Magistrado
JosŽ Manuel Arroyo: Poder corruptor del crimen ya est‡ en Costa Rica
MiŽrcoles, 06 de Julio de 2011 05:22
El poder
corruptor del crimen organizado, en todas sus modalidades, ya est‡ en Costa
Rica y no estamos preparados para enfrentarlo; no quiero alarmar, pero este es
un problema que ya lo tenemos encimaÓ, advirti— el presidente de la Sala
Tercera, JosŽ Manuel Arroyo, en una entrevista con UNIVERSIDAD.
Arroyo sostiene que el pa’s no est‡ preparado para enfrentar ese flagelo
y abog— por un fortalecimiento de las instituciones democr‡ticas para
combatirlo.
ÒCiertamente que el poder corruptor del crimen organizado -no s—lo el
narcotr‡fico, sino otras formas, como el lavado de dinero, el sicariato, el
tr‡fico de personas, de —rganos, de armas y la corrupci—n pœblica y privada-
tiene formas de criminalidad con gran poder letal de corrupci—nÓ, se–al—.
Por otra parte, el presidente de la Sala Tercera refut— afirmaciones del
Ministro de Seguridad Pœblica, Mario Zamora, quien en una reciente entrevista
con este Semanario, asegur— que en el tema de la inseguridad el problema no es
de aprehensi—n de delincuentes, sino de su juzgamiento.
Arroyo alert— adem‡s de que en Costa Rica se est‡n cerrando v’as de
canalizaci—n de conflictos sociales, por lo que hay peligro de que la
ciudadan’a recurra a acciones de hecho, para resolver estos problemas. A
continuaci—n, un extracto de la conversaci—n.
El ministro de Seguridad Pœblica, Mario Zamora, afirm— hace
poco que en el tema de la inseguridad el problema no es de aprehensi—n sino de
juzgamiento. ÀCu‡l es su respuesta a esa aseveraci—n?
-Hay un error muy comœn en el tratamiento del tema de la seguridad y es
la tentaci—n de que los distintos segmentos del sistema dicen que Òla culpa no
es nuestra sino de otrosÓ, lo cual me parece un error. Creo que todos
tenemos que hacer Žnfasis en el hecho de que cada quien tiene sus obligaciones;
debemos tratar de cumplirlas debidamente y operar como un solo sistema:
polic’a, fiscal’a y tribunales. Puede quedar la impresi—n err—nea de que unos
hacen bien su trabajo y otros no.
Esto debe verse un poco m‡s integral. Cada sector tiene fortalezas y
debilidades. Las debilidades, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, que ha
tenido la polic’a administrativa adscrita al ministerio de Seguridad Pœblica,
es que efectivamente hay problemas para el reclutamiento, para el entrenamiento
y para la capacitaci—n de la gente. Entonces, muchas de esas debilidades se
reflejan en el trabajo cotidiano. Para un juez es muy importante la fundamentaci—n
del parte policial, que lleve la informaci—n b‡sica, que estŽ redactado de
manera clara, dejando clara la raz—n de la detenci—n, para que el Ministerio
Pœblico pueda solicitar -si es necesario y el juez las concede- medidas
cautelares cuando una persona es detenida.
ÀSe trata de fallas tŽcnicas en la recopilaci—n de la
prueba?
-Exactamente, as’ como en la capacitaci—n y en las destrezas que debe
tener un agente de polic’a, para que su intervenci—n sea justificada y expuesta
con claridad. Los fiscales y jueces tienen que lidiar con esos problemas. No
s—lo se trata de que fiscales o jueces sean negligentes o poco diligentes a la
hora de definir una situaci—n, sino que tienen que definirla de conformidad con
requisitos m’nimos. De lo contrario, las decisiones ser’an arbitrarias e
infundadas.
Hay algunos casos que arrojan dudas en cuanto a la actuaci—n
de los jueces, por ejemplo el de los mexicanos a quienes se les concedi—
arresto domiciliario y dos comunidades se levantaron y no los aceptaron. ÀHay
fallas o se impusieron razones de car‡cter tŽcnico?
-No me puedo referir al caso porque posiblemente tenga que intervenir.
Pero le explico lo siguiente: errores posiblemente hay, son los que trascienden
pœblicamente, porque las decisiones adecuadas que cientos de jueces toman todos
los d’as normalmente, no son cuestionadas porque no se valoran como err—neas.
