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S‡bado 4 setiembre   DEL 2010

 

Solo los avala si hay indicios comprobados de un delito

Sala IV proh’be a polic’as hacer retenes en carretera

Abogado present— recurso porque agentes lo retuvieron en Escazœ

Autoridades lamentan pŽrdida de herramienta preventiva

Otto Vargas M. ovargas@nacion.com 11:15 a.m. 03/09/2010

La Sala Constitucional prohibi— al Ministerio de Seguridad Pœblica instalar retenes en carretera mientras no existan indicios comprobados de la comisi—n de un hecho delictivo.

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El fallo fue recibido por las autoridades con preocupaci—n pues para la Polic’a esta ha sido una herramienta preventiva, destac— el director de la Fuerza Pœblica, ