| ESTUDIO ACTUARIAL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL |
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Este Fondo creado en el año 1939 es el único que queda de los que se crearon en aquella época con un patrimonio a hoy de más de 312 mil millones de colones. A lo largo de los años de existencia ha sido administrado con sentido de responsabilidad y en resguardo de los intereses de sus afiliados y el presente no es la excepción. Como todo fondo de pensiones debe ser sometido a estudios actuariales periódicamente y los resultados del último realizado, fueron presentados a las Magistradas, Magistrados, Integrantes del Consejo Superior, personal administrativo y representantes de más de quince asociaciones y sindicatos de servidores judiciales, el pasado 30 de julio en actividad abierta y sin secretismo, por parte de la firma contratada al efecto. Esos resultados fueron recibidos en su versión definitiva a mediados del mes de julio y se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección Ejecutiva. Con lo anterior se demuestra que no hay secretismo alguno en relación con el tema. El estudio reafirma los que en cuatro estudios anteriores, en él se concluyó, que presenta un déficit actuarial con la única diferencia que el año crítico -año en que los egresos superan los ingresos y se debe recurrir al patrimonio- varía según la fecha en que se realizó el estudio, pero no que se encuentre en estado de "colapso",. Las recomendaciones de esos estudios por circunstancias que deben explicar las asociaciones y sindicatos de servidores judiciales no se aplicaron. En esta oportunidad, se nos recomienda que si se quiere mantener la salud actuarial del Fondo más allá del año 2027, es necesario tomar medidas tanto en la contribución cuanto en la forma de calcular los beneficios a otorgar a sus afiliados, sin modificar los 30 años de servicio obligatorios para acceder a la jubilación. Resulta falaz afirmar sin sustentarlo que los servidores que decidan jubilarse recibirán tan sólo un 45% de su salario como tal. En cualquier régimen de pensiones, si el afiliado decide optar por su pensión y no cuenta con los requisitos establecidos para la jubilación o pensión completa, se le "castiga" el monto a recibir, todo en aras se resguardar la sostenibilidad del fondo. Ni malos manejos ni mala administración del Fondo son la causa del resultado del estudio actuarial, por cuanto todos los estudios actuariales realizados muestran un déficit actuarial que debió ser atendido en su oportunidad. La Administración del Fondo está sometida a la Auditoría Interna, a la respectiva firma de auditores externos y a las instancias externas al Poder Judicial que tienen relación con la materia, por lo que desde ya en mi condición de Director Ejecutivo, insto a cualquier servidor o servidora que estime que existen irregularidades en la administración del Fondo, a presentar la respectiva denuncia ante el Ministerio Público. El patrimonio de más de 312 mil millones está en los bancos del Estado y resulta temerario afirmar que el dinero se le ha prestado a la Corte para construir "lujosísimos edificios" a intereses bajísimos, por cuanto ello no es verdad y es fácilmente demostrable. Se contradice el periodista al reclamar que el fondo está en problemas por las "jubilaciones millonarias" al conceder la jubilación a servidores que por pocos meses ocupan puestos de mayor jerarquía y luego se jubilan, cuando igualmente cita como un perjuicio para los trabajadores, que nos calculen la jubilación sobre la base de 180 salarios y no el promedio de los últimos 24. Precisamente este es el correctivo para evitar ese tipo de jubilaciones. El préstamo que se informa se concedió al Sindicato de Empleados Judiciales (ANEJUD), si tiene garantías suficientes y su concesión tiene su fundamento en el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder judicial. Su objetivo, que se prestará a los servidores y servidoras judiciales, sin distinción de que estuvieran afiliados a ese sindicato. No es insólito que en el Poder Judicial se pretenda formar un segundo sindicato de empleados, en este caso de jueces y juezas, según justificó el Lic. Arnoldo Álvarez Desanti al solicitar el envío de un correo masivo, autorización que concedió la Dirección Ejecutiva hace dos semanas, al estimar que en el Poder Judicial se respetan las ideas y la organización sindical de los servidores y servidoras judiciales. Las servidoras y servidores judiciales deben tener plena seguridad, que el Fondo está siendo administrado correctamente – así lo demuestran los estudios de auditoria interna y externa-, y continuáramos por esa senda recomendando que se tomen las decisiones históricas que correspondan para salvaguardar su salud financiera y actuarial. En otro orden de ideas aclaro que el periodista solicitó la entrevista con mi persona o con el señor Presidente de la Corte, Dr. Luis Paulino Mora Mora al finalizar la tarde del día miércoles 1 de agosto, no siendo posible atenderlos por estar ocupados en otros asuntos propios del cargo. No obstante, remití explicación sobre la contratación del estudio actuarial, la cual no fue consignada en la información publicada en las ediciones del 2 y 3 de agosto. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
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