Fortalecer la prestación del servicio público hacia las personas adultas mayores, mediante la debida capacitación al personal judicial, así como la revisión de los procedimientos conforme a sus necesidades, son partes de los objetivos que se desarrollan en el Poder Judicial con la implementación de la Política de Acceso a la Justicia de la Población Adulta Mayor.
Este Poder de la República se ha comprometido por brindar una respuesta oportuna para la satisfacción y protección de los derechos de este sector de la población, reconociendo sus necesidades particulares.
Entre las prácticas que se han implementando se puede mencionar la utilización de una carátula con color distinto en los expedientes judiciales en los cuales figure como parte una persona adulta mayor.
El Sistema de Gestión activa una alarma cuando se incluye la fecha de nacimiento de los intervinientes y se trata de una persona mayor de 65 años, con el fin de que el auxiliar judicial aplique la Política de Adulto Mayor.
Dicha política pretende adecuar los servicios que se brindan de conformidad con la especificidad etárea y necesidades particulares de la persona usuaria, así como simplificar los trámites y requisitos, en el marco de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
El Poder Judicial ha promovido el principio de autonomía de las personas adultas mayores, garantizando la protección necesaria en caso de presentar situaciones de vulnerabilidad.
Se ha sensibilizado a la población judicial sobre la importancia de brindar una atención personalizada.
Tanto la Escuela Judicial como el Departamento de Gestión Humana, programan cursos de capacitación dirigidos a los servidores, servidoras y personal de apoyo sobre la atención preferencial a la persona adulta mayor, derecho a la información respaldada en la necesidad de la existencia de señalizaciones y orientaciones para brindar el acceso al servicio público de justicia con calidad.
Otro de los esfuerzos que se realizan lo hace la Contraloría de Servicios, la cual habilitó la línea de información gratuita 800-800-3000, para que las personas adultas mayores, sus familiares o personeros de instituciones que velan por sus derechos, realicen consultas relacionadas sobre temas de interés y específicamente lo relativo a los trámites y procedimientos para formular adecuada y oportunamente las denuncias y demandas en casos de abuso físico, maltrato, negligencias y otros.
El proceso ha traído grandes beneficios para la población adulta mayor, la cual ha recibido un trato preferente de acuerdo a sus necesidades desde que se implementó dicha política.
Mediante la circular Nº 55-2010 del 14 de abril del 2010, la Secretaría General de la Corte, hizo del conocimiento de las Jefaturas Administrativas, judiciales, de la Defensa Pública, Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial, el acuerdo tomado por el Consejo Superior, en donde se acordó comunicarles la lista de Centros de Atención de la Persona Adulta Mayor, conformada por la cercanía a los circuitos y oficinas judiciales; lo cual permitirá facilitar el acceso a la justicia de las personas adultas mayores.
Con esta política se logra garantizar el reconocimiento de la persona adulta mayor con capacidad plena de derechos y obligaciones.
La vejez es una etapa del desarrollo de la persona y no se debe asociar con la incapacidad o disminución del ejercicio de la ciudadanía activa, si no por el contrario son una fuente de experiencias y grandes valores para el desarrollo de la sociedad.