El Magistrado José Manuel Arroyo, Presidente de la Sala Tercera de la Corte fue el encargado de la rendición de cuentas.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se fijó como meta que para el próximo mes de abril se hayan votado alrededor de 200 asuntos pendientes del 2009, por lo que luego tramitarían únicamente casos del 2010 y 2011. Asimismo se espera como reto, la puesta en marcha de cinco nuevas sedes del Programa de Flagrancias en Liberia, Santa Cruz, Gúapiles, San Carlos y Corredores.

Así lo aseguró el Magistrado Jose Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente de la Sala Tercera durante el informe de rendición de cuentas que realizó el pasado 4 de marzo.

Dicha Sala inició el 2010 con un circulante de 1371 expedientes, durante ese mismo año ingresaron 1519 asuntos y finalizó con un activo de 1420 casos activos, por lo que logró resolver un total de 1470 asuntos.

Del total de casos, el 23% fue resuelto con lugar, un 74% sin lugar y un 13% se declaron inadmisibles.

En cuanto al tipo del delito, la mayor cantidad de recursos de casación ingresados fueron delitos contra la propiedad con un 72%  y por delitos contra la vida un 25%.

Arroyo Gutiérrez destacó que “durante el año 2010, si bien tuvimos un balance desfavorable entre el total de ingresos y de asuntos resueltos, ciertamente podemos mostrar con satisfacción los resultados en cuanto a una baja significativa en los promedios de tiempos de duración de los asuntos en nuestra oficina, en donde se registró una tendencia a la disminución que se marca con claridad desde el año 2008, siendo en la actualidad de 14 meses y 2 semanas para revisiones y 10 meses y 2 semanas para casaciones”.

Destacó que el año anterior se dieron importantes resoluciones en materias variadas como la normativa a aplicar en delitos por la prensa, el alcance de la responsabilidad penal en delitos culposos referidos a intervenciones médicas en centros hospitalarios, la responsabilidad civil en general según antecedentes de gran valía, la compleja cuestión de la responsabilidad penal en agresiones dómesticas o delitos contra las mujeres, el derecho a la justicia penal por parte de la población indígena, entre otras.