San José, Costa Rica, Miércoles 18 de enero de 2012, 13:26:31.

INDEPENDENCIA JUDICIAL, CARRERA JUDICIAL, DIVISIÓN DE PODERES Y ESTADO DE DERECHO, REFLEXIONES A PROPÓSITO DE UN TEMA ACTUAL

“La independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que le hayan sido asignadas y la libertad frente a todo tipo de poder, constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional de derecho” (Lowenstein).

Msc. Carlos Zamora Sánchez *

Últimamente se ha generado una serie de comentarios a raíz de hechos diversos relacionados con ciertas decisiones jurisdiccionales que a nivel de opinión pública crean polémica, lo que ha llevado al Poder Judicial a evaluar dichos criterios jurídicos a los más altos niveles, no por la vía de los recursos procesales propiamente hablando; por otra parte, hemos visto “filtraciones” al mejor estilo de “Wikileaks” que han puesto en duda la “imparcialidad” e “independencia” del Poder Judicial.

Cuando todavía no existía el Poder Judicial tal y como lo conocemos esencialmente en nuestros días, la justicia equivalía a lo que el rey decía, el gobernante, quien ejerciese el poder.

Con la Constitución, como norma fundamental, podemos hablar de división de poderes, esa separación expresa separa y dota de independencia al Poder Judicial.

Como configuración de esta independencia que señala la Constitución, proclama la unidad jurisdiccional, conocida en nuestros días y recogida en el artículo 9 de nuestra Norma Fundamental; así como la potestad judicial exclusiva, que es entendida en dos aspectos, el positivo, en tanto que sólamente pueden los tribunales ejercer esta potestad, y en sentido negativo, en cuanto que los tribunales no pueden ejercer otra potestad que no sea la judicial.

La independencia personal, no fue tal independencia en realidad, se pretendía a los ojos de los demás reflejar esta autonomía en cada juez, en la medida en la que, para poder acceder a dicho status, era por medio de una carrera profesional, pero que estuviera condicionada por el gobierno; por mucha prueba objetiva que se realizara, la última palabra para aprobar el nombramiento de un juez, la tenía el gobierno, que todos los jueces fueran nombrados por el Ministro de Gracia y Justicia, por el Presidente de la República o por la Asamblea Legislativa, susceptibles a ser movibles.

En fin, que aunque se proclame un ingreso objetivo por oposición, un establecimiento de la carrera judicial -que acabe sometiendo a los jueces al régimen del funcionariado como miembros integrantes de la administración de justicia-, o con la declaración de la inamovilidad; la realidad sea otra totalmente distinta: Estatuto de funcionarios, ascensos por pasos que decide en última instancia el gobierno de una forma discrecional, traslado forzoso de los jueces y sometimiento de estos a las ideas políticas reinantes en ese momento so riesgo de ser destituido…, papel mojado, palabras vanas y gastadas.

Para identificar la función independiente del juez, fue necesario la conceptualización del Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado, fue necesario entonces el reconocimiento de un juez sometido únicamente al imperio de la ley conforme a la expresión de la ley nacida de la voluntad general (Rubio Llorente, Francisco, “El Poder Judicial en el bicentenario de la Revolución Francesa”, Madrid, 1990, p. 103), y así lo ratifica el artículo 154 de nuestra Constitución Política vigente.

La independencia del juez no es sinónimo de imparcialidad y objetividad, la independencia es una fórmula para una posible correcta actuación del juzgador, no un fin, sino un instrumento al servicio de la justicia.

La independencia subjetiva o funcional es la que constituye la esencia misma de la función jurisdiccional en cuanto supone una inmunidad en la actuación que atañe a los cometidos sustanciales de la magistratura sobre la que debe proyectarse la ausencia de injerencias de los otros poderes. Si en última instancia el funcionario es moralmente independiente ante sí mismo, y si como afirma Ferrajoli, la independencia es un hecho cultural más que institucional, es decir, la función no es únicamente un acto formal sino también un acto humano y social, la independencia que nos interesa es su aspecto personal, es decir, la del juzgador al momento de dictar sus resoluciones.

Ya se pueden consagrar en un sistema jurídico todas las garantías necesarias para que un juez sea independiente, sin que sirvan de nada si no es moralmente independiente.

