La necesidad de que el Estado, las instituciones públicas directamente relacionadas con la justicia penal juvenil y la sociedad civil, en general, asuman la responsabilidad de propiciar cambios para mejorar la aplicación de la Ley Penal Juvenil existente y combatir las amenazas sociales que afectan a esta población como lo son la pobreza y el narcotráfico, fueron aspectos que se destacaron durante la Conmemoración del XV Aniversario de la Ley Penal Juvenil que tuvo lugar este 6 de mayo en el Poder Judicial.
Quince años después de iniciar con la aplicación de una justicia penal juvenil apegada al sistema democrático costarricense, las autoridades judiciales señalan la importancia de impulsar modificaciones tendientes al establecimiento de herramientas vitales para la atención de las personas menores de edad en conflicto con la Ley Penal Juvenil.
La creación de un registro de personas en conflicto con esta legislación, una revisión de las medidas cautelares aplicables a esta población costarricense, que venga a mejorar los procesos investigativos, fueron algunos aspectos que destacó la Magistrada de la Sala Tercera, Doris Arias Madrigal, quien participó en el acto inaugural.
"No podemos obviar la puesta en marcha por parte del Estado de programas de prevención, que permitan mantener a nuestro niños, niñas y jóvenes en las escuelas y colegios, con oportunidades reales de desarrollo. Así como la prevención en el consumo de drogas y su tráfico, pues en la actualidad existen grupos organizados que utilizan a jóvenes para la comisión de delitos y en esta problemática resulta vital sancionar a quienes utilizan menores para delinquir", puntualizó la magistrada Arias Madrigal.
En la actividad también se contó con la participación del Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán, el Sub jefe de la Defensa Pública, Alejandro Rojas Aguilar y el Viceministro de Justicia Fernando Ferraro Castro.
El Fiscal General coincidió con la magistrada Doris Arias, en propiciar mejoras legales que permitan esclarecer los hechos delictivos en los que se ven involucrados personas menores de edad mediante la identificación y localización, a través de un registro, así como la revisión de las medidas cautelares, la prescripción de las denuncias y la regulación de las medidas de seguridad.
Alejandro Rojas, Sub jefe de la Defensa Pública, destacó el papel protagónico de esta institución en la implementación de la legislación penal juvenil, pues los datos muestran que casi el 100% de los asuntos de esta materia son atendidos por defensores públicas, por lo que desde sus inicios hace 15 años, han sido garantes de los derechos de las personas menores de edad en conflicto con esta legislación.
El acto inaugural contó con la participación de tres jóvenes quienes compartieron con los asistentes sus testimonios de vida, que gracias a la guía de instituciones como las Aldeas SOS, les permitieron contar con una oportunidad de vida para reintegrarse a la sociedad.
Uno de ellos es Esteban, quien dijo, desde los cinco años deambuló por las calles, "no crean que con el permiso de mi mamá, sino porque me escapaba. Hoy algunos de mis amigos están en la cárcel y otros consumen droga. Si nadie me hubiera tendido la mano, no hubiera podido retomar mi camino. De ahí que es importante que se le dé una oportunidad a los jóvenes que cometieron un error, para reintegrarse a la sociedad y poder ser mejores".