14 de mayo de 2012
Calificaci—n:
Amy Ross A.y Ferlin Fuentes amy.ross@nacion.com 12:00 a.m. 12/05/2012
El Estado costarricense –en particular la Asamblea Legislativa– mantiene una gran deuda con la poblaci—n homosexual.
ÔLa Sala hizo una simple sugerenciaÕ
As’ lo se–al— la presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, en una entrevista con La Naci—n.
ÒTal y como se regul— lo relacionado con familias heterosexuales, la Asamblea Legislativa tiene que ver quŽ hace con este tipo de uniones. No pueden seguir diciendo que se regula como una sociedad de hecho, porque no es una sociedad mercantilÓ, manifest— Calzada.
ÓSon muchas las cosas que se tienen que regular: c—mo se van a manejar los bienes, el tema de la salud (seguros), c—mo va a reconocer el Estado este tipo de uni—n, etc. Estos temas no pueden ser resueltos v’a reglamentaria, sino que tienen que atenderse mediante una leyÓ, agreg— la magistrada.
La Sala IV le encomend— esta tarea a los diputados desde el 2006, en la resoluci—n de un recurso de amparo planteado por el abogado y activista Yashin Castrillo contra el art’culo del C—digo de Familia, que declara ÒimposibleÓ el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Aunque los magistrados declararon el recurso sin lugar, se–alaron que el legislador deb’a plantearse Òla necesidad de regular, de la manera que estime conveniente, los v’nculos o derechos que se deriven de este tipo de unionesÓ.
Pese a que han pasado seis a–os desde que se emiti— ese voto, el pa’s sigue lejos de tener legislaci—n en esta materia.
El proyecto de ley m‡s viable, segœn los diputados, es el de Sociedades de Convivencia , que plantea regular asuntos como seguro social, visita conyugal, herencias y crŽdito compartido para vivienda entre parejas gais.
Aunque diputados como Carmen Mu–oz, del Partido Acci—n Ciudadana (PAC), han hecho esfuerzos por promover este plan , lo cierto es que la cuesti—n no es prioridad en el Congreso.
El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusi—n, V’ctor Emilio Granados, asegur— que su agrupaci—n no impulsar‡ una propuesta, aunque asegur— que tampoco obstaculizar‡ esfuerzos de otros partidos por hacerlo. Esta misma posici—n exteriorizaron ayer la presidenta Laura Chinchilla y el jefe de fracci—n de Liberaci—n Nacional, Fabio Molina.
Por su parte, la jefa de fracci—n del PAC, Yolanda Acu–a, asegur— que los derechos humanos est‡n en la agenda de su partido; no obstante, Òhay muchas prioridadesÓ.
Nuevos intentos. Mientras el tema sigue estancado en la Asamblea Legislativa, el abogado Castrillo insiste en buscar una resoluci—n favorable de la Sala IV. No obstante, los magistrados est‡n poco anuentes a resolver el tema.
El 9 de mayo, la Sala declar— sin lugar una acci—n de inconstitucionalidad que Castrillo plante— contra los art’culos 242 a 246 del C—digo de Familia, en nombre del Centro de Investigaci—n y Promoci—n para AmŽrica Central de Derechos Humanos (Cipac).
Segœn el voto, el Centro carec’a de legitimaci—n para presentar la acci—n pues requer’a de un juicio base para hacerlo. Ayer Castrillo volvi— a plantear el alegato, segœn los se–alamientos.
Aunque el activista ya hab’a planteado dos acciones en contra de los mismos art’culos del C—digo de Familia, asegur— que un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incorpora Òcircunstancias nuevasÓ.
Para Calzada, estos esfuerzos son inœtiles. ÒMe parece que seguir enfocando las bater’as hacia la Sala, no es lo conveniente. Nosotros no podemos regular la situaci—n de ellos. Ah’ s’ nos dir’an que estamos legislandoÓ, manifest—.
Sin embargo, Castrillo insiste en que el tema s’ les corresponde a los magistrados, e incluso indic— que prepara una denuncia penal contra ellos pues considera que cometieron el delito de prevaricato. Colabor—: Alejandra Madrigal.