Opini—n
Domingo 20 de mayo de 2012
ÀSensatez punitiva?
Garantismo,medio para lucharcontra los excesosdel poder
Rosaura Chinchilla C. jueza Rosaura.chinchilla@gmail.com
12:00 a.m. 20/05/2012
Aumento en las tasas de cierto tipo de delitos (Estado
de la Naci—n, 17.¡, 2011); disminuci—n de la victimizaci—n pero incremento
en la intensidad de la violencia (INEC/PNUD 2012); un abordaje constante pero
desarticulado en los medios y usufructuar electoralmente la inseguridad, han
conducido a que en C.R. haya un "miedo al crimen" que cala hasta los
huesos. Y el temor, como respuesta irracional, es entendible en la
subjetividad, pero no puede cimentarse sobre Žl una pol’tica pœblica.
El miedo obnubila la raz—n. En aras de huir del terror se instalan, f‡cilmente, la
demagogia y el autoritarismo, que contribuyen a reforzar el problema inicial,
tanto por no atacarlo, como por expandir la alarma. Hoy, dig‡moslo sin ambages,
en C.R. se legisla y juzga con miedo... a perder electorado, a sanciones
disciplinarias, a la exposici—n medi‡tica, al que dir‡n, a... todo y todos. Y
si somos pusil‡nimes para hacer lo correcto, terminamos haciendo lo indebido.
Cuando nos quedamos callados ante la barbarie que afecta a otros, Žsta
terminar‡ alcanz‡ndonos. Lo vivi— un pastor protestante en los campos de
concentraci—n: "Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada
porque yo no era comunista. Luego vinieron por los jud’os y no dije nada porque
yo no era jud’o. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo
no era sindicalista. Luego vinieron por los cat—licos y no dije nada porque yo
era protestante. Luego vinieron por m’ pero, para entonces, ya no quedaba nadie
que dijera nada" (Niemšller). Si se proclama
que, para resolver la inseguridad, deben elevarse las penas m‡s all‡ de la
expectativa de vida de las personas; crearse m‡s delitos y eliminarse
garant’as, se asume una salida f‡cil, que sirve para muchas cosas (desde vender
armas, sistemas de seguridad y peri—dicos hasta ser elegido en un cargo, subir
el raiting televisivo u obtener mayores ingresos)
menos para solucionar la problem‡tica nacional.
El garantismo es un humanismo: El garantismo, o
respeto a los derechos humanos liberales, es, parafraseando a Sartre, un
humanismo.
Si, como lo proclaman las sociedades judeo-cristianas, y
aœn muchas otras, se parte de que nadie es m‡s que otro y que todos tenemos
idŽntica dignidad, que debe respetarse, necesariamente se est‡ aceptando la
base filos—fica del garantismo. Y eso no es incompatible
con castigar a quien ha cometido delitos. Pero ese castigo debe imponerse
acatando reglas porque, de lo contrario, es venganza, tan Žticamente
cuestionable como el acto sancionado.
Es comœn escuchar que el pa’s vive un "garantismo excesivo" ÀA quŽ demas’a nos referimos?
ÀSer‡n muchas garant’as el respetar la vida humana, el proscribir la tortura,
el requerir prueba para condenar, en fin, el garantizar un juzgamiento justo?
ÀO ser‡ que estamos confundiendo 'garant’as' con errores, que los hay, de los operadores
jur’dicos? ÀTendr‡n relaci—n esos yerros con la deficiente formaci—n jur’dica
de la abogac’a nacional? No tergiversemos temas ni confundamos planos
anal’ticos. El garantismo solo ha sido un problema
para quienes quieren imponer su voluntad y avasallar a los dem‡s, pero
hist—ricamente ha sido el medio para evitar o luchar contra los excesos a que
conduce el poder.
