El acuerdo lo adoptó el Consejo Superior en su sesión Nº 30-11, del pasado 31 de marzo.

Atendiendo las políticas institucionales de accesibilidad a la justicia, los integrantes del Consejo Superior emitieron un acuerdo dirigido a todos los despachos judiciales del país, en donde se propicia un trato expedito y privilegiado en los casos donde se aplique el beneficio de pobreza.
De acuerdo con Lupita Chaves Cervantes, miembro del Consejo Superior, esta directriz representa un avance más en las acciones institucionales de acceso a la justicia y el de brindar la tutela judicial efectiva, en este caso, de las personas en condición de pobreza.
"De esta manera, al dar este trato preferente, se cumple no solo con el instituto procesal de acceso a la justicia, mediante el incidente para litigar con la aplicación del beneficio de pobreza, sino que también se garantiza a esta población que el proceso sometido a consideración gozará de agilidad en el trámite y de una pronta resolución", explicó Chaves Cervantes.
El acuerdo del Consejo Superior se aprobó el 31 de marzo del año en curso, en su sesión Nº 30-11, en el cual se tomó la directriz de solicitarle a los despachos judiciales del país "que a los incidentes de beneficio de pobreza que se tramiten se les dé trato especial, de manera que se resuelvan en forma expedita y privilegiada, conforme lo solicitó la señora Defensora de los Habitantes de la República, dada las condiciones en que se encuentra la población que los presenta, en las que el paso del tiempo sin que se resuelva el conflicto que han presentado a los tribunales, les causa serios perjuicios más allá de los económicos".
Para Milena Conejo, integrante del Consejo Superior, todas las gestiones que se realicen de parte de este órgano judicial, en el tema de población en condición de vulnerabilidad, se procura la aplicación de las Reglas de Brasilia, que garantizan el acceso a la justicia de esta parte de la población, como una forma más de fortalecer su participación activa en los procesos judiciales.