Ana Virginia Calzada Miranda

Presidenta Consejo de la escuela Judicial

El 6 de agosto de 1981 se aprobó la Ley de Creación de la Escuela Judicial; por esta razón es que hoy celebramos el 30 aniversario de la creación formal, de la creación de la Escuela mediante una ley de la República. En realidad, la inquietud por una administración de justicia de calidad, por la formación de funcionarios y servidores judiciales con conocimientos y capacidad para desarrollar sus labores con compromiso, conocimiento y especialización, comenzó a tomar forma muchos años atrás. Algunos fijan los orígenes de la Escuela en 1964, cuando el entonces Alcalde Segundo de San José solicitó un permiso a la Corte Plena para impartir un curso para el personal de apoyo del despacho –hoy auxiliares o técnicos judiciales, y en aquel entonces escribientes-manifestadores-, permiso que fue otorgado. Sin embargo, el antecedente más remoto se encuentra a finales de la década de 1950, cuando el mismo personaje, ocupando el cargo de Alcalde de Villa Colón –cargo que hoy se conoce como Juez Contravencional de Mora-, elaboró un primer documento denominado «Manual para Escribientes Manifestadores», texto que actualizado y remozado sirvió luego para las actividades de la Alcaldía Segunda de San José, las cuales se realizaban los sábados. El éxito de los cursos impartidos, motivó a que la Corte autorizara la expansión de la iniciativa hacia los demás despachos, para lo cual en octubre de 1971 estableció la entonces llamada Escuela de Capacitación Judicial, dotándola de un reglamento para regular las actividades a realizar. A partir de entonces comenzaron largos periplos por el país, llevando actividades de actualización profesional a diferentes regiones del territorio, desplazando a grupos de expertos y procurando siempre la menor afectación en la prestación del servicio, pues así los servidores judiciales no deberían salir de sus lugares, sino que las actividades llegaban hasta ellos.

La idea fue creciendo. En 1978 la Corte aprobó el funcionamiento permanente de la Escuela, y en 1980 le asignó un espacio propio en el quinto piso del edificio de la Plaza de la Justicia, en San José. Sin embargo, el objetivo del mentor de la idea de la Escuela Judicial, siempre fue que la Escuela tuviera una sede propia, con amplias instalaciones y áreas verdes, preferiblemente fuera del casco urbano de la capital, para crear y generar un espacio propicio para la investigación, la conversación, la concentración académica, el intercambio de ideas; un espacio que permitiera desarrollar diferentes metodologías de formación y capacitación, y donde pudiera prepararse al servidor judicial no sólo en conocimientos propios de su área de trabajo, sino en especial formarlo para brindar una administración de justicia de calidad, con cercanía al usuario y favorecedora del acceso a la justicia. Y este ha sido el norte que ha inspirado los procesos de creación, consolidación y proyección de la Escuela.

Es interesante observar cómo en el contexto de la comúnmente denominada «década perdida» -los años 80 del siglo XX- nuestro país asiste y promueve este proceso de creación de una estructura que sirviera a los fines de la capacitación judicial, en un momento donde en la realidad latinoamericana, recién estaban dando inicio algunos incipientes diagnósticos sobre la democracia y la situación de la judicatura, estudios que luego concluirían en la necesidad de fortalecer las estructuras judiciales y realizar ambiciosos proyectos formativos de jueces como medios idóneos para la transición y el fortalecimiento de la democracia. Mientras eso ocurría en la región, en nuestro país se contaba ya con un proyecto concreto, una idea en marcha, y el compromiso del Poder Judicial para su consolidación.

El Consejo Directivo de la Escuela ha centrado sus esfuerzos en avanzar, consolidar y fortalecer el desarrollo de una justicia de calidad mediante la formación de servidores judiciales competentes y probos, pues como se reconoce ampliamente, el Poder Judicial es la última frontera donde se define la vigencia y respeto de los derechos humanos. Hoy, transcurridas tres décadas desde la creación legal de esta entidad, la Escuela puede mostrar con orgullo el cumplimiento de muchos de los anhelos de sus precursores, y mira con optimismo hacia un futuro diseñado con esmero, expectativa, mística y compromiso. Durante el último quinquenio se tienen logros especiales de la Escuela y su Consejo Directivo. En la actualidad se cuenta ya con una infraestructura como la idealizada inicialmente, una infraestructura especializada y pensada en la capacitación. Aquí encontramos hoy una sala de simulación de juicios, que permite que los diferentes agentes judiciales puedan tener una formación práctica lo más real posible; asimismo, existe un despacho modelo, con el cual los servidores se capacitan en la tramitación y gestión de esta modalidad que ya se está extendiendo en las diferentes jurisdicciones. Conciente de la necesidad de la resolución alternativa de conflictos y bajo el principio de lograr acuerdos en lugar de batallas judiciales, se implementaron también salas para prácticas de conciliación, las cuales por su naturaleza y finalidad deben ser distintas a las salas de juicio y a las oficinas o despachos ordinarios. De igual manera, existen salas donde se practica la reconstrucción de pruebas, las cuales están previstas para que el servidor se familiarice con esta práctica. Un detalle especial es que se cuenta con espacios particularmente diseñados para que los técnicos y auxiliares judiciales se entrenen en la atención al público, fortaleciendo así sus habilidades y propiciando sensibilidades para la atención de los usuarios en general y de las personas pertenecientes a grupos en riesgo social. Y, como corolario actual en materia de infraestructura, se tiene aquí mismo un estudio televisivo de grabación, gracias al cual dentro de poco la Escuela tendrá su propio espacio en la televisión abierta nacional, mediante producciones elaboradas en esta misma sede por el Poder Judicial.