Populismo es autoritarismo: Solo podr’a atacarse 'v‡lidamente' la doctrina garantista
si se parte de una categorizaci—n de seres humanos, unos mejores que otros que,
en cuyo nombre se esboce un trato diferenciado entre ellos. Quiero pensar que,
luego de las experiencias hist—ricas a que eso ha conducido, no hay quien,
realmente, asuma dichos postulados. De ah’ que los ataques al garantismo provengan, generalmente, de la imprecisi—n de
las bases de discusi—n, pero los costos que eso genera a la democracia
costarricense son elevad’simos: miles de compatriotas aceptar’an un
dictadorcillo criollo con mano dura (Escuela de Estad’stica-IIS-UCR, 2010).
Inclusive quienes en otro momento han llamado a respuestas dr‡sticamente
represivas, han terminado sufriendo los propios excesos que han pregonado. No
echemos a rodar bolas de nieve que pueden terminar absorbiŽndonos.
Argumentemos. No es dable emitir frases vac’as ni
esl—ganes publicitarios, salvo, claro est‡, que nos ubiquemos fuera del terreno
de la buena fe. El delito es una construcci—n pol’tica. Si bien hay un
"nœcleo duro" de ilicitud (matar, robar, violar), comœn en la mayor’a
de las sociedades, hay un sinf’n de comportamientos "comunes" que
terminan, por obra de acuerdos legislativos surgidos desde el miedo, siendo
delitos (v. gr., cuando se discuti— la Ley contra la Delincuencia Organizada,
se plane— erigir en delito Áel que dos personas circularan en una
motocicleta!), sin que se vislumbre, tampoco, rigurosidad en los controles
ulteriores. Nadie est‡ exento de ser procesado y juzgado, aun siendo
inocente... Àc—mo nos gustar’a que se nos tratara?
Proporcionalidad, drogas y vulnerabilidad social: Producto de esa frenŽtica
carrera –hacia-ninguna parte–, carecemos de criterios de
proporcionalidad para establecer penas.
Lo vemos en la Ley de Tr‡nsito, cuyas multas han ido
desapareciendo, por superar los ingresos promedio per c‡pita. Pero tambiŽn en
otros —rdenes. Por ej., en dos dŽcadas, se duplic— la pena para el suministro
de peque–as dosis de droga, efectuadas por adictos, pues pas— de 4 a 10 a–os de
prisi—n (art. 18 p‡r. 4 ley N¼ 7233 de 1991), 5 a 15 a–os (art. 61 ley N¼ 7786
de 1998) hasta los 8 a 15 a–os (art. 58 ley N¼ 8204 de 2002). Y atiborramos las
c‡rceles.
ÀDesapareci— el problema? No, pero sancionamos igual a
los que venden peque–as cantidades respecto a los que comercian a gran escala;
a los que lo hacen por estar en un proceso de adicci—n (sin que existan
pol’ticas preventivas o de desintoxicaci—n importantes) respecto a los que se
lucran con el dolor ajeno. Y en punto a sancionar con 8 a–os de c‡rcel la venta
de 2 piedras de crack por una mujer de escasos recursos, hasta la mayor’a
de la Sala Constitucional, consider— que no hab’a ninguna desproporci—n (voto
n.¼ 11697-11). Hoy, que en CentroamŽrica se empieza a discutir si el camino
adoptado ha sido el correcto y se busca crear consensos con otras naciones de
la subregi—n... Àno ser‡ tiempo de revisar internamente la dosimetr’a con que
se tratan estos y otros delitos?
Una
clara relaci—n. Un insumo que
podr’a tenerse en cuenta es el estudio efectuado por la antrop—loga nacional
Claudia Palma (2011) en el que se concluye que "...el delito de tr‡fico de
drogas, al que est‡n vinculadas no menos del 64% de las mujeres privadas de
libertad del pa’s es una decisi—n que se toma en condiciones de escasa
posibilidad de resolver las necesidades b‡sicas de la vida cotidiana (...se
debe) analizar el tr‡fico de drogas como una estrategia de sobrevivencia'"
con lo que es clara la relaci—n entre los peque–os suministros, la feminizaci—n
de la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad, que pueden empujar a la
comisi—n de algunos tipos de hechos il’citos.