| REFLEXIONES EN TORNO AL XL ANIVERSARIO DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
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En esta época destacan los estadistas, los precursores de este modelo que aún hoy rinde sus frutos y que hemos disfrutado y defendido con denotado ahínco. La visión de futuro y el compromiso democrático propio de los responsables del quehacer político y judicial de entonces, permitió que en nuestro país se respirara un fuerte anhelo por el desarrollo, por el crecimiento, y también, por el respeto a la libertad y los demás derechos civiles, políticos y sociales; en fin, por cumplir con esmero lo que hoy identificamos con los contenidos de la democracia y los derechos humanos. En este proceso de consolidación de nuestro modelo de Estado, destacan vivos recuerdos relacionados con las discusiones y decisiones políticas de alto nivel sobre la estructura institucional del país, pero también, a partir de las voluntades y caracteres propios de sus promoventes, cómo propiciar que esa estructura fuera cercana a la población y realmente sirviera en ese momento y a futuro, para cumplir con las necesidades y el progreso de los derechos de los administrados. Quiero centrarme hoy en unas breves reflexiones sobre la valoración y el impacto en nuestra sociedad del valor justicia, y cómo fue traducido en nuestra vida cotidiana. Conocí personalmente la situación de la infraestructura del Poder Judicial en los años previos al inicio de la construcción de este edificio en que nos encontramos. En palabras de hoy, diríamos que la situación era bastante complejo. Aquí en la capital, oficinas dispersas por toda la ciudad, en condiciones alejadas del básico decoro, con un limitadísimo mantenimiento, donde lo destacable, ciertamente, era el espíritu de compromiso y la mística de sus servidores, detalles estos que hacían quizá más llevadero el peregrinar de los usuarios judiciales, que con dificultades de traslado por los diferentes puntos de la ciudad, interponían demandas, llevaban mandamientos, presentaban testigos y revisaban expedientes. Fuera de San José la situación no era diferente; por el contrario, las necesidades eran mayores. La lejanía de los despachos entre sí y respecto de la capital, las pocas opciones de comunicación que existían en aquella época, y las condiciones de acceso y habitabilidad en climas adversos, tenían un impacto certero tanto en la administración de la justicia, como en la concepción que los habitantes podían tener de sus propios derechos. Es aquí donde destacan aquellas decisiones de los estadistas con visión de futuro. En la actualidad, podemos válidamente llamar estadistas a quienes se preocuparon por traducir y concretar los compromisos que imponen la vida en democracia y los derechos humanos. Y en este tema que hoy nos reúne, quiero destacar dos aspectos que me parecen vitales. Primero, aquella decisión del constituyente que, reconociendo la importancia que para la democracia significa un Poder Judicial independiente interna y externamente, y valorando la trascendencia que para la consolidación democrática reviste la justicia como valor y como sector, dotó a este Poder de la República con un contenido presupuestario concreto consagrado a nivel constitucional. Esta decisión definitivamente dio un espaldarazo certero en esa dirección de apoyar y concretar la independencia judicial externa, dando seguridad al Poder Judicial sobre sus ingresos anuales y permitiendo una mejor planificación y atención de las necesidades. Es aquí donde surge ese segundo aspecto. La visión y compromiso de los jerarcas judiciales de la época, que entendiendo las necesidades de entonces y haciendo buen uso de las previsiones presupuestarias reconocidas en la Constitución, supieron anticiparse y sentar las bases para un desarrollo judicial progresivo, tanto en lo sustancial como en lo estructural. Siendo niña, me parece recordar conversaciones de mi padre con personalidades como don Eugenio Gordienko, don Ulises Valverde, don Miguel Fernández, el Ingeniero Vargas y el equipo de Consultécnica, entre otros, sobre la necesidad de tener un mejor lugar donde recibir y atender a los usuarios y donde realizar las diligencias judiciales, y cómo esas mejores condiciones ayudarían en la tramitación y en la resolución de los asuntos. Fueron muchas las ocasiones cuando regresando de la escuela primaria, y haciendo lo que hoy llamaría una "escala técnica" en la oficina de Papá, seguía con atención esas