Con la actual Constitución Política y la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, se depura la carrera judicial, sólo acceden al status de jueces, no aquellos que estuvieran de acuerdo con la ideología del caudillo, se intenta con más ahínco que la independencia de los jueces sea realmente efectiva, se crea un órgano que asume las competencias aunque el titular originario sea el Poder Judicial; el Consejo Superior. Se crea también un nuevo órgano, pero aparte, el Consejo de la Judicatura.

Con la creación del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, se configuró todo un sistema tendiente a garantizar la independencia de los jueces, que descansa en la profesionalización de la justicia, es sin duda, la mejor forma de contar con jueces probos y capaces de desempeñar la leal labor de impartir justicia. La independencia judicial, dice Montero Aroca, empieza a adquirirse o a perderse desde el primer momento, desde el acceso al desempeño de la función jurisdiccional.

Definitivamente el acceso a la carrera judicial por medio de exámenes oficiales ha sido el sistema que mejor ha respondido a las exigencias de la independencia del Poder Judicial, además de los varios filtros como exigencia de estudios universitarios, la Escuela Judicial, prácticas profesionales, y aunque se pueden encontrar defectos, son más las ventajas que permiten su continuidad y perfeccionamiento.

El problema real se presenta cuando el control de la selección y nombramientos es manejado de forma arbitraria y discrecional por el Poder Legislativo o Ejecutivo, respondiendo a intereses de clientelismo, corporativismo, militancia, afinidad político-ideológica, etc.

A simple vista parece que los jueces poseen la independencia que deseamos, solamente están sometidos al imperio de la ley y no a lo que otros poderes digan, o los tribunales superiores, pero el nombramiento de las personas que integran la Corte Plena viene marcado por lo que el Parlamento diga. Supuestamente, este debería estar formado por personas independientes, la realidad es otra bien distinta tal y como se ha demostrado a través de los últimos 62 años de democracia institucional.

Ahora, por ejemplo, que gobierna un determinado partido político resulta que un magistrado suplente cuestionado, era militante activo de esa fracción, esto se aleja de la imparcialidad. Es decir, la composición de la Corte Plena no es tan imparcial como se pretende, ni lo será en el tanto, al menos, no se modifiquen las disposiciones normativas pertinentes. La carrera judicial tampoco se escapa de estar maniatada.

Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental, cada vez que se presentan situaciones como las divulgadas recientemente, ¿puede un abogado acceder al ejercicio de la potestad jurisdiccional y a la vez ejercer su profesión liberal? Entre las consideraciones críticas que venimos realizando en orden a la regulación del acceso a la figura de juez, no podemos pasar por alto la referencia a una cuestión que, aunque pueda parecer irrelevante, no deja de ser importante.

Nos referimos a la circunstancia de que entre las incompatibilidades para el ejercicio del cargo del juez o magistrado se haya establecido la excepción (prohibición) del ejercicio de actividades profesionales (Art. 9 LOPJ).

Resulta bastante evidente, como opina Serra Domínguez, que «el abogado que accediera a la función judicial, debería abstenerse totalmente de su ejercicio profesional para evitar posibles sospechas de parcialidad en su actuación». De un modo o de otro, el tenor literal del precepto, y a pesar de las críticas que pueda merecer esta circunstancia, no se impide a ningún abogado, el ejercicio de su profesión mientras no se encuentre en el ejercicio del cargo para «impartir justicia».

En cualquier caso, nos preguntamos con base en qué motivos se ha excluido esta incompatibilidad en los magistrados suplentes: ¿por qué se desmerece la imprescindible garantía de imparcialidad subjetiva y objetiva, la independencia que ha de corresponder a todo aquel que ejerce funciones jurisdiccionales?
A nuestro entender, las anteriores razones, en modo alguno justifica que se haya establecido un sistema en el que no se garantice la imparcialidad objetiva y subjetiva así como la independencia del juez. El problema, claro está, es que la dedicación de los magistrados suplentes no es exclusiva, pero lo grave es que, tal y como se regula el sistema, en todo caso no se está garantizando debidamente la independencia del juez, entiéndase magistrado; ante tal circunstancia, que el cargo de magistrado suplente deba ser incompatible con el ejercicio liberal de la profesión, de modo que es necesario que sea un funcionario de carrera, un verdadero juez.

* Juez