Jueves 9 de junio 2011
OPINION
CONFęO EN LA CAPACIDAD Y HONESTIDAD DE NUESTROS JUECES
Luis Paulino Mora *
Luego de leer con atenci—n el mensaje que a travŽs de este medio me
envi— don Roberto Mora Salazar, me parece apropiado darle una respuesta
–tambiŽn pśblica- a los temas que plantea y a las peticiones que me
hace.-
En primer lugar, me gustar’a comenzar por se–alarle al se–or Mora Salazar,
algunos puntos en los que estoy de acuerdo con Žl, por ejemplo, yo creo tambiŽn
que el narcotr‡fico es una de las principales amenazas para nuestro pa’s y que
logra comprar conciencias en todas las esferas y estoy plenamente conciente del
alto grado de peligrosidad de este tipo de delincuentes para quienes los fines
buscados justifican cualquier medio para lograrlos, despreciando incluso la
vida y la dignidad del ser humano si se opone al fin mercantil que buscan.
Usa el se–or Mora Salazar la
palabra ŇterrorÓ para referirse a la situaci—n y creo que tambiŽn tiene raz—n:
Da terror comprobar con los datos sobre denuncias penales la creciente
cantidad de ciudadanos costarricenses comunes y corrientes de todos los niveles
que caen en el error de venderle su conciencia al narcotr‡fico y al crimen
organizado Ňpor unos cuantos d—laresÓ sin que la sociedad costarricense se
decida realmente a atacar y eliminar las razones por las que a una persona le
parece mejor dedicarse a esas actividades il’citas aśn a riesgo de su vida.
En cambio, no comparto con
don Roberto su idea de que una resoluci—n como la que menciona sirva como se–al
de que nada se hace para evitar las acciones de esos Ňindeseables,
corruptos y narcotraficantesÓ.
En Costa Rica, donde todos los
d’as se dictan condenas de muchos a–os de c‡rcel por delitos de narcotr‡fico,
es algo Ňfuera de toda l—gicaÓ pensar que con una sola resoluci—n, en un caso
espec’fico, los narcotraficantes internacionales vayan a concluir que todo el
sistema de justicia costarricense puede comprarse. Al contrario, tengo la
seguridad de que el Poder Judicial costarricense es confiable y la inmensa
mayor’a de quienes lo conformamos somos conscientes del papel que debemos
desempe–ar para fortalecer nuestro rŽgimen democr‡tico. En consecuencia,
nuestras conciencias no est‡n en venta.
Finalmente, me pide el firmante
que Žl y yo hagamos algo para frenar Ňla barbaridadÓ de lo ocurrido con el caso
de dos imputados a quienes se les fij— casa por c‡rcel por parte de una jueza.
Sobre eso quiero recordarle tanto al se–or Mora Salazar como a los lectores de
este diario, que los jueces no tienen jefes que les den —rdenes de c—mo actuar
en los casos a su cargo. Ni Žl ni yo tenemos posibilidad de interferir en las
decisiones tomadas, precisamente para asegurar una regla esencial de toda
democracia que es la independencia de los jueces, quienes solo est‡n obligados
a acatar lo que diga la ley. Lo que s’ podemos hacer -y ya hicimos- es
realizar una investigaci—n disciplinaria para determinar quŽ fue lo que
realmente ocurri— y para sancionar a cualquier juez o funcionario judicial que
se demuestre que ha incumplido con sus deberes o si se ha desviado de lo que es
una conducta jur’dica y Žticamente correcta, segśn la ley.
* Presidente de la Corte Suprema de Justicia