Con esto digo que conf’o y creo en que la mayor’a de las decisiones
judiciales son bastante acertadas. Cuando nos equivocamos, cometemos un error,
o hay un asunto especialmente delicado que trasciende a la opini—n pœblica eso
es la noticia. No es que no aceptemos errores. Pueden darse actos claramente
indebidos y esto debe ser investigado y debatido. Lo que es muy riesgoso es que
haya una apelaci—n a las v’as de hecho: no es conveniente que los temas de
conocimiento judicial sean decididas en uno u otro sentido con gente en la
calle. Eso coloca la situaci—n en un estado de hecho que puede ser perjudicial.
ÀCree que puede conducir a un estado de ingobernabilidad?
-La historia es curiosa. El tema de los mexicanos fue muy mal recibido
en general y particularmente por los vecinos a los que les tocar’a tenerlos
cerca. Eso uno lo entiende, primero como ciudadano y tambiŽn como juez. Es una
situaci—n particularmente dif’cil de aceptar, pero pocos d’as despuŽs ocurre lo
contrario. La gente en la calle en Lim—n (caso Pascal), cuestionando la
detenci—n de una persona acusada de cierto tipo de delito, manifest‡ndose para
que los jueces hagan otra cosa. Lo que quiero se–alar es que la apelaci—n a
Fuenteovejuna es una falacia.
ÀPero esta situaci—n no obligar’a al Poder Judicial a hacer
una reflexi—n?
-Esto se inscribe en un fen—meno mucho mayor que ya el Estado de la
Naci—n nos lo viene diciendo. En este pa’s se han ido cerrando las v’as
de canalizaci—n de los conflictos sociales. Muchos conflictos que antes se
canalizaban a travŽs de las instituciones de gobierno y de los diputados, ahora
se tramitan judicialmente, pues esas otras v’as como que est‡n siendo cerradas
y toda la conflictividad social llega a las instancias judiciales. En primer
lugar, grandes conflictos pol’ticos endosados a la Sala Constitucional y temas
de gran trascendencia nacional, que debieron discutirse en la Asamblea
Legislativa. Cuando esta v’a se encuentra cerrada para la discusi—n y
resoluci—n, esos conflictos terminan en la Sala Constitucional.
ÀEse cierre de canales de resoluci—n de conflictos sociales
no es una bomba de tiempo?
-Claro; por eso es que ahora todas las reformas procesales en distintas
materias que se est‡n haciendo, apuestan a resoluciones previas antes de que se
formalice el conflicto judicial. Siempre vistos en instancias jur’dicas, pero
como un paso previo en temas de familia, laborales, penales, para que haya la
posibilidad de una conciliaci—n, de una resoluci—n alterna a la v’a judicial
normal, que son v‡lvulas que pueden ayudar a bajar la presi—n sobre el sistema
judicial.
Por esos vac’os en algunos pa’ses, como en el caso de
Guatemala, la gente se est‡ tomando la justicia por sus propias manos,
realizando linchamientos de presuntos delincuentes y criminales. ÀSe trata de
una situaci—n muy grave?
-Ese es precisamente el tema. Nuestros pa’ses en general y Costa Rica,
ya no escapa a eso; tienen que hacer un esfuerzo enorme por consolidar las
instituciones, por recuperar la confianza en estas, incluidas las instituciones
penales, en la polic’a, la fiscal’a, los tribunales de justicia penal. El
desprestigio de las instituciones en una democracia a lo œnico que
conduce es al rompimiento de la institucionalidad democr‡tica y a la
instauraci—n de reg’menes de fuerza, autoritarios o totalitarios.
En esa perspectiva, el sistema penal tiene que guardar un gran
equilibrio entre proteger las libertades y las garant’as ciudadanas, y dar
respuestas eficaces y evitar que las v’as de hecho emerjan como
alternativa para resolver los conflictos sociales.
ÀEs que no se cumple el principio de justicia pronta y
cumplida y el Estado no pone ojo avizor?
-Esto nos conduce a otro plano del problema. No podemos pretender que el
sistema penal resuelva toda la conflictividad social. Podemos cerrar los ojos y
decir, aqu’ lo que falta es mano dura, polic’a, c‡rcel, penas altas,
rigurosidad y todos los estamentos para que haya un sistema penal fuerte que
resuelva estos problemas. Esta es una tentaci—n muy grande que tienen muchos y
las instancias pol’ticas tambiŽn. No es a travŽs del endurecimiento del sistema
penal que les vamos a entrar a las verdaderas causas de la conflictividad y la
violencia social. Hay que tener muy claro que el sistema penal interviene ya
cuando los resultados nefastos de la violencia social ocurrieron. Previo a eso
hay una serie de tareas pendientes, que son en mi criterio las que est‡n
haciendo falta desarrollar.
