El proyecto de ley se tramita bajo el expediente # 17.595 en la Asamblea Legislativa.

La Corte Plena entregó a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el análisis del proyecto denominado “Ley Reguladora de los contratos inmobiliarios y de la correduría de bienes raíces”, en el cual se señala una serie de observaciones, dudas e inquietudes en algunos de los artículos sobre los puntos de prescripción o nulidades que se están señalando y otros ajustes importantes.

El informe fue realizado por el Magistrado Oscar González Camacho, integrante de la Sala Primera de la Corte a solicitud de la Asamblea Legislativa.

Mediante la iniciativa se pretende regular negocios jurídicos de índole inmobiliaria, así como la actividad de correduría de bienes raíces. En particular, se norman aspectos del contrato de compra-venta de inmuebles, la opción de compra-venta, el depósito de cumplimiento, el fideicomiso inmobiliario, el arrendamiento financiero inmobiliario, así como el de seguro de títulos inmobiliarios.

A la vez otorga la condición de título ejecutivo al contrato de corretaje y establece como regla general,  que la vía para la solución de los conflictos se puede presentar en sede arbitral.

El Magistrado González Camacho señaló que la redacción de distintos artículos quedaría duplicada, puesto que además de incorporarse como parte de la ley propuesta, se modifica, con el mismo texto, normas del Código Civil y de Comercio, lo que genera una duplicidad inadecuada. Por otro lado, algunas normas contienen regulaciones innecesarias, ya que en la actualidad integran el ordenamiento jurídico, por lo que no lo innovarían.