| CONMEMORACION XV ANIVERSARIO LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL |
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La llegada de la legislación especializada para personas menores de edad, respondió a múltiples inquietudes de la sociedad costarricense. Desde la perspectiva de un grupo, significó una respuesta para el clamor popular de "cárcel para los chapulines", para otros, no solo la adecuación de la legislación nacional a la Convención Internacional de Derechos del Niño, sino también una serie de cambios importantes: en el sistema procesal penal, en las sanciones penales y en la ejecución de la pena. Tuvimos un gran laboratorio en el que en forma novedosa aplicamos el principio acusatorio, la oralidad, el rescate de posición de la víctima dentro del proceso, las formas alternativas de solución del conflicto, el amplio catálogo de medidas alternativas a la privación de libertad, hasta el reconocimiento de derechos en la ejecución de la sanción, todas instituciones inéditas en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley de Justicia Penal Juvenil nos permitió dar un paso necesario hacia una justicia más humana en la materia, pero lo más importante es que vino a adecuar nuestro sistema de justicia penal juvenil, a la ideología de nuestro sistema político, es decir, a un sistema democrático de Derecho. Recordemos que la Ley anterior, trataba como personas de segunda categoría a los adolescentes infractores, y permitía que en nombre de su "bienestar", el juez o la jueza decidieran con su criterio subjetivo, casi siempre arbitrario, aspectos vitales en cuanto a sus intereses en el proceso y a su futuro. Con la promulgación de esta Ley, hace ya quince años, Costa Rica corrigió o adecuó su legislación a su marco constitucional, al mismo tiempo que hacía valer los requerimientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En su momento, este paso constituyó el más importante de los últimos cincuenta años, y quien sabe si no más, en cuanto a la adecuación de la legislación penal juvenil a los postulados constitucionales, y sin duda vino a eliminar mitos antidemocráticos, muy arraigados en nuestro sistema de justicia. Con el empuje de diversos órganos de este Poder la materia penal juvenil ha venido incorporando paulatinamente mayor protección para los derechos fundamentales de las personas menores de edad, pero para nadie es un secreto que en este tema de penal juvenil, tenemos una tarea pendiente. Podemos tener la legislación penal juvenil de avanzada y sin duda con ocasión de foros como las presentes jornadas, de mejorarla sustancialmente, pero no debe invisibilizar en nuestra sociedad el tema de fondo que subyace sobre la necesidad de tener un mayor compromiso del Estado con la realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin duda alguna un mayor respeto a sus derechos genera enormes beneficios no sólo por los aportes de las nuevas generaciones al desarrollo equitativo y sostenible de la sociedad, sino también porque una década después estos niños, niñas y adolescentes tendrán mejores oportunidades y no ingresarán al sistema de administración de justicia penal. Es tiempo ya de preocuparnos por quienes están siendo desplazados del trabajo, que no van a la escuela, que deambulan por las calles, que consumen drogas en los parques, quienes están en riesgo social para que no sean los que luego van a llenar las cárceles en cinco o diez años. La delincuencia organizada está utilizando a menores para realizar esa nefasta actividad y algo tendrá que hacer el país, que no sea solo represión. De otra forma, la inseguridad ciudadana y la violencia social seguirán siendo el pan de cada día de nuestra sociedad. El reconocimiento del menor como un sujeto con derechos implica entonces que el Estado debe enfrentar la minoridad como un factor dentro de las políticas públicas, deben involucrarse todas las fuerzas sociales a nivel político. Desde la perspectiva social se deben crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la persona y desde la perspectiva de la protección jurídica, la promoción de garantías. Tenemos la necesidad de avanzar hacia una verdadera y clara especialización de manera que quienes se encarguen de esta temática conozcan, tanto las particularidades que existen en materia punitiva cuando se trata del juzgamiento de menores, como también se requiere que tengan bien definida esa sensibilidad que da la materia de familia y que es la que permite entender el papel que cumple en estos asuntos la institución de la familia. Por ello, la comisión Organizadora ha dispuesto, dentro de la celebración de este quince aniversario, cinco jornadas de reflexión a propósito de la aplicación del principio de especialidad en materia penal juvenil. Ya