Es un gusto dirigirles unas palabras con motivo de este tradicional acto de apertura del Año Judicial, que tiene un significado profundamente democrático como obligación constitucional al pueblo soberano sobre la forma en que cumplimos con nuestras obligaciones y sobre la forma en que invertimos los recursos públicos destinados a la administración de justicia.
El informe será puesto a disposición de ustedes en versión electrónica al finalizar este acto, fieles a nuestro compromiso por reducir el consumo del papel y el gasto.
Este año judicial inicia bajo el lema de deje su huella: ud hace la diferencia, como una forma de evidenciar que cada uno de nosotros en sus distintos puestos en la administración de justicia, puede hacer un cambio positivo y real en nuestra sociedad, desde la administración, la judicatura y los órganos auxiliares, cada puesto forma parte de un eslabón, de un sistema, que conforma un servicio público vital para el desarrollo del país y la paz social por medio de la vigencia de la ley y el estado de derecho, como único mecanismo civilizado y democrático en la resolución de los conflictos.
Aprovecho esta ocasión para agradecerles en nombre del señor Presidente de la Corte y las magistradas y magistrados de la Corte, a todas las personas que laboran en este comunidad al servicio de la justicia y que cada día ponen su mayor empeño por mejorar el servicio público, su entrega y mística, especialmente en tiempos difíciles como los que nos ha tocado vivir en cuanto a la enorme demanda de servicio y las limitaciones económicas que atraviesa el Estado costarricense para destinar mayores recursos al Poder Judicial.
Este año quisimos visibilizar tantos aportes tan diversos a lo ancho y largo del país, con nuestro lema de este año judicial por lo que pusimos una aplicación en intranet para que cada uno exprese qué significa ser funcionario judicial y de cómo deja su huella en su trabajo diario. La verdad que ha sido impresionante la participación de casi mil personas, con mensajes como los que voy a leer y que tan sólo son una muestra representativa. En ellos se evidencia ese sello de orgullo que llevamos todos en el trabajo diario.
Y hay cientos de mensajes como estos que pueden ver en la página web que nos llenan de inspiración y orgullo de ser servidores judiciales.
Sin duda es un honor servir al lado de personas tan comprometidas, especialmente en momentos en que pasamos por una época de grandes retos y desafíos. Es un gran aliento saber que existe esta mística y talento capaces de vencer toda dificultad.
Como ustedes saben el Poder Judicial es un espejo de la realidad nacional, y por lo tanto se ve permanentemente afectado por ella. En ese sentido, la década pasada nos revela una administración de justicia caracterizada por un constante cambio, con un vertiginoso aumento en la demanda de los servicios judiciales, tendencia que parece mantenerse año con año, debido a varios factores sociales y económicos en los últimos tiempos. Es un hecho público y notorio que la violencia social ha aumentado en todas sus formas, y ese mayor conflicto social se ha traducido indudablemente, en un aumento en la litigiosidad y demanda de los servicios judiciales.
Como respuesta, hemos destinado esfuerzos importantes para allegar recursos adicionales, así como promover importantes reformas legales y procesales durante esta última década. Para mencionar algunos ejemplos, hemos impulsado legislación en violencia doméstica, derechos de las víctimas, crimen organizado, flagrancia, material laboral, penal, contencioso administrativo, procesal civil, para mencionar sólo algunas.
Asimismo, se ha logrado aumentar la asignación presupuestaria del Poder Judicial y una de las áreas en las que más se ha invertido ha sido en materia penal, a tal punto que actualmente dedicamos más del 40% de nuestro presupuesto a esa materia. Hemos buscado también atender el aumento en la litigiosidad por medio de una amplia inversión en tecnología que nos permita maximizar nuestra eficiencia, con los mismos recursos humanos.‑
Lo anterior se acompañó de reformas en la organización de los despachos para maximizar la utilización de recursos y separar las funciones del juez con las de la administración, para que aquél pudiera dedicar más de su tiempo a los casos, dejando todo el quehacer administrativo a otras disciplinas. Esto último, por cierto, se hizo a solicitud de los propios jueces en los congresos de modernización de la justicia de los años noventa.
Pero también las diversas crisis económicas que han afectado al mundo entero, en distintos momentos en los últimos 10 o 15 años, han tenido un impacto directo en la demanda de servicios, en este caso por razones económicas, más que por el aumento en la violencia. Tales coyunturas han producido una distorsión en el comportamiento normal de los despidos en la economía costarricense e inciden en las demandas en pensiones alimentarias y los reclamos en materias como civil y laboral.
A ello tenemos además que sumar las tendencias mundiales actuales que ejercen una enorme presión sobre los recursos naturales -cada vez más escasos-así como sobre los bienes y servicios, pues el nivel de consumo aumenta rápidamente.- El mundo tiene actualmente 6,8 billones de habitantes y sigue creciendo. Ya no hay fronteras por lo que la demanda por agua, comida y los problemas de salud humana son actualmente -y seguirán siendo- compartidos por toda la humanidad. Y agregado a ello, esa misma globalización produce a su vez otra tendencia que necesariamente afecta el entorno en que se mueven los sistemas de justicia, ya que acelerado desarrollo de la tecnología permite anticipar una mayor invasión de la privacidad de las personas, manipulación de datos, y nuevas formas de criminalidad que van a extenderse al calor de esa innovación tecnológica, con lo cual se abren nuevos retos en protección de derechos y bienes para la población. Todos estos factores aumentan la cantidad de conflictos sociales y económicos que llegan a los Tribunales y terminan afectando todos los indicadores de justicia.
