JUECES Y JUEZAS…A LOS LEONES

Roberto Madrigal Zamora
Defensor Público

El periódico La Nación en un artículo publicado el 1 de abril de este año bajo el título "Corte autoriza a jueces a defender fallos por la prensa", coloca entre comillas y atribuidas directamente a dos magistrados dos frases que se entiende entonces son citas textuales y las cuales dicen: "Me parece que si un juez es atacado indebidamente y se hacen comentarios que no se ajustan a la realidad, quien debe ejercer el derecho de respuesta en el medio correspondiente es el propio juez o jueza" expresada por el magistrado Mora Mora; y "Estimo que lo importante es que los jueces tengan la seguridad de que ellos están en la obligación de aclarar cuáles son sus actividades como jueces" expuesta por el magistrado Solís Zelaya.
Si el tema es la confrontación que la judicatura -en tanto tal- tiene actualmente con las empresas de trasiego masivo de la información, la óptica que se expone en las citadas posiciones es impertinente aunque pueda ser legalmente correcta.
Por una parte es obviamente cierto que el derecho de respuesta asiste a quienes ejercen la judicatura (tal como le asiste al resto de la ciudadanía), sin embargo las hipótesis en que se puede ejercer ese derecho –frente a informaciones inexactas o agraviantes- no parecieran configurarlo como una herramienta útil para enfrentar el cuestionamiento que a la labor judicial realiza el periodismo nacional.
Veamos.
El "suceso", categoría periodístico-publicitaria con que la prensa escrita y electrónica aborda el tema del delito y la respuesta legal al mismo (que es el campo en el que se actualiza el cuestionamiento de la prensa sobre la labor de los jueces), no necesita como sustento de su insidiosa injerencia en la opinión pública de la inexactitud o del agravio a la figura del juez.
Su esencia se encuentra en la presentación parcializada de la información a través de –entre otras técnicas y estrategias- la entrevista a ciertos expertos que sostienen opiniones que calzan con la línea editorial del noticiero; mediante la explotación y presentación en primera plana de los sentimientos más instintivos de quienes han sido víctimas de un delito; por medio de la cita de estadísticas policiales que por definición responden a criterios de selección de menor rigurosidad; por la vía del juicio anticipado sobre la responsabilidad de los sospechosos; etc. Con recursos como estos sin necesidad de tergiversar un acontecimiento, sin necesidad de agraviar a un funcionario en particular y sin necesidad de manipular los datos, la prensa logra enemistar al ciudadano con la figura del aplicador de la ley.
Frente a la parcialidad de quien no está obligado a ser imparcial –el medio noticioso- el aferrarse al derecho de respuesta como escudo que salvaguardará la correcta divulgación de lo que es la función de juzgar es, por decir lo menos, una ingenuidad.
Por la otra parte es obviamente cierto que los jueces al igual que todos los funcionarios y figuras públicas y privadas cuya labor incide en el giro de la institucionalidad de un Estado tienen la obligación de rendir cuentas; pero elevar al periodista sucesero –que como se desprende de lo antes dicho es el que en la actual lógica de la prensa se encarga de cubrir el acontecer judicial- al rango de intermediario válido entre la ciudadanía y la judicatura me parece absolutamente inadecuado.
El cuestionamiento noticioso que hoy por hoy se hace a la función de los jueces penales en nuestro país es una más de las facetas de la Campaña de Ley y Orden que las empresas de trasiego masivo de la información han echado a andar en torno al tema del delito; campaña que entre otros rasgos se caracteriza por la explotación de la figura de la víctima, la exigencia de una penalización desenfrenada, la presentación protagónica de jerarcas policiales y juristas expertos que comparten la visión de la prensa, el manejo de un estereotipo de delincuente, la reducción del tema de la seguridad ciudadana al problema de la incidencia delictiva, etc.
En ese contexto a la prensa no puede honrársela presentándola como el escenario en el que con objetividad, en igualdad de condiciones y con la intención de fortalecer la democracia se le permitirá al juez exponer la razón de ser de los principios políticos garantistas que constituyen la base de un estado social de derecho. A la prensa no le interesa posibilitar la rendición de cuentas sino la creación y mantenimiento de un espacio publicado –no confundir con público- de linchamiento.
Que los eufemísticamente llamados "medios de comunicación" hayan convertido la cobertura del quehacer judicial en un nuevo circo romano es una perversión entendible –que no justificable- desde el hecho de que aquellos no son más que una empresa que requiere ganancias, pero que la cúpula del Poder Judicial bendiga la entrega de los cristianos para ese circo me parece…desnaturalizado.

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