| PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA DEFENSA PÚBLICA | ||
Como lo he sostenido en diversas oportunidades, no cabe duda de que si algo debe ser característico de un buen Poder Judicial es la alta calidad de sus funcionarios. Cuando hablo de alta calidad, no me refiero solo a la preparación académica sino también al compromiso de los funcionarios con los valores éticos y morales de la institución; aspectos a los que me referiré, aunque sea de manera breve, esta mañana. Estamos viviendo una época de cambios tan rápidos como profundos en nuestro modo de vida personal y laboral que afecta prácticamente todos los aspectos de nuestra existencia. Esta época de cambios radicales -que tocan también al Poder Judicial- debemos enfrentarla con la mejor herramienta con la que contamos como lo es el factor humano. Esos funcionarios y funcionarias judiciales que, desde las más diversas tareas que realizan en la institución, interactúan con los ciudadanos y ciudadanas que recurren a ellos, necesitan estar debidamente preparados para enfrentar los nuevos retos. Durante mucho tiempo en nuestro país, y también en nuestro entorno cultural, se dio por sentado que la contratación de profesionales en Derecho era condición tanto necesaria como suficiente para garantizar esa alta calidad buscada para el servicio judicial. En ese sentido, les confieso que todavía hace diez o quince años, yo también pensaba que nosotros como institución, debíamos exponer y exigir a los centros educativos nuestras necesidades de personal, para que ellos ajustaran sus programas y nos proveyeran del recurso humano preparado que requerimos. Ahora, el tiempo nos ha enseñado a todos que nuestras necesidades específicas de capacitación de ese factor humano no serán atendidas a satisfacción sino por nosotros mismos, pues por una parte nuestras exigencias no pueden satisfacerse con una formación legal básica, ni tampoco con programas de posgrado que tienen en mira otros intereses y enfoques. En ese contexto este esfuerzo de la Defensa Pública para la concepción y ejecución de estos manuales de especialización jurídica, en un tema clave como la ejecución de la pena y otro que podríamos decir más casero como lo es el procedimiento disciplinario en la institución, tiene aún mayor relevancia en la preparación del profesional y -principalmente- en el uso de esa enseñanza como instrumento de la administración de justicia. En retrospectiva y haciendo un recuento de lo actuado en materia de capacitación de los funcionarios y funcionarias, el trabajo del Poder judicial como organización estatal y como resultado de ello hemos logrado algo que a mi juicio es trascendental y consiste en concretar en nuestros funcionarios un cambio de actitud. Esa calidad académica de los funcionarios y las funcionarias que les mencionaba debe ir acompañada del compromiso de todos nosotros con los más altos valores morales y éticos. Ya no bastará entonces con nuestro esfuerzo para brindar un adecuado servicio de justicia; tenemos que ser además agentes de promoción de valores y principalmente educadores en nuestro actuar institucional, con el fin de consolidar en la razón y en el corazón de los ciudadanos y las ciudadanas, los avances que hemos logrado en materia de dignidad humana de las personas. Este esfuerzo va dirigido a lo que queremos como Poder Judicial: funcionarios y funcionarias concientes de su condición de ser un elemento clave para el desarrollo de la democracia de nuestro país y con una clara noción de la importancia de la protección de los derechos fundamentales de las personas y que comprometan su trabajo con ese fin. Los momentos que vivimos en el país, con el criterio que se maneja por la ciudadanía del Poder Judicial, hace que nosotros los servidores de este Poder de la República debamos redoblar esfuerzos para que se vea de manera efectiva cual es el valor que un Poder Judicial con servidores bien formados agrega al quehacer democrático de la Nación. Los Defensores Públicos se desempeñan en una labor muchas veces no comprendida por el pueblo, defender a los delincuentes, a las personas que han faltado a su deber con el pacto social, pero si el defensor como persona y como profesional se encuentra debidamente formado y cumple a cabalidad con su función, de seguro logrará satisfacción en su desempeño y comprensión por la difícil tarea que cumple en el rol que le corresponde en el juzgamiento de las personas a las que se les atribuye la comisión de un delito, en un proceso de corte democrático. Cada uno de nosotros, según la función que desempeña está en la obligación de prestar el servicio con la más alta cuota de calidad, ello sólo se logra estando bien formado, queriendo lo que se hace y poniendo el mayor esfuerzo por desempeñar a cabalidad el cargo, aprovechando debidamente los recursos que el país pone a nuestra disposición para que proveamos a los ciudadanos un servicio público de calidad. A los encargados de la formación en la Defensa Pública, les agradezco el esfuerzo realizado por plasmar en estos dos manuales aspectos que son de suma importancia para el desarrollo de su labor y que estoy seguro, porque conozco el recurso humano con que contamos, irán acompañados de la promoción de la excelencia moral y ética que recién les mencioné. A todos los presentes así como a quienes vayan a beneficiarse de este esfuerzo realizado por la Defensa Pública, les pido entonces que tomen de manera seria su compromiso y hagan honor tanto a su prestigio personal como al de la institución, cumpliendo y excediendo las exigencias académicas. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Diseño Gráfico: Iván Pacheco Leon
Colaboración: Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial
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