Los Problemas de una Rama del Sistema de Gobierno
La corrupción, la falta de capacitación de los funcionarios y el retraso en los procesos de la administración de justicia son algunos de los problemas más sobresalientes de los sistemas judiciales de los países andinos.
Redacción Zona Andina
Tiempos del Mundo
El sistema judicial en la Zona Andina muestra un panorama lleno de contraste donde, tristemente, el denominador común es la lentitud en la resolución de procesos, la falta de recursos y la presunta manipulación por los gobiernos de turno. De acuerdo con un reciente estudio de la Comisión Andina de Juristas, el problema más grande es la corrupción y, además, hay otras deficiencias como el retardo en la administración y la falta de capacitación de los operadores. En esa investigación, los encuestados consideraron que el motivo principal de la corrupción son los sueldos bajos y la ausencia de mecanismos de control.
El ejemplo de Perú es revelador. Allí, el Poder Judicial es visto como la institución más corrupta del país. En la última encuesta nacional sobre corrupción, presentada por el Consejo Nacional para la Ética Pública, esa fue la opinión del 74 por ciento de los entrevistados.
En el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) los casos judiciales eran resueltos a favor de los ‘amigos’ del presidente; no existía autonomía en las decisiones judiciales y la injerencia del poder político en la justicia era muy evidente. El consultor y catedrático de derecho procesal y arbitraje Carlos Matheus López considera que, para el caso peruano, "el Estado debe promover una cultura de respeto y responsabilidad ciudadana que coadyuve en esta lucha contra la corrupción, pues la preterición de este tipo de conductas es responsabilidad de todos".
Por su parte, la justicia en Colombia está a punto de enfrentar dos momentos cruciales: de un lado, una reforma estructural a través de una ley que deberá ser tramitada en el Congreso y que fue pensada desde los primeros días del gobierno de Álvaro Uribe Vélez; del otro, la transición al sistema acusatorio, que se ejecutará a partir del primero de enero del año entrante.
Algunos analistas locales han advertido que en el país no habría dos entidades pares para librar un pulso judicial. El sistema nacional de Defensoría Pública será el encargado de garantizarle el debido proceso a la población acusada. Lo malo es que mientras la Fiscalía es una entidad creada desde 1991 -con un alto presupuesto y una senda infraestructura-, la Defensoría Pública, que es actualmente una dependencia de la Defensoría del Pueblo, necesitaría un altísimo presupuesto para igualar su capacidad operativa con el ente acusador.
Esa disparidad no es bien vista por Asonal Judicial (la Asociación colombiana de Trabajadores de la Justicia). El presidente de esa entidad, Luis Fernando Otálvaro, denuncia que "si no hay un sistema fuerte para garantizar la defensa, no puede haber sistema acusatorio". El gobierno, por su parte, propondrá en la reforma el procedimiento de la oralidad en todo el sistema judicial. El presidente Uribe ha explicado que ese será el primer punto que se presentará al Congreso. "Es generalizar la oralidad en todas las materias; lo que ya hicimos para la Fiscalía, consagrarlo para las otras materias".
En Venezuela el tema se analiza desde la polaridad política que se vive. Según la oposición, la modificación de la ley del Poder Judicial es un paso definitivo para el control de todos los poderes del Estado por parte del presidente Hugo Chávez. Para los impugnadores del mandatario, el ‘secuestro’ de los tribunales de justicia consolidó en el país una "dictadura con barniz democrático". La Comisión Internacional de Justicia dice que la modificación de la ley del sistema judicial llevará a "una subordinación inaceptable al poder político".
En la actualidad, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ultima los detalles para el nombramiento de los nuevos treinta magistrados del máximo tribunal. Sin embargo, aunque no se tomara esa medida, el chavismo ya ejerce un control total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los juristas adversarios de Chávez destacan que el Poder Judicial quedó completamente desestabilizado desde 1999, cuando asumió el mandatario y fue disuelta la Corte Suprema para sustituirla por el TSJ. Desde entonces, más del 80 por ciento de los jueces de todos los tribunales pasaron a ser provisionales y altamente vulnerables a las presiones políticas.
En Bolivia, el panorama es similar: el Poder Judicial siempre ha estado colonizado y manipulado por el sistema político, de acuerdo con la opinión de diversos analistas. En el pasado y en el presente, la designación de autoridades judiciales ha sido atribución privativa del Congreso, facultad constitucional que es utilizada por los partidos para poner en puestos claves a abogados identificados con su línea ideológica, incrementando así las irregularidades denunciadas frecuentemente como la retardación en los trámites de demandas y la corrupción.
Dentro de las reformas estructurales, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) dio pasos decisivos para readecuar las leyes a los cambios mundiales. Así se creó el Tribunal Constitucional, como órgano máximo de apelación, el Consejo de la Judicatura, con atribuciones de fiscalización a magistrados y el Defensor del Pueblo.
Como se ve, la realidad de la justicia en los países andinos no es muy clara. En la zona es muy común recurrir a los estrados para resolver conflictos que podrían ser resueltos fuera de ella: En 1998, el profesor Carlos Matheus llevó a cabo el diseño legal y organizativo de los módulos básicos de justicia, como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo. "Éstos importan una experiencia inédita en el Continente que busca hacer más accesible, eficaz e integral la administración de justicia, al eliminar muchas de las barreras que impiden el acceso efectivo de los justiciables a la resolución de sus conflictos", explica el experto.
Acoger esas u otras recomendaciones no parece fácil: cualquier reforma exige sendos trámites legislativos. Lo cierto es que, entre tanto, la corrupción, la falta de capacitación de los funcionarios y el retraso en los procesos son el cáncer de esa rama del poder público.
Justicia politizada y sin credibilidad
Ramiro Aguilar, reconocido jurista ecuatoriano, ha vivido en carne propia los sinsabores de la justicia lenta y politizada en Ecuador. Su caso es conocido en el país por haber defendido al editorialista del diario El Comercio, Rodrigo Fierro, acusado de injurias por el ex presidente y líder del Partido Social Cristiano (PSC), León Febres Cordero.
El defensor de Fierro presentó la solicitud de recusación (nulidad de la sentencia) en contra de los tres jueces titulares de la I Sala de lo penal que condenaron a un mes de prisión al columnista. La solicitud se efectuó en vista de que esa Sala habría estado conformada por magistrados afines a la derecha (PSC), por lo cual el caso no habría sido tratado con total imparcialidad.
Aguilar dijo en ese entonces que "la posición crítica de El Comercio frente a la injerencia política en la función judicial es un antecedente para sospechar que no habrá imparcialidad en el trámite del recurso". Hoy en día vuelve a reivindicarlo. En entrevista con Tiempos del Mundo, el abogado aseguró que "la gente no cree en la justicia en Ecuador". Apoyándose en algunas cifras advirtió que "el 51 por ciento de los abogados opina que el poder político y económico sí sirven para ganar un juicio".
Su teoría se sustenta también en un reciente estudio basado en las condicionantes institucionales de la justicia ecuatoriana, llevado a cabo por encargo de Transparencia Internacional en el año 2000. De acuerdo con esta investigación, el 38 por ciento de los jueces cree que, en la mitad de los casos, los abogados tratan de ganar un juicio "no basados en su mérito profesional, sino en medios deshonestos". Pero eso no es todo. El 31 por ciento de los empresarios opinó que no se puede ganar un juicio sin pagar a un juez. "En los últimos cuatro años, las condiciones han empeorado desde este estudio", dijo Aguilar sin duda alguna, antes de responder algunos interrogantes sobre el tema.