Ni para la gradería de sol ni para ninguna otra

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Álvaro Burgos Juez CoordinadorJuez Coordinador, Tribunal Superior Penal Juvenil. Catedrático Facultad de Derecho UCR 07:46 a.m. 01/05/2011

En días pasados, precisamente un día antes de tener que salir del país, y una semana después de que el Poder Judicial me concediera el Premio Ulises Odio, tuve la desagradable experiencia de experimentar de primera mano cómo se producían una serie de erróneas interpretaciones de una frase por mi pronunciada, que describiría como: “tomar un texto fuera del contexto para afirmar un pretexto”.

A solicitud de la oficina de Prensa del Poder Judicial, acudí a ofrecer declaraciones sobre la supuesta liberación de 7 acusados menores de edad, y di una detallada explicación a la periodista de cómo funciona el proceso penal juvenil, en donde yo, como parte de un tribunal con 3 jueces, tuve que conocer la apelación de 2 personas menores de edad acusados, y concurrí con el voto unánime, al dictado de la declaratoria de ineficacia o nulidad de la resolución de un juzgado penal juvenil, por cuanto consideramos que esta era ayuna de fundamentación en cuanto a aspectos de fondo. Esto no fue pasado en la entrevista del medio respectivo.

También le aclaré a la periodista que no habíamos liberado a 7 muchachos, sino que ya la jueza de primera instancia en su momento había cambiado las medidas cautelares y liberado a la mitad de ellos con anterioridad a la apelación planteada únicamente por 2 de ellos, pero esto tampoco fue transmitido luego, sino que se dijo erróneamente que había sido yo quien con mi resolución había liberado a los 7 acusados menores de edad.

Finalmente fui enfático en decir a la periodista que el que se hubiera puesto en libertad a dichas personas que habían apelado no significaba que no se pudiera continuar con el proceso respectivo en su contra, e incluso que se volvieran a pedir medidas cautelares en su contra, y que, si estas eran debidamente fundamentadas por el juez, podrían volver a tener que imponérseles a quienes así lo requirieran, y que por supuesto la aplicación o no de una medida cautelar no implicaba que, a la hora de un posible debate, estos no pudieran ser sancionados.

Tergiversaciones. Pese a toda la explicación antes descrita, que no fue reproducida por el medio televisivo, la periodista me preguntó directamente qué le decíamos nosotros los miembros del tribunal a los vecinos de la ciudadela en donde los 7 imputados menores de edad ahora estaban en libertad gracias a nuestra resolución –pese a que ya le había aclarado antes que no había sido así– y en ese momento fui enfático en decir que entendía perfectamente la lamentable situación de los vecinos del barrio afectado, pero que los jueces no podíamos juzgar con el estómago, el hígado ni el corazón, que no hacíamos nuestra labor para satisfacer el clamor popular de las mayorías, es decir que “no juzgábamos para la gradería de sol”(única frase que fue pasada de forma descontextualizada una y otra vez), entendida esta, por supuesto, como sinónimo de la mayoría de la población que presenciaba un evento y se pronunciaba acerca de este, y sin que esto de ninguna forma representara ninguna referencia a la clase social, ni mucho menos al lugar específico de los hechos investigados.

Lo que se enfatizó es que, aun en aquellos casos en que el juzgador pudiera pensar que su decisión de poner en libertad a un imputado podría ser impopular conforme a la mayoría, es su obligación el regirse conforme a lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley, y nunca simplemente responder a un criterio populista, puesto que las decisiones judiciales no son el producto de un plebiscito popular, sino de una decisión legal y técnicamente establecida.

Esos “tecnicismos” legales son ni más ni menos el bastión de nuestro sistema garantista y democrático de derecho, y en la medida en que se irrespeten para satisfacer a alguien o algún grupo, entonces atentaríamos contra la objetividad de la labor judicial y la independencia del juez imparcial, por lo que quienes administramos justicia no nos debemos ni a la gradería de sol, ni a la de palco, ni a ninguna otra, sino que algunas veces tenemos que darle la razón a una parte, y en otras, dependiendo de las circunstancias, a la parte contraria, luego del análisis objetivo de los hechos y de las pruebas que existen.

Nuestra labor como jueces de un tribunal de segunda instancia implica además el tener que valorar con objetividad y valentía las decisiones de los jueces inferiores, y no será la primera ni la última vez que tengamos que darle la razón a quien representa a la defensa de un imputado, como muchísimas veces lo hacemos también a quien representa al órgano acusador, todo de conformidad con la aplicación objetiva de la Ley y la Constitución, y eso sí, con el respeto y la humildad que he tenido siempre en la labor que realizo frente a todos los ciudadanos, independientemente de su credo, color político, clase social, nivel educativo, sexo o lugar en donde viven.