TALLER JEFES DE OFICINA DE PERNSA Y COMUNICACIÓN
DEL PROYECTO DE ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
PENAL EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN CENTROAMERICA
Dr. Luis Paulino Mora Mora
Presidente
Corte Suprema de Justicia
En primer lugar, agradezco a la Secretaría General Permanente de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos -COMJIB- por la invitación que me cursara para participar con Ustedes en la inauguración de este taller.
Asimismo, quiero dar la bienvenida a las delegaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana que nos honran con su presencia en este acto, con el que estrechamos objetivos comunes hacia el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales en pro de la lucha contra el crimen organizado.
EI objetivo general de la actividad es realizar un acercamiento entre las distintas oficinas de prensa de las instituciones involucradas en el Proyecto de Armonización de la Legislación Penal contra la Delincuencia Organizada. Preparar un plan de difusión del proyecto tanto a lo interno de nuestras instituciones como hacia los distintos medios de comunicación colectiva en los países involucrados.
Desafortunadamente, una serie de factores sociales, económicos y estructurales han ido arrinconando las sociedades de nuestro círculo de cultura frente al fenómeno de la delincuencia y en particular frente a modalidades como la delincuencia organizada y el narcotráfico que son sumamente dañinas para cualquier país, pero especialmente para los nuestros en donde no resulta nada sencillo acumular los recursos humanos y económicos suficientes para lograr triunfos importantes frente a las organizaciones criminales, aún a pesar de los ingentes esfuerzos que -como los que hacemos en nuestro país- se intentan para remediar la situación.
Por parte del Poder Judicial costarricense, que es el caso del que más puedo dar fe, nuestra participación ha sido constante y muy abarcadora en todo el ámbito jurídico relacionado con este tema. En primer término, mediante el Ministerio Público y los propios Magistrados de la Corte, hemos ejercido un rol destacado en las propuestas que finalmente se convirtieron en ley de la República. Así el primero de junio de dos mil ocho entró en funcionamiento la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado y el veinticuatro de julio de dos mil nueve entró en vigencia la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Nuestro interés ha sido plasmar en ellas medios para lograr que las instituciones estatales estén en las mejores condiciones posibles para luchar contra grupos sumamente bien ordenados y que además, cuentan con muchos recursos disponibles y -como si lo anterior fuera poco- con libertad de acción que da el hecho de estar fuera de la ley de manera que cualquier medio es válido para lograr su cometido.
Este proyecto de armonización de la legislación penal en la materia es una excelente iniciativa. Sin embargo, los Poderes Judiciales de la región no pueden cabalgar en solitario en la lucha contra este flagelo social. No sólo es conveniente sino necesaria la participación activa de los otros Poderes del Estado. De allí que, si unimos esfuerzos y juntamos nuestras manos, con iniciativas como la que hoy nos reúne, podemos ganarle la batalla al crimen organizado.
Estimo absolutamente vital, luchar contra la delincuencia organizada y evitar su afianzamiento en nuestras sociedades, porque estoy seguro que de ello depende la estabilidad de nuestro estado de derecho y de sus instituciones. Además de todas las nocivas consecuencias de promoción y multiplicación del crimen y la violencia que acompañan este tipo de actividad, está comprobado que la violencia es un factor determinante para la seguridad de las inversiones, y siendo nuestro país actualmente una economía de servicios, el aumento en la violencia e inseguridad ciudadana provocaría un duro golpe, no sólo a nuestra tranquilidad, sino también a nuestro desarrollo económico.
Esta lucha contra la criminalidad organizada, es más que nada una lucha fundamentalmente moral. Sin importar las consecuencias, obstáculos, el peligro o las presiones que surjan -parafraseando a JF Kennedy-, es una lucha por la decencia, por la civilidad y la institucionalidad como el único camino digno para el desarrollo. Es la lucha por una sociedad, donde cabemos todos en igualdad de derechos, sin importar el origen, sexo o color de la piel, una sociedad que como decía Martin Luther King, mida a las personas por la fuerza de su carácter, y añado yo, no por la fuerza de las armas o de la maldad humana. Yo aspiro a una sociedad donde se dignifique al ser humano en todas sus formas, que resalte lo bueno y positivo de la humanidad, que no le de la espalda a quienes pretenden sembrar una semilla de decadencia y corrupción. Aspiro a una sociedad basada en el respeto, la igualdad, solidaridad y justicia como el único camino a un desarrollo digno.
Lo que quiero decir es que nosotros, como agentes del Estado, sea como diputados, jueces o policías, no podemos renunciar a todas nuestras creencias y obligaciones, solo porque nos parece que le estorban al ejercicio de un particular y primitivo concepto de justicia que solo sirve para exacerbar los ánimos de las personas.
Creo que si hacemos el esfuerzo adecuado y actuamos con inteligencia en esta lucha contra el crimen organizado, podemos ganar la batalla, sin tener ninguna necesidad de acudir a medios jurídica o moralmente incorrectos como el maltrato, o la fuerza innecesaria o peor aún, la vulneración de derechos que hemos reconocido y declarado como fundamentales de ser humano.
Por eso la causa que nos reúne hoy aquí es una lucha a la que me uno gustoso y muy complacido de antemano por los resultados positivos que sé tendrá para la difusión a toda las nuestras comunidades nacionales de las iniciativas que tenemos para la restauración de nuestra tranquilidad y paz sociales.
A todos los participantes, nacionales y extranjeros, les reitero el agradecimiento por el esfuerzo que conlleva su participación en este taller y les pido que le saquemos el mayor provecho posible a esta reunión. Somos los primeros interesados en recibirlos y escucharlos, porque de sus ideas y experiencias siempre existe la posibilidad de sacar provecho, para mejorar nuestros sistemas de administración de justicia.
Finalmente, quiero disculparme con todos Ustedes por no poder acompañarlos durante más tiempo esta mañana, pero dentro de pocos minutos dará inicio una sesión de Corte Plena que debo presidir.

Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
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