/ NACIONALES
¥ Por ejercicio abusivo del poder
pœblico
CINCO AMPAROS BUSCAN RESTITUIR A
MAGISTRADO
Ana V. Amen‡bar C.
aamenabar@diarioextra.com
Foto: Mauricio Aguilar
La oficina de la Sala Cuarta en la
Corte Suprema de Justicia fue visitada por un grupo de juristas que
interpusieron recursos de amparo contra la decisi—n de los diputados de sacarle
tarjeta roja al magistrado Fernando Cruz.
El primero de ellos fue presentado
cerca de las 3 p.m. por la doctora en derecho Angie Arce Acu–a. Ella lo hizo en
contra de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en la persona del Presidente
del Congreso o en su caso contra el director del Directorio de dicho —rgano
legislativo y contra todos y cada uno de los diputados, segœn haya sido su
responsabilidad en la salida de Cruz.
La jurista insiste en que los
legisladores violentaron varios art’culos de la Constituci—n Pol’tica y los
principios constitucionales de razonabilidad, racionalidad, dignidad humana,
igualdad, libertad y justicia, en perjuicio del derecho a la supremac’a
constitucional y al principio de separaci—n de poderes.
Segœn coment— Arce, fue el magistrado
Ernesto Jinesta quien recibi— el recurso y estudiar‡ su admisibilidad.
EXTEMPORçNEO
Al final de la tarde, la abogada
Alejandra Cruz tambiŽn present— un recurso de amparo, esta vez alegando que la
votaci—n para la no reelecci—n del magistrado se llev— a cabo de manera
extempor‡nea.
Esto se fundamenta en el hecho de que
el jurista fue nombrado en el cargo el 14 de octubre de 2004, de manera que los
diputados ten’an tiempo hasta el 14 de noviembre de este a–o para tomar una
decisi—n, de lo contrario debi— aplicarse el silencio positivo.
ÀQUIƒN RESUELVE?
La normativa costarricense estipula
que los magistrados no pueden ser juez y parte en los juicios, de manera que es
de esperar que todos los propietarios se inhiban de conocer las acciones en
contra del Congreso, pues podr’an resolver a favor o en contra de un
excompa–ero de trabajo.
Arce asegura que lo m‡s probable es
que sean œnicamente magistrados suplentes quienes decidan conocer y analizar si
se violaron derechos constitucionales que se encuentran ligados a una divisi—n
de poderes. Incluso, tomando en cuenta que hasta su futuro dentro de la carrera
judicial pueda depender de su voto.