| EL MALESTAR CON LA JUSTICIA | ||
En nuestro país, una encuesta reciente nos ubica con un nivel de confianza del 59.7% y el mismo mes recibimos la grata noticia de que el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA) nos califica como el país con mayor transparencia y acceso de información relevante del continente en su web, para efectos de control ciudadano. Ambos indicadores, demuestran que si bien el Poder Judicial costarricense tiene enormes retos que superar, también ha sabido invertir en políticas de largo plazo que nos distinguen a nivel Iberoamericano. A esos logros podemos sumar los indicadores en accesibilidad e independencia judicial que también son de clase mundial. ¿Sirve esto para negar que existe un malestar con la justicia? Indudablemente no. Simplemente se trata de poner las cosas en perspectiva. ¿Qué pasa? ¿Porqué unos indicadores andan bien y otros no tanto? El tema es complejo de tratar en pocas líneas, pero podría empezar por señalar que, en general, el descontento que existe contra la justicia -y que alcanza niveles globales-, se inserta en el fenómeno de descontento general contra la democracia como sistema capaz de garantizar niveles de bienestar básicos a la gran mayoría de personas en una sociedad. La ciudadanía tiene un malestar evidente contra la clase política y esa cobija alcanza a los poderes judiciales que tienen cada vez más presencia y poder. La judicialización de la política, la excesiva criminalización, el aumento en los niveles de violencia social en los últimos años, entre otros, son temas que han impactado profundamente los sistemas de justicia, que estaban preparados para crecer a un ritmo normal y han tenido que enfrentar a corto plazo un aumento desmesurado en la demanda de servicios, básicamente con la misma estructura y recursos. Lo mismo sucede con resto de la estructura del Estado impactada por las disfuncionalidades de nuestra sociedad con limitaciones materiales para atender la avalancha de demandas ciudadanas y de generar espacios de mayor participación y representación; esos incumplimientos se traducen en malestar y éste termina -en gran porcentaje- en litigios de quienes procuran demandar al estado social de derecho, lo que no fue capaz de proveerles por medio de sus instituciones de servicio. Así, lo que en las democracias era el último recurso (las Cortes) se han convertido en remedio de primera línea para las demandas sociales. Basta ver las sentencias de los tribunales para darse cuenta que las cortes están impactando áreas que tradicionalmente eran de gobierno, en ellas se conceden aceras, puentes, medicinas, se quitan y dan cargos públicos, se anulan multas, en fin, los tribunales se han convertido en actores políticos de las democracias. Algunos llaman a este fenómeno "gobierno de los jueces", unos opinan a favor o en contra de tal protagonismo, otros lo consideran una evolución de las democracias modernas, lo cierto es que la ciudadanía se acostumbra, cada vez con mayor frecuencia, a litigar sus demandas sociales y a esperar que las Cortes se traduzcan en la cara visible del fallido estado benefactor. La demanda masiva de servicios judiciales como alternativa al debilitamiento del estado benefactor es perversa ya que el estado no tiene los recursos para materializar sus consignas, pero su estructura legal -que concede derechos a diestra y siniestra-, está intacta. Ergo, la clase política dio derechos que la estructura económica no puede satisfacer en la actualidad y ello se traduce en litigios que integran un círculo vicioso entre tribunales y gobierno. Este modelo es insostenible a largo plazo, ya que la materialización de la Constitución en la vida diaria de los ciudadanos no puede recaer en exclusiva en los jueces y tiene sumidos a ambos Poderes en un desgaste y enfrentamiento permanente. Imposible quedarle bien a todos los sectores sociales por medio de expedientes, ni menos construir políticas públicas en ellos en ausencia de toma de decisiones. Al igual que el resto del Estado costarricense, nos hemos dedicado a administrar la crisis de la mejor forma que nuestros recursos y capacidad humana permiten. Pero, con indicadores de aumento en la violencia social de más del 250%, y con expectativas de crecimiento en los ingresos que no pasan del 9% -en el escenario más positivo-, no es fácil para la administración de justicia cumplir las expectativas y demandas ciudadanas. El equilibrio que se ha logrado mantener – a duras penas- ha sido gracias al nivel de sacrificio del funcionariado que ha tenido que trabajar más con lo mismo y a veces con menos. En la actualidad esta crisis de aumento en la violencia nos limita para invertir en las materias de interés social, que es una de las áreas que mayor atención requieren y obliga a destinar más del 50% del presupuesto a la materia penal y aún con ello, en esta materia también nos quedamos cortos frente a la realidad. Pero a pesar de la crisis, no hemos dejado de tener una visión de largo plazo y de invertir en el fortalecimiento de los indicadores de una justicia democrática, de allí los buenos reconocimientos que organizaciones internacionales nos hacen, que además repercuten positivamente en la evaluación que hacen los inversionista a la hora de determinar la seguridad jurídica de un país. Finalmente quisiera señalar que son miles de sentencias que se dictan a diario en los tribunales de cualquier país y es normal que en ellas haya polémica así como cierto margen de error. No conozco sistema de justicia que no lo tenga. Lo que sí es importante es que la sociedad haga de ella un balance integral y no sólo como parte del ámbito mediático. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
Diseño Gráfico: Iván Pacheco Leon
Poder Judicial de la República de Costa Rica, ® Derechos Reservados 2012