ÀPero hay adem‡s muchas causas que originan la violencia, la
pobreza, la desigualdad, las drogas, la misma corrupci—n?
-Hay con toda raz—n una gran alarma social. Los medios todos los
d’as refieren hechos muy graves, atentados contra la vida, la propiedad, que
tienen a la gente muy crispada, con niveles muy elevados de temor y de
inconformidad con las instituciones. Eso es lo m‡s importante de vigilar y ver
c—mo superamos esa situaci—n, para que no terminemos de destruir las
instituciones democr‡ticas.
Sobre la aplicaci—n de justicia, y debido a dudas surgidas
en algunas sentencias, Àdebe el juez ce–irse a la aplicaci—n estricta de
la ley o estudiar en algunos casos el entorno en el que se aplica la norma?
-Hay un debate grande en torno a este tema. En el derecho moderno est‡
fuera de duda siempre que los jueces interpretan la ley. Por muy clara que
pueda ser una ley o norma, siempre hay m‡rgenes de interpretaci—n, sino
todos estar’amos sobrando: le metemos la informaci—n a una computadora y
le resolver’a el caso sin mucha complicaci—n.
La realidad siempre es cambiante, tiene particularidades para cada
evento, en lo social, humano, para cada conducta, etc. Entonces los jueces
asumimos la responsabilidad de interpretar los hechos, el derecho y dar las
mejores razones posibles para justificar una decisi—n. Est‡ bien que a los
jueces nos pidan explicaciones de las decisiones que tomamos, esto en una
democracia es un requisito de entrada.
ÀQuŽ tan vulnerables est‡n los jueces ante problemas tan
serios y amenazantes como el narcotr‡fico, la corrupci—n, los delitos de cuello
blanco, como les llama la gente?
-Creo que este es un problema que ya tenemos encima. No quiero alarmar,
pero ciertamente el poder corruptor del crimen organizado -no solo
narcotr‡fico, sino todas las formas de crimen organizado, como son el lavado de
dinero, el sicariato, el tr‡fico de personas, de —rganos, de armas, y la
corrupci—n pœblica y privada-, tiene formas de criminalidad con un gran poder
letal de corrupci—n. Es cierto que el problema es grave y nosotros no estamos
preparados para una respuesta eficaz a esos fen—menos. Por eso es que es muy
importante seguir insistiendo en el fortalecimiento institucional, que se estŽ
pensando en medidas como que los jueces penales seamos sujeto de un control
sobre nuestros bienes, declarar ante la Contralor’a General de la Repœblica. Y
no s—lo los jerarcas del Poder Judicial, sino tambiŽn los jueces penales y los
fiscales dedicados a casos de crimen organizado.
En el caso del juicio al expresidente Rafael çngel Calder—n,
con una suspensi—n de la pena, en redes sociales y otras instancias el sentir
era que en Costa Rica se aplica la ley a los pobres y no a los ricos o
pol’ticos influyentes. ÀC—mo analiza usted estas reacciones?
-El tema no es s—lo de las penas que imponemos los jueces, sino de
dise–o de los tipos penales. En un robo agravado, en el que hay cierto valor de
los bienes, los jueces no tenemos m‡s remedio que imponer cinco a–os o m‡s. Hay
otras figuras penales que tienen que ver con otro tipo de delitos, que aunque
pueden ser muy graves, tienen m’nimos de pena m‡s bajos. En esas circunstancias
es el dise–o de las mismas leyes, las que les imponen a los jueces un
determinado juego, de m’nimos y m‡ximos.
Con raz—n se puede apreciar que algunos delitos que pueden significar
sumas de dinero muy altas, terminan con penas bajas y otros son hechos menores
y que podr’an ser menos significativos desde el punto de vista econ—mico, y
tienen penas m‡s altas.
ÀPero no urge cambiar este sistema?
-Esto es un tema de Asamblea Legislativa. Los diputados son los que
hacen las leyes y tienen que analizar si hay una armon’a o una razonabilidad en
los distintos tipos penales y las penas existentes.