionalidad
12:00 a.m. 21/11/2012
El
14 de setiembre del 2010, Ernesto Jinesta Lobo
celebr— su reelecci—n a la Sala Constitucional. Tuvo 30 votos a favor y 20 en
contra. Estos œltimos salieron de las bancadas del Partido Acci—n Ciudadana
(PAC), el Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusi—n. Ninguno de ellos se
reserv— los motivos del rechazo. Recriminaron expl’citamente el contenido de
los fallos suscritos por el magistrado.
Segœn
Manrique Oviedo, diputado del PAC, su fracci—n no hab’a olvidado la sentencia a
favor de la reelecci—n presidencial. A otros les disgustaron las opiniones de Jinesta en el fallo sobre el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, CentroamŽrica y Repœblica Dominicana, y no faltaron quienes le
cobraron el voto en el caso de la miner’a en Crucitas.
Pasados
dos a–os, los mismos diputados se rasgan las vestiduras por la no reelecci—n
del magistrado Fernando Cruz. Se muestran indignados por la ofensa a la
independencia del Poder Judicial y parecen dispuestos a sostener que la
reelecci—n no puede depender del contenido de los sentencias, sino œnicamente
de la probidad y diligencia en el ejercicio del cargo.
Las
razones esgrimidas por Liberaci—n Nacional para rehusar reelegir al magistrado
Cruz son idŽnticas a las empleadas hace dos a–os contra Jinesta
por las fracciones que hoy se declaran ofendidas. El PLN no las expres— con el
mismo candor, pero el jefe de fracci—n, Fabio Molina, descarta motivos de
probidad y diligencia. Declara, por otra parte, la intenci—n de enviar un
ÒmensajeÓ a la Corte Suprema de Justicia y la necesidad de renovar la Sala IV.
Los
votos de Cruz en los casos de Crucitas y el TLC, entre otros, no complacen a
los liberacionistas. Lleg— al PLN el turno de imitar actuaciones pasadas de las
bancadas opositoras, con la sola diferencia de que logr— reunir los 38 votos
necesarios. Al PAC y a sus aliados ahora les toca reaccionar con indignaci—n e
invocar la santidad de los principios institucionales.
El
juego no es nuevo. El 26 de febrero del 2009, un titular de este diario rezaba:
ÒDiputados del PAC niegan apoyo a magistrada por fallos de Sala IVÓ. Ana
Virginia Calzada se mantuvo en el cargo, pese a los votos emitidos en su contra
para castigar sus opiniones sobre la reelecci—n presidencial y el TLC. Alberto Salom y su compa–era en la bancada del PAC, Leda Zamora,
fueron expl’citos al describir los motivos del rechazo.
Hoy,
cuando los liberacionistas argumentan la necesidad de renovar la Sala IV para
justificar la no reelecci—n del magistrado Cruz, parecen haberse inspirado en
el libreto escrito por el PAC en el 2009. ÒNosotros no estamos de acuerdo con
esta reelecci—n. Estamos por la renovaci—n de la Sala, debe ser remozadaÓ, dijo
Salom. Zamora pidi— ponerle fin a las magistraturas
ÒvitaliciasÓ y propuso rebajar de ocho a seis a–os el plazo de los
nombramientos, adem‡s de limitar la reelecci—n a un solo periodo.
La
estabilidad e independencia de los jueces no parec’a en ese momento tan
importante salvo, desde luego, para los liberacionistas, a quienes les tocaba
desempe–ar el papel de defensores de esos caros principios. Francisco Antonio
Pacheco, presidente de la Asamblea Legislativa, expres— la tesis de su partido:
A diferencia de la alternabilidad necesaria en los Poderes Ejecutivo y Legislativo,
el Poder Judicial necesita estabilidad, explic—. Con un dejo de iron’a,
agradeci— a los diputados del PAC Òsu franquezaÓ al confesar las razones
ideol—gicas y pol’ticas del rechazo a la magistrada.
El
26 de setiembre del 2005, 32 legisladores se opusieron a la reelecci—n del
magistrado Luis Fernando Solano, y otros 18, a la del presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora. Legisladores del PAC, entre otros
partidos de oposici—n, confirmaron el deseo de pasarle a Solano la factura por
su voto a favor de la reelecci—n presidencial.
En
ese caso Mora vot— en contra, pero le cobraron otros fallos y la destituci—n de
Olga Nidia Fallas, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, as’ como el
nombramiento, en su lugar, de Eugenia Zamora, quien, segœn el diputado Rodrigo
Alberto Carazo, del PAC, fue colaboradora cercana del expresidente
îscar Arias, entonces aspirante a la reelecci—n.
Nuestra
Constituci—n Pol’tica, como muchas otras en el mundo democr‡tico, se pronuncia
por la estabilidad e independencia de la judicatura. PrevŽ la posibilidad de no
reelegir a los magistrados, pero esa facultad no puede ser ejercida como voto
de censura al contenido de sus fallos sin menoscabar la independencia del Poder
Judicial. La no reelecci—n debe fundarse en motivos de probidad y eficiencia.
L‡stima
que principios tan fundamentales del Estado democr‡tico sean defendidos, de
cuando en cuando, por uno u otro partido segœn convenga a sus intereses, sin
compromiso alguno con la institucionalidad o, siquiera, la coherencia.