Frente a esta realidad, hemos intentado todo: aumentar recursos económicos; nombrar mas jueces y funcionarios; cambiar leyes y estructuras organizacionales; invertir en tecnología; dar una mayor capacitación; buscar la simplificación de procesos y la introducción de la oralidad en todas las materias, así como la resolución alternativa de conflictos; mejorar los niveles de acceso; establecer estándares éticos y de calidad y promover la participación ciudadana, solo para mencionar algunas de las ideas puestas en práctica.
Para cada uno de estos temas tenemos una comisión, oficina o grupo de trabajo dedicado con esmero y trabajo profesional para dar una solución y puedo dar fe de que no existe Magistrada o Magistrado de esta Corte que aparte de sus quehaceres jurisdiccionales, no esté involucrado o comprometida de lleno en los temas del gobierno judicial en alguna de sus formas. Pero todo eso ha resultado insuficiente para tener una verdadera justicia acorde a nuestros tiempos, en donde la solución del conflicto social pueda asegurarse que se dará en un plazo razonable.
No sobra decir que muchos de los esfuerzos emprendidos en nuestro país, han sido reconocidos a nivel iberoamericano, talvez porque muchos países amigos comparten los mismos retos y procuran soluciones para sus recargados sistemas judiciales. Sin embargo como el mal de muchos no debe ser excusa, debemos redoblar esfuerzos si queremos que los sistemas de justicia dejen su papel de administrar crisis y apagar incendios y logren trascender y constituirse en verdaderas respuestas a los problemas actuales de nuestras cambiantes sociedades. Actualmente, nada de lo que se intenta parece suficiente. Simplemente no se logra satisfacer la demanda de servicio y las expectativas ciudadanas no se ven plenamente satisfechas, especialmente cuando se trata de la materia de seguridad ciudadana.
Pero aún dentro de este mar de dificultades que hemos debido enfrentar y de la creciente avalancha de litigios que ahogan la administración de justicia, y que realmente no podemos resolver en el plazo que quisiéramos, considero que el panorama de la justicia costarricense ha sido bastante positivo, una vez que nos salimos del análisis meramente numérico y considerando los retos que hemos debido enfrentar en tan corto plazo.
Sin duda alguna, el Poder Judicial costarricense ha tenido un destacado desempeño en su rol de promotor y defensor de valores como el respeto a la ley y el estado de derecho, el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y la defensa de las libertades ciudadanas en general.En éstas últimas décadas y especialmente en la última, hemos dado enormes pasos hacia un sistema de justicia más transparente, accesible y orientado a la atención de las poblaciones más vulnerabilizadas, que ha marcado el intento serio de transitar de un modelo de justicia liberal orientado a la defensa de capitales e intereses económicos, hacia otro cuya filosofía entona con la promoción del estado social de derecho recogido en nuestra Constitución Política y que nos obliga a situar al ser humano como eje central de actuación.
Es un mérito indiscutible de los Magistrados y Magistradas que en estos últimos años han conformado la Corte, tener una visión clara de la diferencia entre una justicia que se preocupa exclusivamente por asegurar la igualdad formal de las personas ante la ley, y otra, más nueva y comprometida, que ve mucho más allá de los expedientes a las personas de carne y hueso con sus limitaciones reales para la defensa de sus derechos.- De ese modo, y en consonancia con las más valiosas tendencias internacionales, hemos formado parte, por ejemplo, de los Poderes Judiciales que han aprobado las reglas de Brasilia sobre accesibilidad y acceso real al sistema de justicia, tema que hemos tomado muy seriamente como cualquier persona objetiva puede comprobar.-
Y en igual sentido, la preocupación por la víctima, por la persona de escasos recursos, por los grupos vulnerabilizados y por el género, entre otros, deja ver sin lugar a dudas nuestro compromiso para actualizar la justicia con valores y principios de un verdadero Estado de Derecho en el que todas las personas tienen la posibilidad real de defender sus derechos .- Esto constituye una de las más ambiciosas y radicales modificaciones que estamos enfrentando en nuestro sistema de justicia, y que requerirá esencialmente una radical modificación de muchos de nuestros actuales modos de pensar la justicia.