Si bien el tema de infraestructura, equipos y facilidades técnicas son altamente importantes, toda gestión de capacitación debe siempre ir más allá de estos aspectos, pues al final del camino, de lo que se trata es de brindar al servidor judicial una formación y actualización profesional de calidad. El Consejo Directivo se ha preocupado altamente por esta situación, y de ahí que se haya logrado aprobar políticas de capacitación claramente definidas, orientadas bajo programas específicos, que permiten atender las necesidades del sector justicia. Dentro del Poder Judicial, tanto el Ministerio Público, como la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, cuentan con sus propias unidades de capacitación para sus servidores dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Un aspecto importante ha sido el establecer instancias de coordinación adecuadas entre esas unidades y la Escuela Judicial, de modo que se trabaje de manera coordinada con la Escuela para unificar criterio de capacitación y para lograr una aportación máxima de la experiencia acumulada por la Escuela. En la actualidad, la gestión de capacitación de la Escuela se organiza por programas, dentro de los cuales destacan tres grandes programas. Por una parte, existe el Programa de Formación Inicial de Aspirantes a la Judicatura –FIAJ-, con el cual se brinda una formación genérica sobre la función del Juez en los diferentes ámbitos de competencia del Poder Judicial, permitiendo que todos aquellos que aspiren a ser nombrados como jueces compartan una formación básica común que garantice el desempeño de sus funciones, al mismo tiempo de garantizar al Poder Judicial que el servicio podrá prestarse bajo estándares previamente fijados y comunes. Por su parte, existe también el programa de especialización, por el cual se identifican necesidades especiales y se brindan actividades de formación particulares para las jurisdicciones especializadas, permitiendo con ello que quienes se desempeñan en ellas tengan conocimientos específicos sobre la materia que tramitan y resuelven; así, se tiende hacia la eficiencia y la alta calidad en la administración de justicia. Y, finalmente, existe el programa de actualización profesional, por el cual se realizan actividades formativas encaminadas al refrescamiento de aspectos básicos de fondo y procesales para cada una de las jurisdicciones. De tal forma, es claro que la actual oferta de capacitación de la Escuela tiende a cubrir las diferentes necesidades del Poder Judicial, propendiendo, necesariamente, hacia la prestación de un servicio de calidad, ágil y eficiente.

Otro detalle que no puede dejarse pasar, es el esfuerzo del Consejo Directivo por la implementación de las Sedes Regionales de la Escuela. Existen ya diez Sedes Regionales, con lo cual se permite desarrollar actividades de capacitación directa y en línea con la menor afectación a la prestación del servicio, pues el servidor puede permanecer lo más cerca posible a su lugar de trabajo, sin tener que desplazarse hasta el Valle Central, con lo cual se logra la optimización de la capacitación y de la administración de justicia. Un aspecto relacionado con esta propuesta extra-muros de la capacitación judicial, se encuentra en la formación a distancia de los auxiliares judiciales, lo cual es un curso en línea que se imparte de manera simultánea en todo el país, y que permite que los auxiliares o técnicos matriculados, puedan atender las actividades formativas sin desprenderse de sus labores cotidianas, es decir, pueden formarse sin dejar de prestar el servicio.

Transcurridos treinta años desde la formalización legal de la Escuela Judicial, es claro que es mucho lo alcanzado, pero también debemos ser concientes de los retos que se nos plantean para avanzar hacia la aspiración máxima de una justicia de calidad. Así, más allá de los programas de capacitación existentes, el Consejo se ha planteado la posibilidad de ir generando actividades de capacitación personalizadas, lo cual implica atender las necesidades de formación y actualización ya no de un sector en general, sino de determinados funcionarios en particular de acuerdo a la labor que deben desarrollar. Igualmente, debe fortalecerse el uso de las tecnologías de la información y comunicación, a modo de optimizar los recursos técnicos existentes para una mayor difusión y participación del servidor judicial en las actividades de capacitación. Y un reto muy importante, es convertir a la Escuela Judicial, en una suerte de laboratorio de los cambios futuros que deberá enfrentar el Poder Judicial, investigando, proponiendo, ensayando y concluyendo sobre las iniciativas de modernización, actualización y fortalecimiento del Poder Judicial.

El camino recorrido debe motivarnos a tomar un impulso aún mayor que el demostrado hasta ahora. Las necesidades de la población a la que servimos, debe alimentar ese impulso, y tener siempre claro, que todo mejoramiento en la capacitación, todo fortalecimiento del sistema de justicia, y toda contribución en la calidad profesional de sus integrantes, redundará en la debida protección de los derechos humanos, y con ello, en el afianzamiento del sistema democrático que tanto nos enorgullece y debemos proteger.

Muchas gracias.