Domingo 11 DE MARZO DEL 2012
Jairo Villegas S. jvillegas@nacion.com 10:39 p.m. 10/03/2012
Una
fuerte reprimenda recibi— la Municipalidad de Alajuela por otorgar el permiso
de construcci—n a una cementera, pese a que, al parecer, incumpli— los
requisitos.
El
rega–o lo hizo el Tribunal Contencioso Administrativo en la resoluci—n nœmero
410-2011, firmada por los jueces Silvia Consuelo Fern‡ndez Brenes y Eduardo
Gonz‡lez Segura.
El
caso corresponde a la operaci—n de Cementos David , en el distrito San Rafael de
Alajuela, que funciona desde el 2010.
Segœn
resolvi— el Tribunal, ante una apelaci—n presentada por la Asociaci—n de
Desarrollo Integral de San Rafael, el ayuntamiento otorg— el aval de
construcci—n, pese a ÒviciosÓ de gravedad.
ÒPor
los efectos jur’dicos que produce, faculta el funcionamiento de la cementera
sin existir criterio tŽcnico que lo respalde, en grave riesgo del ambiente y
salud de la poblaci—n que vive en las cercan’asÓ, dice la conclusi—n del fallo.
Los
jueces se–alaron que toda la obra se hizo con un permiso dado solo para una
nave industrial y oficinas administrativas.
Incluso,
el Tribunal orden— al ayuntamiento Òla clausura inmediata de las obras
levantadas con grave infracci—n del ordenamiento urbano ambientalÓ.
Abierto.
Aunque recibi— la orden, Roberto
Thompson, alcalde de Alajuela, admiti— que no har‡n el cierre porque consideran
que la cementera puede subsanar los requerimientos pendientes.
ÒCuando
las obras est‡n en proceso de construcci—n, la ley obliga a la clausura, precisamente para
que no sigan adelante. Cuando las obras est‡n terminadas y se establece que
faltaron algunos requisitos, el criterio de nuestro departamento legal es que
en este caso no hay nada que clausurarÓ, asegur— Thompson.
El
Alcalde advirti— que si la firma no cumple las exigencias, se expone a la
demolici—n de la planta.
Por
su parte, Luis Alonso GutiŽrrez, quien fungi— como alcalde de Alajuela cuando
se otorgaron los permisos, insisti— en que la cementera cumpli— los tr‡mites.
Sin
embargo, GutiŽrrez achac— a un error del Colegio de Ingenieros y Arquitectos el
l’o con el permiso de construcci—n.
ÒLa
empresa hizo la solicitud de permiso de construcci—n, present— unos planos, la
Municipalidad se fundamenta en lo que el Colegio indic—, pero el Colegio falla
en el metraje y se qued— corto por 2.000 metros cuadrados, pero desde un inicio
los planos que la empresa present— conten’an todas las obrasÓ, resalt—
GutiŽrrez. Lo mismo apunt— Juan Diego Castro, uno de los abogados de Cementos
David.
ÒNo
hay que perder de vista que, detr‡s de todo esto, hay un gran tel—n de fondo
que se llama la guerra de los carteles del cemento. Los planos que se
presentaron incluyen todo, no fue que se presentaron por pedazosÓ, asegur—
Castro.
No
obstante, Olman Vargas, director ejecutivo del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, descart— que hayan errado.
ÒPresentaron
una l‡mina donde estaban todos los componentes que ellos ten’an, pero junto a
esa l‡mina ven’an los planos de detalle solo de algunos de esos componentesÓ,
enfatiz— Vargas.
Por
su parte, Erick Solano, abogado de la Asociaci—n de Desarrollo Integral de San
Rafael, anunci— que acudir‡n a instancias judiciales para que el municipio
cumpla la orden de clausura.
ÒEl
Tribunal est‡ actuando como superior jer‡rquico del alcalde, y vamos para un
mes de que fue notificado y la Municipalidad no ha procedidoÓ, enfatiz— Solano.