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EDITORIAL
ORDENANDO LA FISCALêA
Tras las primeras semanas de
ocupar el cargo de fiscal general de la Repœblica, don Jorge Chavarr’a visit—
las instalaciones de DIARIO EXTRA, donde anunci— la ejecuci—n de una serie de
cambios a fin de llevar esta instituci—n de justicia hasta las personas que
necesitan un servicio m‡s eficiente.
ÒMi meta es reorganizar el
Ministerio Pœblico para acercarlo m‡s a los ciudadanos y a los delitos comunes
que tanto agobian a los costarricenses. Para ello pretendo que los fiscales
coordinen m‡s con la polic’a para que se investigue a fondoÓ, nos dijo el
jerarca.
Estas acciones est‡n agrupadas
en la Pol’tica de Persecuci—n Penal en Delincuencia Organizada y Gesti—n
Funcional del Ministerio Pœbico, que es compuesta b‡sicamente por tres pilares
que consisten en el financiamiento para la defensa civil de la v’ctima, la
creaci—n de una fiscal’a escuela y la reorganizaci—n interna.
Los dineros recaudados por la
defensa civil, producto de los pagos de las demandas civiles, ser‡n orientados
a atender las necesidades de las v’ctimas de las violaciones legales, sobre
todo quienes han sufrido infracciones tales como violencia domŽstica, delitos
sexuales y tr‡fico de personas.
Respecto a la fiscal’a escuela,
se pretende que una comisi—n se encargue de elaborar un proyecto de ley para la
creaci—n de la carrera fiscal, el cual ser‡ presentado a los legisladores para
su debido estudio y la respectiva aprobaci—n.
Con esto se busca que aquellos
profesionales que aspiren a ser fiscales auxiliares o fiscales deben llevar un
curso de ingreso y una pasant’a en la fiscal’a escuela.
La tercera parte de la Pol’tica
de Persecuci—n Penal es la reorganizaci—n institucional, cuyo objetivo es el
mejoramiento del ataque institucional a la criminalidad organizada de nuestro
pa’s y las redes internacionales que nos afecten.
Para ello se ha creado la
Fiscal’a Adjunta contra la Delincuencia, que ha sido conformada al fusionar las
fiscal’as especializadas de Narcotr‡fico, Crimen Organizado y Sustracci—n de
Veh’culos, que desaparecer‡n como tales.
ÒPasar‡ lo mismo con Atenci—n
Inmediata, la Vespertina de Goicoechea, Tr‡mites R‡pidos y Flagrancias. Todas
estas quedar‡n unidas bajo un solo mandoÓ, nos coment— en su visita el se–or
fiscal general.
Dentro de lo proyectado tambiŽn
se busca que las fiscal’as de delitos comunes de las diferentes provincias
utilicen mejor los recursos y uniformar los procedimientos de trabajo.
No cabe duda que las
modificaciones planteadas por el nuevo fiscal general son urgentes, pues el
Ministerio Pœblico no estaba cumpliendo adecuadamente con sus funciones desde
hace muchos a–os.
Tal afirmaci—n la hacemos
basados en las mismas estad’sticas que anunci— el funcionario cuando dijo que
el Ministerio Pœblico estaba condenando apenas cerca del 60% de los casos
elevados a juicio. Cifra considerada muy baja porque, como bien lo dijo el
propio don Jorge, cuando se logre condenas del 80% ser‡n eficientes.
Otras de las cifras que
realmente muestran la necesidad de estos ajustes anunciados son las que
textualmente tambiŽn nos detall— el propio jerarca: ÒEl 80% de los casos de
tr‡mite r‡pido se desestima por falta de elementos probatorios, luego de
algunas diligencias policialesÓ.
Bien dice Chavarr’a al expresar
que si el fiscal no le da la mano a la v’ctima, Žsta no va a tener justiciaÉ
pero para eso el funcionario necesita la organizaci—n adecuada, una actitud de
imparcialidad y no resolver los casos sin importar si el condenado era culpable
o no. Un cuidado que es necesario tener.
Es evidente que hemos sido muy
cr’ticos en los œltimos a–os de este cuerpo de represi—n, pero hoy meditando
las medidas de cambio que se han adoptado y las que se busca ejecutar creemos
que pronto observaremos resultados positivos.