tendremos oportunidad durante dichas jornadas de profundizar sobre el contenido y alcances de dicho principio. Más bien, en este sentido acto, no quiero dejar pasar la oportunidad para insistir y recordarles la creciente importancia que tiene una visión amplia y humanista de la administración de justicia. La construcción de la democracia requiere que los ciudadanos tengan márgenes de seguridad con desarrollo humano, empezando por las poblaciones más vulnerables. Ninguna sociedad que excluya a gran parte de su población de los derechos básicos para una vida digna, estará segura, mucho menos en una época en que el miedo, la miseria y la desesperanza son tierra fértil para la criminalidad. La democracia sólo puede florecer en un clima en el que la mayor cantidad de gente perciba los beneficios de ésta, y en eso el Estado está obligado, en su dimensión objetiva, a promover por medio de sus políticas públicas, todas las condiciones necesarias para que el ser humano alcance su potencial y eso sólo es posible en dignidad y libertad, principios esenciales para el desarrollo humano, que conllevan una serie de garantías fundamentales que el estado debe promover y respetar. No puede haber desarrollo humano sin respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas, y cuando comprometemos o negamos los derechos de los niños y adolescentes estamos limitando severamente el desarrollo potencial de nuestras sociedades. Es precisamente en campo de la niñez y la adolescencia donde está el mayor potencial humano; una vez negadas las condiciones de desarrollo en esas etapas, el futuro de nuestras sociedades queda a mi modo de ver completamente embargado. Es ahí donde está el germen de la violencia social, la desintegración familiar, la delincuencia y todos los males que aquejan a nuestras sociedades. Lamentablemente la justicia penal juvenil es un escenario donde cabe constatar esta marcada tendencia hacia la violencia en todas sus manifestaciones, que se ha vuelto corriente en nuestra sociedad y que se nos presenta como un producto social propio de un conglomerado cada día más complicado, desarticulado e insensible al que hay que poner suma atención. Como señala el Estado Mundial de la Infancia del 2011 a los niños, niñas y adolescentes se les describe "como una amenaza a la paz y la seguridad de la comunidad". Como sigue diciendo este informe: "Pero a pesar de las dificultades que encuentran en su proceso de crecimiento, la gran mayoría de los adolescentes aceptan pacíficamente los códigos de conducta de sus sociedades". Por esa razón, es justo en esta materia donde debe estar más presente un mayor compromiso del Estado con la protección y educación de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, pues de otra forma, la inseguridad ciudadana y la violencia social seguirán siendo el pan de cada día de nuestra sociedad. Claro está que en el Poder Judicial nuestra capacidad para influir en las políticas de prevención es limitada, pero como integrantes del sistema de justicia, debemos tener siempre claro que en este tema lo más relevante no es encarcelar a menores, sino mantener a los niños, niñas y adolescentes en las escuelas y colegios, fuera de las cárceles y con oportunidades de desarrollo. Resulta imperativo para nosotros como administradores de justicia mantener una perspectiva democrática y humana en el abordaje de esta problemática y avanzar en todo lo que sea posible para minimizar el impacto violento que de por sí significa el ejercicio del poder punitivo del Estado, por lo que -sin duda alguna- un acercamiento entre jueces juezas y los ciudadanos -sean éstos víctimas o victimarios- puede y debe redundar en una mejor justicia. Creo firmemente que la Justicia Restaurativa debe ser un objetivo de los sistemas de justicia para menores de edad en el que la reconciliación y la reintegración del tejido social les permitan su pleno desarrollo como seres humanos, y les oriente a ser ciudadanos responsables. Escuchando las voces de los jóvenes en conflicto con la ley penal en una experiencia del Círculos de Diálogo en el centro penal Zurquí en el 2010 realizada por la CONAMAJ ellos señalaron entre los factores que colaboran en el desarrollo de las personas menores de edad como seres humanos, el apoyo familiar, la atención y consejos de sus padres, la educación, y la práctica de valores como la confianza, paciencia, tolerancia y disciplina. A todos los participantes les reitero el agradecimiento por su presencia en este acto conmemorativo y les pido que le saquemos el mayor provecho posible, porque ello irá en directo mejoramiento de nuestras funciones públicas al servicio de la justicia. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
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