| CARTA IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS XVI CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA |
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A nivel internacional, desde una perspectiva de derechos humanos, los Estados han promovido convenios y tratados internacionales buscando de forma directa o indirecta, el equilibrio que los ordenamientos jurídicos internos deben guardar entre la víctima y el victimario. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, como lo reconocen los instrumentos internacionales sobre la materia y los marcos constitucionales de la región. Hacer efectivo este derecho, implica la obligación estatal de garantizar la existencia de un sistema judicial libre, independiente y eficaz, al que toda persona, sin ningún tipo de discriminación, pueda acudir para exigir la reparación de sus derechos vulnerados. Las víctimas, en la región, cuentan hoy con distintos niveles de protección y apoyo. Sin embargo, la realidad iberoamericana sigue evidenciando obstáculos en el acceso a los sistemas judiciales y en la obtención de una respuesta rápida y efectiva. Cambio de Paradigma Para lograr un verdadero equilibrio procesal de las partes, es indispensable un cambio de paradigma que permita diferenciar los intereses de la sociedad, representados por el Ministerio Público; respecto de los intereses individuales de las víctimas de hechos ilícitos. Es impostergable que el sistema procesal no atribuya al Ministerio Público la exclusividad en el ejercicio de la acción penal, sino que se reconozca también, el derecho de la persona afectada por el delito a tener participación real y efectiva en todas las etapas del proceso. La víctima debe contar con mecanismos concretos, eficaces y gratuitos sobre la pretensión punitiva. El proceso penal es un ámbito donde el ejercicio de principios democráticos, el ejercicio del principio jurídico de igualdad y el ejercicio de valores, debe rescatarse, porque las personas han de encontrar una respuesta eficaz y efectiva a la violación de sus bienes jurídicos más preciados. Debido Proceso El concepto de debido proceso debe ser aplicado a todas las partes en el ámbito penal. El proceso debe ser democrático-igualitario. Los derechos de las víctimas deben ser efectivos y respetados, igual que las otras partes del proceso. Este es el cambio de paradigma. Deben contemplarse las necesidades específicas de las víctimas. Luego de dos años de una árdua labor llevada a cabo en los diferentes talleres y reuniones preparatorias, el día 27 de abril de 2012, durante la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Buenos Aires, Argentina, fue aprobada la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. La promulgación de esta Carta, constituye un esfuerzo encaminado a la elaboración de un mecanismo específico que permitirá operativizar los derechos de las víctimas en los procesos judiciales, tomando en consideración las particularidades de las diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad, como lo son, las personas menores de edad, las personas adultas mayores, las poblaciones indígenas, las mujeres víctimas de violencia y las personas con discapacidad, entre otras. Desde la primera reunión en Paraguay, en setiembre de 2010, y posteriormente durante las reuniones y rondas de talleres en Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, España y Ecuador, desde el Poder Judicial de Costa Rica, nos dimos a la tarea de diseñar documento, que ha sido elaborado de manera conjunta por quienes han participado, no solo en los grupos de trabajo que abordaron el tema, sino por los plenarios de estas reuniones y talleres. A lo largo de estos dos años, hemos incorporado valiosas observaciones, por lo que hoy podemos presentar, con la satisfacción de la labor cumplida, un producto que recoge el sentir de quienes integramos la Cumbre, y el compromiso de democratizar de manera sostenible nuestros Poderes Judiciales, mediante la implementación de mecanismos concretos que permitan erradicar los obstáculos en el acceso a la justicia, de sectores que sumados, terminan siendo la mayoría de la población regional. La Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas crea un marco de referencia axiológico que permitirá a todos los países integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana, instrumentalizar y desarrollar la atención a las víctimas, con miras al ejercicio pleno de sus derechos, propiciando un abordaje integral. Como complemento de la Carta, hemos elaborado un plan de acción para diagnosticar, identificar, analizar y definir estrategias que orientarán a cada uno de los países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el proceso de implementar los derechos contenidos en ella. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación El reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas está íntimamente relacionado con la confiabilidad en el sistema de administración de justicia. El respeto a sus derechos tiene un impacto directo en las estructuras socioeconómicas de los Estados, porque disminuye los efectos negativos y los costos generados por la delincuencia. La legitimación de los sistemas de justicia radica en su efectividad de coadyuvar en una solución al conflicto social. Los hechos delictivos e ilícitos en general, ocasionan una lesión a la sociedad, pero también tienen un efecto concreto en las personas y en sus familias. Reconocer tal situación a las víctimas e identificar y darle respuesta a sus necesidades es un tema vinculado a los derechos fundamentales y forma parte de nuestro compromiso indeclinable, con la construcción de una sociedad justa y equilibrada. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esta Carta fue liderada por el Poder Judicial de Costa Rica. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
Diseño Gráfico: Iván Pacheco Leon
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