Especialistas
analizan reforma a la ley penal juvenil
Martes, 03 de Mayo de 2011 22:26
La reducci—n
de los l’mites de edad para que una persona pueda ser juzgada como adulto, de
los 18 a los 15 a–os, y el aumento en las penas que se les aplicar‡n en el
futuro son algunos de los aspectos analizados durante el foro Perspectivas
sobre Reformas a la Ley de Justicia Penal Juvenil. Este se efectu—
recientemente en el auditorio de la Biblioteca de Salud.
En la Asamblea Legislativa se encuentra el proyecto de ley nœmero 17615, el cual pretende realizar una reforma a la Ley de Justicia Penal Juvenil.
En la actividad particip— Carlos Tiffer,
consultor del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevenci—n del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), quien se–al—
que en un Estado de derecho las penas no se fundamentan en los sentimientos de
las v’ctimas, para no caer en los deseos de venganza, pues los principios
b‡sicos sobrepasan los derechos de las v’ctimas.
ÒLa verdad no sŽ cu‡l es la motivaci—n de esta reforma. Se supone que con m‡s represi—n se mejora la seguridad ciudadana y eso es una falacia, pues la seguridad ciudadana no depende de las penas. Esta propuesta choca con la convenci—n de derechos de ni–as y ni–os, que los define como aquella persona en el rango de los cero a los 18 a–osÓ, acot— Tiffer.
El experto del ILANUD dijo, adem‡s, que el problema de la seguridad ciudadana no se soluciona al aumentar los a–os de c‡rcel al condenado, sino al atender los problemas sociales m‡s graves.
Mientras tanto Alejandro Rojas, subjefe de Defensa Pœblica del Poder Judicial, recalc— que las normas no nos protegen de los crecientes problemas sociales, como la inseguridad.
Afirm— que se ha legislado en los œltimos a–os sin un an‡lisis serio de las necesidades de la misma legislaci—n. La respuesta hasta ahora es aumentar las penas, sin visualizar otras soluciones.
ÒNi–as y ni–os requieren del apoyo de los adultos para ejercer sus derechos fundamentales. A mayor autonom’a mayor responsabilidad; de ah’ que se establezca una diferencia de responsabilidad penal dentro del mismo c—digo juvenil, entre ni–os de 12 a 15 a–os y de 15 a 18 a–osÓ, puntualiz— Rojas.
ÀY LA INEQUIDAD?
Por su parte, Rodolfo Ch‡vez, abogado penal juvenil, manifest— que si la reforma se lleva a cabo tal y como se plantea, se tratar’a a la persona como un adulto. O sea, se le podr’a condenar a alguien de 15 a–os con una pena de 50 a–os. Esto, a su criterio, lo deja en una posici—n donde ser‡ muy dif’cil reeducarse.
ÒCosta Rica duplica las sanciones a los dem‡s pa’ses de CentroamŽrica y aœn as’ los ciudadanos costarricenses son los que m‡s sienten la inseguridad. El aumento de las penas no nos da m‡s seguridad, no es un disuasivo de la criminalidad, pues la mayor’a de los robos y violencia son productos de la inequidad en que vivimosÓ, agreg— Ch‡vez.
Critic— el trabajo de los medios de comunicaci—n, quienes se han convertido -segœn dijo- en amplificadores de la inseguridad ciudadana, al incrementar dicho sentimiento en el televidente.
Los conferencistas recordaron que la Sala IV fall— en a–os anteriores sobre el tema y se–al— que cuando se trata de juzgar a una persona menor de edad, debe hacerse en forma diferente a los adultos.
Para el diputado Carlos G—ngora, presidente de la Comisi—n de Seguridad y Narcotr‡fico de la Asamblea Legislativa, el debate de esta reforma debe ser abierto, Òpara as’ poder construir la sociedad que todos queremos y resguardar lo m‡s valioso, como lo son las ni–as y los ni–osÓ.
G—ngora record— el hecho de que pa’ses como MŽxico y Colombia han buscado endurecer las condenas para las personas a partir de los 15 a–os, pero los carteles de la droga reclutan como sicarios a ni–as y ni–os de 12 a–os o menos. Esto extiende aœn m‡s la problem‡tica.
Este foro fue organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias Pol’ticas, como parte del proyecto de TCU denominado Apoyo al Programa Nacional de Atenci—n a la Poblaci—n Penal Juvenil.