Opini—n
16
de noviembre de 2012
La repœblica est‡ en peligro. La
Asamblea Legislativa ha dado un zarpazo contra la Corte Suprema de Justicia.
Todo ciudadano consciente est‡ en el deber de manifestarse en contra de la
irreflexiva destituci—n de un magistrado ejemplar. Si en la pr—xima sesi—n
plenaria los diputados no enmiendan su equivocaci—n, podr’a brotar la ira
c’vica como en 1889, en 1919 o en 1948.
Los diputados son simples
depositarios tempor‡neos de la representaci—n pol’tica que nosotros les
encomendamos como pueblo soberano. No pueden arrogarse facultades por encima
del rŽgimen legal vigente. La acci—n para exigirles la responsabilidad penal
por sus actos es pœblica, ya sea porque legislen en beneficio propio o porque
se extralimiten en sus potestades.
En Costa Rica no es posible
sustituir, por medios inconstitucionales, a los magistrados. La Corte Plena y
la Comisi—n de Nombramientos avalaron por unanimidad la reelecci—n del Dr.
Fernando Cruz Castro. Vencido el plazo reglamentario, su reelecci—n fue
autom‡tica. Si quer’an destituirlo, debieron seguir los procedimientos
establecidos. Quienes fueron elegidos democr‡ticamente, est‡n forzados a
ejercer sus responsabilidades por v’as democr‡ticas. La arbitrariedad est‡
re–ida con el Estado de derecho.
Como œltimo diputado titular
sobreviviente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, tambiŽn como ex
Presidente de la Asamblea Legislativa y ex Presidente de la Repœblica, estoy en
la obligaci—n de alzar mi voz ante el grave error cometido, la agresi—n a un
magistrado ’ntegro, el rompimiento del equilibrio entre los poderes del Estado
y los riesgos impredecibles para la convivencia pac’fica. ÁAy de la repœblica
que atropelle la independencia de los jueces!
Entristece comprobar el desprestigio
en que ha ca’do el otrora Primer Poder de la Repœblica. Cuando desfallece la fe
en la democracia, los diputados deben hacer todo lo posible por atender las
leg’timas demandas de los ciudadanos. Pero si persisten en la transgresi—n de
la voluntad popular, abonan la desconfianza, la desesperanza y el desconcierto.
La patria lleg— a un punto cr’tico.
La ciudadan’a est‡ indignada porque los frutos del crecimiento econ—mico se
distribuyen con inequidad creciente. M‡s de un mill—n de costarricenses se
levantan con el sol y se acuestan con el hambre. En esta coyuntura decisiva,
hay que procurar la concordia y no ahondar la divisi—n. La indeliberada
destituci—n de un magistrado agrava el suplicio que padece la inmensa mayor’a
de los hijos de esta tierra.
Que las se–oras y los se–ores
diputados oigan la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Que el pueblo se
exprese con claridad y con fuerza. Que el parlamento enmiende su fallo en la
pr—xima sesi—n plenaria. Y que la Providencia nos ilumine para volver al camino
costarricense de justicia social para todos.