conversaciones, las cuales, al haberlas vivido personalmente durante mi experiencia como funcionaria judicial, hoy entiendo bien cuán difícil podía ser en la mayoría de los casos, tramitar aquellos expedientes, atender público y celebrar audiencias en las condiciones de los edificios de entonces. Para solventar el problema, se creó lo que se llamó –y se llama aún hoy- una Comisión de Construcciones, cuyo cometido inicialmente era abordar aquella situación caótica que hemos descrito. La Comisión siguió este mandato e identificó la solución posible a los problemas presentes y medianamente futuros. Crear un nuevo edificio en la capital, donde pudieran agruparse todos aquellos juzgados dispersos fue lo principal, proceso que se acompañó con la compra de terrenos en diferentes puntos para prever futuras construcciones. El contenido presupuestario reconocido por el constituyente permitió tomar la decisión, y, finalmente, llevar esa iniciativa primero a los alrededores de la antigua sede de la Universidad, en el otrora conocido «potrero de los Gallegos», que cincuenta años atrás era parte de los suburbios de la ciudad. El cambio y el proyecto de construcción aprobado fue muy discutido; hubo voces contrarias que se oponían a lo que llamaban un «lujo inmerecido». Hoy, casi cinco décadas después, nos preguntamos ¿qué habría sido del Poder Judicial sin el empeño, la decisión y el valor para construir este edificio a pesar de las críticas? Más que una estructura, la decisión de construir y construir con sentido, significó una apuesta de futuro, un compromiso con la justicia, y una responsabilidad para con los usuarios del sistema. Anticipándose al menos tres décadas a los proyectos que luego serían financiados por agencias internacionales en otras latitudes de nuestra América, y en nuestro caso con recursos propios en aquella época, el Poder Judicial costarricense fue capaz de pensar, diseñar e implementar proyectos de infraestructura que al mismo tiempo de brindar condiciones dignas, acercara la justicia a los usuarios, precisamente porque también recuerdo que una preocupación constante era el acercamiento a y con la población. En otras palabras, cómo desde la institucionalidad se podía trabajar en el acceso a la justicia, identificando que las adecuadas condiciones de infraestructura, inciden en la percepción y utilización que del sistema de justicia hagan los usuarios. El cambio fue contundente. No solamente se solucionó el problema existente en la ciudad, sino que se dio inicio a una dinámica que lejos de detenerse, ha sido creciente y constante. Con la inauguración de este edificio, vino pocos años después el edificio de Tribunales aquí a dos cuadras, las sedes regionales de los Tribunales de Justicia de Puntarenas, Limón, Liberia, Alajuela, Heredia y Cartago, y el edificio de la Plaza de la Plaza de la Justicia. En la última década de los años noventa, un nuevo impulso motivado por el concepto de los circuitos judiciales, que, entre otras cosas, cual remembranza de necesidades anteriores pretendía suplir nuevamente la situación de dispersión de los despachos en el resto del país, dio lugar a la construcción del edificio de Goicoechea, y de proyectos tan necesarios como imponentes como los edificios de San Ramón, San Carlos, Pérez Zeledón, Corredores, y más recientemente Golfito, Nicoya, Pococí y Turrialba. El compromiso con el acceso a la justicia y la visión de futuro nunca se ha perdido. Hemos gozado de aquel espíritu emprendedor de nuestros antecesores, que pensando en la justicia y en el bienestar de la población, supieron diseñar un plan de desarrollo edilicio armónico con las necesidades presentes, futuras, y hoy diríamos también, ambientalmente responsable. En los procesos que pretenden resultados que pueden catalogarse como vitales –por no decir monumentales-, como lo fue hace cuarenta años este edificio, debemos siempre prestar atención a las motivaciones de sus precursores. Sus enseñanzas, sus experiencias son vitales. Veamos en este edificio, y en los proyectos concretados, el esfuerzo y las ideas de todos aquellos a quienes siendo niña escuché, luego respeté y hoy admiro; aprendamos y rescatemos su perenne preocupación por desempeñar su función con esmero, dedicación, excelencia; con entendimiento de las necesidades y cercanía con los usuarios. En definitiva, por lograr desde todos los ámbitos, una justicia cada vez mejor. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
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