Opini—n
Domingo 20 de mayo de 2012
El malestar con la justicia
La mayor’a de nuestros
indicadores judiciales y en confianza son de clase mundial
Dr. Luis Paulino Mora Presidente Corte
Suprema 12:00
a.m. 20/05/2012
En AmŽrica Latina, los poderes judiciales han descendido
en sus niveles de confianza. Puede decirse que la media latinoamericana no
supera el 40%. De ese fen—meno no escapan otras cortes de pa’ses desarrollados,
como es el caso de la de los Estados Unidos, que recientemente alcanz— su nivel
m‡s bajo (52%) en los œltimos 25 a–os, segœn reporta el Huffington
Post.
En AmŽrica Latina, los poderes judiciales han descendido
en sus niveles de confianza. Puede decirse que la media latinoamericana no
supera el 40%. De ese fen—meno no escapan otras cortes de pa’ses desarrollados,
como es el caso de la de los Estados Unidos, que recientemente alcanz— su nivel
m‡s bajo (52%) en los œltimos 25 a–os, segœn reporta el Huffington
Post.
En nuestro pa’s, una encuesta reciente nos ubica con un
nivel de confianza del 59,7%, y el mismo mes recibimos la grata noticia de que
el Centro de Estudios de Justicia para las AmŽricas (CEJA) nos califica como el
pa’s con mayor transparencia y acceso de informaci—n relevante del continente
en su web, para efectos de control ciudadano. Ambos indicadores, demuestran que
si bien el Poder Judicial costarricense tiene enormes retos que superar,
tambiŽn ha sabido invertir en pol’ticas de largo plazo que nos distinguen a
nivel Iberoamericano. A esos logros podemos sumar los indicadores en
accesibilidad e independencia judicial que tambiŽn son de clase mundial. ÀSirve
esto para negar que existe un malestar con la justicia? Indudablemente no.
Simplemente se trata de poner las cosas en perspectiva.
ÀQuŽ pasa? ÀPor
quŽ unos indicadores andan bien y otros no tanto? El tema es complejo de tratar
en pocas l’neas, pero podr’a empezar por se–alar que, en general, el
descontento que existe contra la justicia –y que alcanza niveles
globales–, se inserta en el fen—meno de descontento general contra la
democracia como sistema capaz de garantizar niveles de bienestar b‡sicos a la
gran mayor’a de personas en una sociedad. La ciudadan’a tiene un malestar
evidente contra la clase pol’tica, y esa cobija alcanza a los poderes
judiciales que tienen cada vez m‡s presencia y poder.
La judicializaci—n de la pol’tica, la excesiva criminalizaci—n,
el aumento en los niveles de violencia social en los œltimos a–os, entre otros,
son temas que han impactado profundamente los sistemas de justicia, que estaban
preparados para crecer a un ritmo normal y han tenido que enfrentar a corto plazo
un aumento desmesurado en la demanda de servicios, b‡sicamente con la misma
estructura y recursos.
Lo mismo sucede con el resto de la estructura del Estado
impactada por las disfuncionalidades de nuestra sociedad con limitaciones
materiales para atender la avalancha de demandas ciudadanas y de generar
espacios de mayor participaci—n y representaci—n; esos incumplimientos se
traducen en malestar, y este termina –en gran porcentaje– en
litigios de quienes procuran demandar al estado social de derecho, lo que no
fue capaz de proveerles por medio de sus instituciones de servicio.
Remedio de primera l’nea. As’, lo que en las democracias era el œltimo recurso (las
Cortes) se han convertido en remedio de primera l’nea para las demandas
sociales. Basta ver las sentencias de los tribunales para darse cuenta que las
cortes est‡n impactando ‡reas que tradicionalmente eran de Gobierno, en ellas
se conceden aceras, puentes, medicinas, se quitan y dan cargos pœblicos, se
anulan multas, en fin, los tribunales se han convertido en actores pol’ticos de
las democracias. Algunos llaman a este fen—meno Ògobierno de los juecesÓ, unos
opinan a favor o en contra de tal protagonismo, otros lo consideran una
evoluci—n de las democracias modernas, lo cierto es que la ciudadan’a se acostumbra,
cada vez con mayor frecuencia, a litigar sus demandas sociales y a esperar que
las cortes se traduzcan en la cara visible del fallido estado benefactor.
La demanda masiva de servicios judiciales como
alternativa al debilitamiento del Estado benefactor es perversa ya que el
estado no tiene los recursos para materializar sus consignas, pero su
estructura legal –que concede derechos a diestro y siniestro–, est‡
intacta. Ergo, la clase pol’tica dio derechos que la estructura econ—mica no
puede satisfacer en la actualidad y ello se traduce en litigios que integran un
c’rculo vicioso entre tribunales y gobierno. Este modelo es insostenible a
largo plazo, ya que la materializaci—n de la Constituci—n en la vida diaria de
los ciudadanos no puede recaer en exclusiva en los jueces y tiene sumidos a
ambos poderes en un desgaste y enfrentamiento permanente. Imposible quedarles
bien a todos los sectores sociales por medio de expedientes, ni menos construir
pol’ticas pœblicas en ellos en ausencia de toma de decisiones.
Sacrificio del funcionario. Al igual que el resto del Estado costarricense, nos
hemos dedicado a administrar la crisis de la mejor forma que nuestros recursos
y capacidad humana permiten. Pero, con indicadores de aumento en la violencia
social de m‡s del 250%, y con expectativas de crecimiento en los ingresos que
no pasan del 9% –en el escenario m‡s positivo– no es f‡cil para la
administraci—n de justicia cumplir las expectativas y demandas ciudadanas. El
equilibrio que se ha logrado mantener –a duras penas– ha sido
gracias al nivel de sacrificio del funcionariado que ha tenido que trabajar m‡s
con lo mismo y a veces con menos.
En la actualidad esta crisis de aumento en la violencia
nos limita para invertir en las materias de interŽs social, que es una de las
‡reas que mayor atenci—n requieren y obliga a destinar m‡s del 50% del
presupuesto a la materia penal y, aun con ello, en esta materia tambiŽn nos
quedamos cortos frente a la realidad. Pero, a pesar de la crisis, no hemos
dejado de tener una visi—n de largo plazo y de invertir en el fortalecimiento
de los indicadores de una justicia democr‡tica, de all’ los buenos
reconocimientos que organizaciones internacionales nos hacen, que adem‡s
repercuten positivamente en la evaluaci—n que hacen los inversionista a la hora
de determinar la seguridad jur’dica de un pa’s.
Finalmente
quisiera se–alar que son miles de sentencias las que se dictan a diario en los
tribunales de cualquier pa’s y es normal que en ellas haya polŽmica as’ como
margen de error. No conozco sistema de justicia que no lo tenga. Lo que s’ es
importante es que la sociedad haga de ella un balance integral y no solo como
parte del ‡mbito medi‡tico.