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EL PAêS

 

VIERNES 17 DE AGOSTO DEL 2012

 

Anulado tope de 78 semanas en licencias por enfermedad

Sala IV elimina plazo m‡ximo para las incapacidades

Norma no proteg’a al trabajador que requer’a m‡s tiempo para recuperarse

CCSS evaluar‡ a empleados con m‡s de un a–o de permiso por si hay invalidez

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Luis Edo. D’az luisdiaz@nacion.com 12:00 a.m. 17/08/2012

A partir de ahora, un trabajador enfermo podr‡ recibir una incapacidad por todo el tiempo que requiera para recuperarse.

Un reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fijaba un tope m‡ximo de a–o y medio (78 semanas) para las licencias por enfermedad.

Sin embargo, un reciente fallo de la Sala IV elimin— una frase del art’culo 34 del Reglamento del Seguro de Salud y permiti— extender dicho beneficio por el plazo que se considere necesario.

Anteriormente, si un empleado superaba el a–o y medio incapacitado, la CCSS no le extend’a m‡s la licencia y entonces el trabajador deb’a reintegrarse a su puesto o, de lo contrario, corr’a el riesgo de ser despedido.

De acuerdo con la Caja, esa situaci—n se corrigi— en el 2007 en el Reglamento de Incapacidades, luego de que la Sala IV emitiera un fallo similar al de ahora.

No obstante, la entidad no modific— aquel a–o el Reglamento del Seguro de Salud que tambiŽn conten’a el tope que ahora fue eliminado por los magistrados.

M‡s control. Rodrigo Bartels, coordinador de la Comisi—n Central Evaluadora de Incapacidades de la Caja, afirm— ayer que desde hace cinco a–os ningœn patrono puede prescindir de un trabajador que ha estado m‡s de a–o y medio incapacitado, bajo el alegato de que ya no tiene opci—n a extender su licencia.

A ra’z del rompimiento del tope en las licencias, desde el nuevo Reglamento de Incapacidades (mayo del 2011), la Caja cambi— los requisitos para el otorgamiento de Òlicencias prolongadasÓ.

Por ejemplo, despuŽs de un a–o se investiga cada caso para certificar que el trabajador realmente est‡ enfermo.

En otros m‡s extremos, la entidad analiza varios escenarios: si esa persona m‡s bien sufre una discapacidad y requiere una pensi—n por invalidez, o si se est‡ fingiendo un padecimiento.

Dicha medida la aplica con m‡s frecuencia desde abril de este a–o, cuando la misma Sala Constitucional dio el aval para que la instituci—n evaluara a un paciente al que se le demostr— que no estaba enfermo.

De hecho, en la actualidad se encuentran bajo evaluaci—n un total de 1.440 incapacidades que llegan hasta los seis a–os de prolongaci—n; muchas de ellas de funcionarios el Ministerio de Educaci—n Pœblica, explic— Bartels.

Adem‡s, los mŽdicos ya no pueden incapacitar por largos periodos. Un ejemplo de ello es que los galenos de centros privados solo pueden extender boletas de tres d’as m‡ximo; antes del nuevo reglamento se les permit’a conceder hasta 30 d’as.

Gasto y confusi—n. Marco Durante, especialista en derecho laboral, se–al— que el nuevo fallo de la Sala IV cierra un tema sobre el cual Òhab’a confusi—nÓ, por la existencia de dos reglamentos contradictorios.

Apunt— que el mayor beneficiado del cambio es el trabajador pues, al igual que Bartels, considera que los empleados estaban ÒdesprotegidosÓ por la vieja normativa.

Pero no todo fue bueno para la Caja, ya que cuando se rompi— el tope para licencias, se dispar— el pago de ese subsidio.

Entre 2001 y 2006, la instituci—n desembols— ¢11.000 millones. Para el 2007, el desembolso pas— a ¢19.000 millones. Tres a–os despuŽs (2010), previo al nuevo reglamento, la entidad gast— ¢39.000 millones. Ahora, la tendencia es a la baja.

Bartels reconoci— que con la eliminaci—n del tope, la Caja se desentendi— de la emisi—n de incapacidades y eso provoc— abusos, por lo que el nuevo reglamento revierte eso.