| LA EXPERIENCIA CUENTA | ||
Costa Rica tiene sin duda muchos distintivos pero no parecía -hasta ahora-, que el desprecio por la experiencia fuera una de ellas.- En el mundo encontramos sociedades desarrolladas y de tradiciones milenarias en las que la experiencia y la edad son valoradas como un tesoro nacional como son China o Japón, para solo citar dos.- Pero ello no solo ocurre en Asia sino que el respeto a la experiencia y las "canas" es también una constante también de sociedades europeas, especialmente en puestos de gran responsabilidad. El caso de los jueces y en particular de los de mayor rango "llamados comúnmente magistrados", no es la excepción, porque tratándose el derecho de una materia técnica y la administración de justicia de una además que requiere destrezas específicas, entre mayor es la experiencia de los jueces, mayor seguridad tendrá la sociedad de que las decisiones serán ponderadas y estables y mayor la seguridad de que sobra experiencia y capacidad para llevar las presiones del cargo que son muchas. Claro que no existe garantía de que las decisiones de los jueces siempre serán perfectas o infalibles, pero sí existe una relación proporcional entre la experiencia y el margen de error de tal forma que a mayor experiencia menor tiende a ser el error. Es por ese motivo que se propicia la carrera judicial en los Poderes Judiciales, que procura generar estabilidad e independencia en los jueces, así como que los jueces entre mayor la experiencia sea, vayan escalando puestos en la judicatura. En otros oficios, como la medicina y la aviación por ejemplo, también es ampliamente valorada la experiencia, e incluso en disciplinas como la periodística también es apreciada y resulta una garantía para el cuidadoso y mesurado papel que corresponde a la prensa en una democracia. En el aspecto jurídico, existen muchos ejemplos de Poderes Judiciales que optan por una carrera que procure generar estabilidad y motive a profesionales a que no "migren" a bufetes o al ejercicio privado, una vez que han adquirido su experiencia en el Poder Judicial, porque con ese éxodo se pierde el talento y la experiencia que son difíciles de renovar y eso vale también para otros puestos de gran importancia técnica dentro de la administración de justicia y que no están en la judicatura como la fiscalía, la defensa y la policía judicial. El tiempo que tarda en formarse un fiscal de experiencia en crimen organizado o delitos económicos por ejemplo, es de varios años y la única forma de retener ese talento es creando condiciones dignas de trabajo, que incluyen estabilidad durante sus años productivos y seguridad económica durante su retiro. La carrera judicial y régimen de pensiones son parte de las políticas para dar estabilidad e independencia y motivar a los profesionales a hacer carrera al servicio de la justicia y no en el sector privado. Esta es una política común en los Poderes Judiciales de países desarrollados, como la Corte Suprema de los Estados Unidos que dispone la estabilidad vitalicia de sus magistrados, quienes, con pocas excepciones, tienen edades superiores a los 60 años y permanecen, normalmente durante más de dos décadas en sus puestos. A manera de ejemplo la magistrada Sandra Day O´Connor, la primera mujer magistrada de la Corte Suprema, ejerció su cargo durante 24 años y se retiró a los 75 años. Stephen Breyer, aún en el cargo tiene 74 años y 18 años en el cargo. Pero además, en el caso de nuestro país, encontramos argumentos de mayor consideración a favor de la estabilidad de los magistrados y de la necesidad de su permanencia durante largos períodos en la magistratura, que no se relacionan con su función técnica de jueces de casación o en el caso de los de la Sala Constitucional de su Magistratura Constitucional, sino que tiene que ver con su función de gobierno judicial, encargada así por el Constituyente. En efecto a la Corte Plena le corresponde ser la máxima instancia a nivel administrativo y la responsable de la política judicial en general, de tal forma que los magistrados tienen un doble rol y carga de responsabilidad, la de jueces y la de gobierno propiamente dicha. Si la preocupación es la "sanidad del fondo de pensiones", está claro que el fondo de pensiones del Poder Judicial, constituido desde 1937, se ha manejado siempre con responsabilidad y según han reconocido las propias autoridades, tiene garantizada su solvencia por lo menos hasta el año 2045, entre otras razones porque los aportes de los empleados judiciales son mayores con respecto a otros regímenes. Lo anterior no significa que no haya que hacerle ajustes al fondo, como es normal en todo fondo de pensiones, pero sin motivo de alarma, en palabras del propio Superintendente de Pensiones, Sr. Edgar Robles, quien ha señalado públicamente que el fondo tiene solidez y confía que el Poder Judicial tomará las medidas para garantizar el fondo para que mantenga su solidez, no a 30 años plazo como está ahora, sino más allá y así será sin duda una vez que la Corte reciba el nuevo estudio actuarial solicitado en diciembre pasado. Pero si esa fuera la preocupación, una larga permanencia en el cargo es altamente beneficiosa también para cualquier régimen de pensiones y el del Poder Judicial no es la excepción.- Más Magistrados activos significan más salud para el régimen por más tiempo, y una mayor edad de retiro como la que se informa, es nada menos que la tendencia mundial para dar solidez a los sistemas de pensión alrededor del mundo. Por otra parte, la opinión pública y la academia coinciden en que nuestro país ha perdido su capacidad para concebir y llevar adelante procesos de largo plazo, que hemos caído en la miopía del "cortoplasismo" en el ámbito público y por ello parece sumamente desconcertante que ahora se señale al Poder Judicial por tener éxito y sostener uno de los pocos proyectos de este tipo que –prácticamente- le resta a este país, con visión de largo plazo, impulsado por magistrados y magistradas de gran capacidad y valía. La conversión paulatina de la escritura en oralidad (luego de casi dos siglos de escritura), la tecnificación de procesos, la inversión tecnológica, la renovación de códigos procesales, de introducción de procesos de medición de la calidad y participación ciudadana, son procesos que, entre muchos otros, se están llevando a cabo con visión de futuro y son ampliamente reconocidos a nivel iberoamericano. Es una lástima que una prensa calificada y responsable, no tenga la capacidad de valorar la importancia de una política pública de la justicia como tal y su relación con el desarrollo del país, centrándose en atender los aspectos de interés mediático del momento, sin hacer un balance integral de los temas que trata. Costa Rica decidió hace 184 años, crear un Poder Judicial para que se encargara de la labor de declarar el derecho en forma independiente y defender conforme a la Constitución y la Ley los derechos fundamentales de la ciudadanía.- Esta delicada labor históricamente ha estado en manos de magistrados y magistradas responsables, con experiencia y trayectoria. El hecho de encontrarnos al día de hoy con una Corte Plena con la experiencia, preparación y la independencia de la que se informa en el artículo, debería más bien llenarnos de orgullo y tranquilidad como nación. > Nadie se resiste a irse, la nuestra es una visión de largo plazo en la construcción de una política judicial que pueda darle al país una mayor consolidación democrática y una justicia a la altura de las necesidades de este siglo. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
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