| NINGÚN DISFRAZ | ||
Ciertamente existe un reclamo válido de la ciudadanía sobre la parálisis que vive el Estado en general y la administración de justicia no es la excepción. Sufrimos igual que todos, la maraña legal, la perversidad de un sistema casi "castrante" con problemas serios y nuevos que surgen todos los días y con limitaciones legales y económicas para atenderlos. Efectivamente el Poder Judicial no existe en el vacío social y político del país y recepta una serie de factores estructurales que ni el mejor estadista podía prever. Entre ellos el éxodo masivo en el 2010 de administradores de justicia calificados que ocasionó un transitorio de la Ley de Protección al Trabajador que señalaba que a partir de determinada fecha los fondos de la ley se darían en tractos y no en forma completa. Esto significó que se duplicaran las jubilaciones con respecto a su comportamiento histórico normal. Ese éxodo nos ocasionó un faltante imprevisible de jueces en la carrera judicial que, ante la alternativa de no hacer nada y nombrar por inopia jueces nuevos sin experiencia, ni carrera, con los errores que ya exhibían algunos como ya había evidenciado ese medio en noticias tales como "Jueza Novata deja libres a policías ligados a robo de coca"( 13/09/2009), o "Cualquier abogado inexperto puede ser Juez", optamos por hacer un llamado a los jueces y juezas jubilados de gran experiencia para que se reintegraran al servicio. Estos profesionales acudieron de buena fe a nuestro llamado y según el criterio legal imperante en el momento en la Administración, la jubilación no debía suspenderse en nombramientos menores a 30 días, en aplicación analógica del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que generó una diferencia de opinión con la Auditoría que dirimió la Corte en octubre del 2011, dando la razón a la Auditoría, momento a partir del cual cualquier jubilado que preste sus servicios al Poder Judicial sabe que se suspende su jubilación independientemente de los días que labore. A los jubilados que prestaron servicio se les pagó por su trabajo efectivamente realizado. Con el título "Corte disfrazó pago ilegal a jueces pensionados", se da a entender que se trata de un encubrimiento -que no existe-, o de algo oscuro, pero en realidad no hubo "disfraz" ni encubrimiento alguno, sino un diferendo de interpretación de normas, que consta en forma transparente en sendos documentos públicos, diferendo que ni la misma Auditoría calificó de la manera que se hace en la nota periodística por cuanto no tiene esa connotación. La posibilidad de que jueces y juezas de carrera, especialmente aquellos que requieren alta capacidad técnica, puedan seguir prestando servicios al Estado es una práctica necesaria. Reponer un Juez, Fiscal o Defensor que se ha formado y adquirido todo su "expertise" en el ejercicio de su cargo en el Poder Judicial a través de los años, no se da simplemente con poner otro profesional con título, de la misma forma que un médico cirujano de 25 o 30 años de experiencia no se repone con un novato. En este asunto sólo ha mediado el interés público y la mejor buena fe de aportar soluciones a los graves problemas que aquejan a la carrera judicial. Ahora que ya no podemos echar mano a ese recurso para suplir las múltiples necesidades que se plantean de jueces suplentes, no puedo asegurar que la justicia haya sido con ello favorecida, sino todo lo contrario. A las juezas y los jueces que acudieron al llamado de volver a servir a la Administración de Justicia, les quedo agradecido por haber puesto el interés de la patria por encima de su merecido descanso y me disculpo por los inconvenientes causados por aplicar un criterio legal que al momento se estimó como válido. Es triste que en este país sea más fácil quedarse de brazo cruzado frente a los problemas que enfrentarlos. A don Alberto y la ciudadanía le digo que, pareciera que la parálisis que válidamente se reclama del sector público, no es del todo culpa de los funcionarios, pues a nadie le gusta ser crucificado de manera sistemática por tratar de hacer su trabajo. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
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