|
Causa planteada por bananeros para anular contrato de puerto de
contenedores llevar’a tr‡mite preferente
Nueva concesi—n en Mo’n va a juicio
ÒHemos seguido un proceso profesional y transparenteÓ, afirma vocero de APM
Terminals, empresa que gan— contrato
Los bananeros se han adjudicado una victoria en la lucha que
libran contra el proyecto de concesi—n que promueve la construcci—n de una
megaterminal de contenedores en Mo’n, Lim—n.
El juez Daniel Aguilar, quien tramita la causa en que los exportadores de
fruta solicitan anular el contrato portuario, rechaz— el 25 de mayo la
petici—n de archivar el caso, como solicitaron el Consejo Nacional de
Concesiones y APM Terminals, grupo holandŽs al que se le adjudic— el
proyecto.
En cambio, Aguilar sugiri— al Tribunal Contencioso Administrativo darle
tr‡mite preferente a la denuncia de los bananeros por la Òurgencia, necesidad
y trascendencia para el interŽs pœblicoÓ.
Con una inversi—n de $992,2 millones, la construcci—n del puerto
especializado en la atenci—n de contenedores es la obra de infraestructura
m‡s grande que haya promovido el pa’s hasta ahora.
Pero el proyecto presentar’a 71 inconsistencias legales que ameritan anularlo
e iniciar un nuevo concurso con las debidas correcciones, asegura Randall
Quir—s, representante de la C‡mara Nacional de Bananeros.
La principal queja que tienen los exportadores es c—mo se fijaron las tarifas
de $240 que se van a cobrar por contenedor, si no se tiene un estudio de
factibilidad econ—mica que defina la inversi—n que se necesita.
Al no haber un estudio econ—mico, la Autoridad Reguladora de Servicios
Pœblicos (Aresep) hizo la salvedad de que elabor— una ecuaci—n matem‡tica
para definir los cobros a futuro, no las tarifas m‡ximas en s’, asegur—
Quir—s.
Este caso se asemeja al del aeropuerto Juan Santamar’a, el cual estuvo a–os
paralizado por reclamos financieros presentados posterior a que la empresa
Alterra Partners (a la que se le adjudic— el proyecto) asumiera la obra,
alert— el representante de los bananeros.
La causa presentada por los bananeros es en contra del Consejo Nacional de
Concesiones, la Procuradur’a y la Contralor’a General de la Repœblica, la
Junta de Administraci—n Portuaria y de Desarrollo Econ—mico de la Vertiente
Atl‡ntica, Aresep y APM Terminals.
LA REPUBLICA intent— obtener la posici—n de la contraparte, pero a pesar de
que desde el lunes tramit— una entrevista con Edwin Rodr’guez, jerarca del
Consejo de Concesiones, al cierre de esta nota aœn no se ten’a respuesta
alguna.
En cambio, en APM Terminals garantizaron que Òhan seguido un proceso
profesional y transparente para lograr la concesi—n para el dise–o,
financiamiento, construcci—n y operaci—n de la nueva terminal y el deseo es
seguir adelante, a paso firme para dotar a Costa Rica de una obra de clase
mundialÓ, segœn Paul Gallie, director general de la empresa.
LA REPUBLICA supo que el Gobierno seguir‡ con el tr‡mite de la concesi—n
paralelamente a la presentaci—n de sus descargos ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, con la intenci—n de firmar el contrato por ah’ de agosto.
Y es que a pesar de que el caso ser‡ elevado a juicio, el Gobierno se hab’a
adjudicado un triunfo con anterioridad, al lograr que el mismo juez Aguilar
rechazara —el 15 de abril— la medida cautelar solicitada por los
bananeros para que se impidiera la firma del contrato.
En ese entonces el juez tramitador resolvi— que se trataba de una acci—n cautelar
prematura, dado que no hab’a una acci—n de gobierno que provocara un da–o al
erario, adem‡s de que no se hab’a agotado la v’a administrativa pues aœn
quedaba una apelaci—n pendiente en la Contralor’a, la cual fue desestimada
una semana despuŽs.
No obstante, en caso de que el contrato se llegue a firmar y refrendar por
parte de la Contralor’a, los bananeros temen que si el Tribunal Contencioso
Administrativo les diera la raz—n en la disputa legal, el Estado se vea
obligado a indemnizar al concesionario por una suma millonaria.
Esta situaci—n evoca lo sucedido con la c‡rcel de Pococ’, la cual fue
adjudicada en concesi—n a la empresa TCM y luego el Gobierno desisti— del
proyecto, por lo que la empresa est‡ solicitando una indemnizaci—n de $110
millones sin haber construido la obra, advirti— Quir—s.
Ante la solicitud presentada por el juez Aguilar de dar tr‡mite preferente a
la causa actuada por la C‡mara de Bananeros, el caso pasar‡ a estudio de la
Secci—n Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo. Ser‡n tres jueces de
esa secci—n quienes deber‡n resolver si el proceso se desarrolla mediante la
v’a r‡pida o de forma normal.
La virtud de los casos tramitados mediante un proceso contencioso
administrativo es la celeridad con que se resuelven.
Tradicionalmente los proyectos de concesi—n que se desarrollaron en el pa’s
han tardado seis a–os en promedio para iniciar la construcci—n. Otros
fracasaron en el intento.
Precisamente ante los problemas que han sufrido los proyectos gestionados por
concesi—n, el grupo de diputados que analiz— las obras promovidas mediante
este modelo recomendaron congelar los contratos en tr‡mite hasta que se hagan
las correcciones al sistema.
Pero Quir—s, quien se desempe–— como ministro de Obras Pœblicas en el
gobierno de Abel Pacheco, asegura que no es culpa del modelo, sino de los
funcionarios que no lo cumplen al pie de la letra.
|
