Segundo Foro Institucional: Justicia debe
agilizar procesos para minimizar costos
MiŽrcoles, 11 de Enero de 2012
04:19
Escrito por Natalia D’az Zeled—n
(natalia.diazzeledon@ucr.ac.cr)
Expertos
sugieren digitalizar tr‡mites y reducir tareas administrativas de los jueces.
Los costos ÒinvisiblesÓ son
los m‡s caros en el financiamiento del sistema judicial, afirm— Luis Paulino
Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia en la mesa redonda ÒCostos de
la administraci—n de justiciaÓ, realizada el pasado 6 de diciembre en el
auditorio de LANANME de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Mora se–al— que los procesos
an‡logos, lentos y saturados de tr‡mites administrativos tienen un impacto
significativo en la inversi—n que hace el Estado en el Ministerio de Justicia y
sus dependencias, especialmente en casos que se postergan por a–os atrapados en
los tr‡mites dispuestos.
ÒLos costos personales del ciudadano
que litiga, como la salud, la afectaci—n laboral, la afectaci—n familiar y la
dedicaci—n para atender determinado caso, son realmente importantes y con un
costo muy alto que como no vemos, creemos que no existeÓ, explic—.
En la exposici—n, participaron
tambiŽn JosŽ Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera; el soci—logo JosŽ
Carlos Chinchilla; el presidente del Colegio de Abogados, Gilberto Corella; y
el soci—logo JosŽ Luis Vega Carballo.
Arroyo expuso que el modelo de
justicia costarricense es sui generis, en tanto se ha dotado al Poder Judicial
de una fuerte autonom’a y un aparato funcional extenso. Sin embargo, los costos
del personal y las tazas de rezago ‒de cada 1.000 casos que ingresan, en
un a–o, 48 no son solucionados‒ hacen que las condiciones del sistema
estŽn vulnerables a degenerarse.
Asimismo, expres— que el Poder
Judicial ha tenido un mayor crecimiento presupuestario que de personal,
teniendo el primero un 73% de aumento real durante los œltimos a–os, mientras
que el segundo alcanza el 47%. Aun as’, la inversi—n que se hace en personal
absorbe casi el 90% de lo presupuestado, lo cual deja un porcentaje m’nimo para
cobertura de otros gastos.
Para minimizar el impacto de
estos costos, Mora propuso que el sistema judicial deber’a hacer un uso m‡s
extensivo y estratŽgico de las Nuevas Tecnolog’as de la Informaci—n y
Comunicaci—n (NTIC) para acortar plazos de comunicaci—n entre departamentos;
asimismo, permitir a los involucrados mayor injerencia en el proceso a travŽs
de plataformas virtuales.
En su opini—n, el Poder
Judicial deber’a, tambiŽn, reducir las funciones administrativas de sus jueces,
ya que en muchos casos estas entorpecen su funci—n jurisdiccional.
ÒEl juez debe hacer solo lo
que Žl puede hacer. Solo debe obtener la prueba y dictar sentenciaÓ, concluy—
Mora.
MUCHOS ABOGADOS, MENOS PROFESIONALES
Otro punto de preocupaci—n es
la pŽrdida progresiva de ÒestimaÓ frente a los costarricenses. Arroyo expuso
que hace 20 a–os el Poder Judicial contaba con una aprobaci—n del 80% en cuanto
a respetabilidad, mientras que hoy tiene entre el 40% y el 50% de apoyo
popular.
El presidente de la Sala
Tercera destac— el aumento en profesionales en Derecho, con unos 22000 abogados
certificados para ejercer, cifra que continœa en ascenso y que podr’a comprometer
la calidad con la que se ejerce la abogac’a, segœn expres—.
ÒSomos una sociedad que
irresponsablemente gradœa abogados. La producci—n irresponsable de
profesionales en Derecho es una emergencia nacionalÓ, opin—. El presidente del
Colegio de Abogados, Gilberto Corella, destac— que segœn su experiencia existen
Òproblemas acadŽmicosÓ en instituciones que gradœan abogados Òr‡pida y
mediocrementeÓ, que carecen del compromiso suficiente para mantener la
administraci—n de la justicia.
Corella expuso los problemas
Žticos que conlleva este tipo de formaciones en las que el prop—sito del
abogado, como gestor de la bœsqueda de la paz social, queda eclipsado por los
criterios de los honorarios percibidos.
En este aspecto, los expertos
coincidieron en que es indispensable enfocar los esfuerzos del gremio a
fiscalizar la formaci—n que ofrecen las instituciones de educaci—n superior y
garantizar la calidad de profesionales que intervienen en los procesos judiciales.