Ana Virginia Calzada Presidenta Sala Constitucional

La Sala Constitucional de Costa Rica, junto con el Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe (CEFCCA), les damos la más cordial bienvenida a estas jornadas, que ya suman 15.  Durante muchos años, la Sala se ha preocupado por realizar estas jornadas con el fin de analizar los temas más relevantes en el ámbito constitucional.  En esta oportunidad, los tópicos escogidos serán de mucho interés para la audiencia, ya que representan aspectos de medular importancia para el futuro de la jurisdicción constitucional en Centroamérica.  Así, la “Relación de los Tribunales Constitucionales con otros Poderes del Estado” es un tema que, hoy por hoy, ha alcanzado un interés especial, pues de todos es conocido los problemas que muchas veces se suscitan entre los Tribunales Constitucionales y alguno de los otros Poderes del Estado, que ven con recelo las decisiones de aquéllos por estimarlas una intromisión en sus propias competencias.  De allí que la necesidad de hacer un deslinde competencial entre unos y otros y establecer claramente las relaciones entre dichos Poderes del Estado y el Tribunal Constitucional, más que un requerimiento teórico representa una necesidad práctica.

En este campo, las reformas a la jurisdicción constitucional debe ser únicamente la necesaria para hacerla más ágil e efectiva.  Toda reforma que pretenda poner mordazas a los Tribunales Constitucionales no sólo atenta contra éstos, sino que implica una degradación de la democracia misma.

En Costa Rica existen sectores interesados en disminuir las competencias y el campo de acción de la Sala Constitucional bajo el pretexto de que ésta se ha excedido en sus competencias y ha invadido terreno propio de otros Poderes de la República.  Sin embargo, las actuaciones que se reprochan no son más que acciones tendentes a impedir la arbitrariedad en la que, con cierta frecuencia, incurren los Poderes Públicos.  Se comprende, entonces, la molestia que el ejercicio de la jurisdicción constitucional les causa.  Es claro, que la competencia de un Tribunal Constitucional, para que sea efectiva, debe ser sumamente amplia, ya que es el propio Tribunal el que, con base en el principio de autocontención y según la coyuntura  histórica y social de momento, ejercerá en mayor o menor grado esa competencia.  Despojar a los Tribunales Constitucionales de tales potestades implica desnaturalizarlos e impedir que cumplan el fin para el cual fueron creados. 

El tema de las minorías y la protección efectiva de sus derechos fundamentales es también una prioridad en nuestra sociedad, sobre todo cuando la marginación es estructural y, además, las barreras culturales, las costumbres y el derecho mismo tienden a mantener una situación de desigualdad y disminución o anulación de los derechos fundamentales o culturales de minorías étnicas o de grupos de determinada orientación sexual.  La apertura de la sociedad y el cambio de mentalidad al respecto, si bien es un proceso paulatino su realización más tarde o más temprano depende del esfuerzo que pongamos en ello y la toma de conciencia al respecto.

Un factor importante que incide en el retardo del proceso es la resistencia de determinados sectores de la sociedad que ven amenazados sus intereses económicos o sociales y, por ello, se oponen al cambio e impiden el logro de una sociedad verdaderamente democrática en la que las oportunidades de progreso no estén reducidas a determinados estratos.

En el tanto logremos sociedades más justas, en ese mismo tanto tendremos mayor seguridad social.

Otro tema que también ocupa nuestra atención es el relativo al derecho a la salud, terreno en el cual la Sala Constitucional de Costa Rica tiene una copiosa jurisprudencia.  En ésta es posible detectar líneas y tendencias jurisprudenciales que han producido una evolución dinámica en la concepción y alcances de este derecho.  Considero que se ha contribuido eficazmente a que la tutela de este derecho llegue hasta los sectores más pobres de la población.

La bioética y su relación con los derechos fundamentales es una materia de capital importancia cuya definición tiene repercusiones prácticas profundas en la tutela de determinados derechos fundamentales.

Finalmente, se tratará el tema de la tecnología y su aplicación por parte de la jurisdicción constitucional.  En este terreno la Sala ha acumulado una gran experiencia, pues a nivel del Poder Judicial ha sido pionera en utilizar las herramientas informáticas que se han puesto a su alcance para mejorar el servicio prestado.  En pocas palabras, ha puesto los avances tecnológicos al servicio de los usuarios, adoptando herramientas más eficaces y seguras para la realización de sus labores diarias.  Esta adopción tecnológica implica, asimismo, una reeducación tanto del personal de la Sala como del usuario.

Los temas a tratar son, como pueden ver, de muy diversa naturaleza, pero todos tienen una gran incidencia en la realidad de esta región.

Estos encuentros centroamericanos que gracias al esfuerzo de todos se han venido realizando regularmente, representan el espacio necesario para intercambiar las diversas experiencias de los países de la región, los cuales comparten una cultura y una historia semejante, no obstante las particularidades de cada uno.

Las jornadas nos permiten nutrirnos de las diversas experiencias de los Tribunales Constitucionales de cada país, los cuales se enfrentan a realidades y obstáculos que no son tan diversos entre sí, lo que no lleva a pensar que las soluciones para la región deben darse a nivel regional y no individual.  En esta lucha los principios de solidaridad y mutuo auxilio son instrumentos indispensables para lograr un mayor respeto a los derechos fundamentales en la región centroamericana.

No quiero terminar sin agradecer a los patrocinadores y colaboradores, sin cuya ayuda no hubiera sido posible esta actividad.  Mi agradecimiento a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, al Colegio de Abogados, a la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, al Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe (CEFCCA), a la Asamblea Legislativa, la Universidad Libre de Derecho, la Escuela Judicial de Costa Rica, el Instituto Costarricense deDerecho Constitucional y el Ministerio de Cultura y Juventud.

El futuro de los Tribunales Constitucionales depende, en gran medida, de la lectura que aquéllos hagan de la realidad social en la que se encuentran inmersos y de la respuesta que a esa misma realidad proporcionen.  En el tanto la sociedad valore la existencia de esos tribunales como necesaria, en ese mismo tanto se justifica su existencia.

De este modo doy por inauguradas estas Jornadas.

Muchas gracias.