Por otra parte, tenemos interés en trabajar a la par de las personas en la construcción de soluciones y por ello estamos desarrollando espacios cada vez más relevantes para la participación ciudadana.- La razón para ello es evidente: un modelo judicial acorde con principios democráticos y orientado socialmente no puede construirse en una oficina cerrada y en aislamiento.- Por el contrario, hay que salir a las comunidades, oír a las personas, educarlas y enseñarlas a participar de manera productiva en la búsqueda de soluciones y no simplemente a producir críticas sin fundamento ni finalidad útil. Eso es lo que estamos haciendo por medio de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Con ello estamos procurando lograr no solamente una justicia más familiar para las personas, sino además una ganancia en transparencia y claridad en la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía.-Todos estos procesos no pueden estar al margen del fortalecimiento de los valores y de sistemas que aseguren la calidad del servicio, temas en los que hemos hecho avances importantes a través de proyectos muy concretos, cuidadosamente diseñados y bien desarrollados.- No cabe duda de la presencia de importantes valores éticos en el servicio de la justicia es esencial a este momento, en que el respeto a ellos en la comunidad ha venido a menos. Sólo con un Poder Judicial comprometido seriamente en el cumplimiento de esos valores, se puede rescatar la credibilidad que se hecha de menos en los sistemas estatales de solución de conflictos. Apovecho la presencia de doña Carmen María Escoto, Coordinadora de la Comisión de Valores y de las y los ntegrantes de las distintas comisiones que hoy han sido juramentados, para agradecer el compromiso con esta importante tarea. Quisiera agregar que además existe un firme compromiso de la institución con la transaprencia y la probidad en el ejercicio de la función, de tal forma que seremos firmes en aplicar la ley con todo su rigor para actos de corrupción interna sin ningún miramiento.
Pero no debemos perder de vista que estos esfuerzos no son suficientes si no vienen acompañados de un compromiso nacional por el fortalecimiento del sistema de justicia. Si queremos brindar soluciones reales a la ciudadanía y seguir siendo un pilar fundamental para el desarrollo y la democracia costarricense, el sistema de justicia debe ser tomado en serio y ocupar un lugar relevante dentro de la estrategia de desarrollo nacional. También, debe abandonarse la idea de que a través de los sistemas de justicia se puede resolver todo, y más bien debemos construir un sistema de justicia integrado, lo cual comienza por una política integral de desarrollo nacional que esté contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, tal y como debe ser, en razón del rol preponderante de la justicia para el desarrollo económico y estabilidad social de nuestra sociedad. Está claro que no puede existir un Estado ni mercado eficiente, con una justicia lenta, burocratizada y desfasada de las necesidades de la sociedad en la que está inmersa. Haber hecho de la justicia la 'cenicienta' de los procesos de reforma del estado y de los planes nacionales de desarrollo, cuando todos sabemos que la justicia y la seguridad son quizás las más básicas de las responsabilidades del Estado, demuestra sin duda cuánto debemos corregir para mejorar.. Definitivamente ningún país que pretenda mantener su estabilidad social y alcanzar niveles de desarrollo, puede darse el lujo de no tener al sistema de justicia entre la primera de sus prioridades. El esfuerzo que se hizo por tomar en cuenta la administración de justicia en el plan de seguridad ciudadana, dando una visión de respuesta integral del Estado al problema, debe hacerse en todas y cada una de las áreas del sistema.
Por otra parte, es un mito pretender que los problemas de la justicia se resuelvan solo desde el Poder Judicial porque sobrepasan nuestras competencias y la capacidad instalada de nuestra institución.- Es necesario que el Estado como un todo esté totalmente articulado en temas de justicia, a partir de un Plan Nacional del Sector Justicia, que incluya como mínimo un abordaje integral de atención a la víctima, políticas de racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico para resolver la maraña legal que ahoga nuestra gobernabilidad, una política de seguridad integrada cuya base puede partir de los esfuerzos ya hechos, pero que incluya una verdadera política criminal y penitenciaria, y un abordaje específico de la problemática de la población penal juvenil.
Los retos son grandes pero les aseguro que hemos puesto nuestro mayor empeño para salir adelante con los recursos humanos y materiales con que cuenta la institución. Sabemos de la grave crisis fiscal por la que atraviesa el país y naturalmente que quisiéramos se nos asignaran mayores recursos para poder dotarlos a ustedes de todas la herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de trabajo, pero debemos ajustarnos a la realidad presupuestaria que sabemos que es difícil.
Creemos que hemos avanzado mucho y con gran esfuerzo, procurado mejorar al mismo tiempo los valores democráticos de la justicia como son la independencia, la transparencia y accesibilidad, al mismo tiempo que los indicadores meramente materiales y numéricos. A pesar de las dificultades y amenazas del entorno, tenemos la mejor de todas las armas que es un capital humano comprometido en todo lo ancho del país, un inmenso contingente de servidores y servidoras judiciales como ustedes que tienen el compromiso de hacer las cosas mejor, altamente capacitado y con un espíritu inflexible cuando se trata de cumplir con el deber y dichosamente con altos valores morales en el ejercicio de sus funciones.
Hoy quisiera aprovechar esta ocasión, para hacer un llamado al personal de esta noble institución, para que trabajen por un Poder Judicial valiente e independiente y dejen -cada uno desde su campo y en su trabajo- una huella y un cambio positivo día a día.-. Sumadas todas las voluntades, habremos procurado borrar muchas lágrimas y hacer una diferencia positiva en nuestra sociedad.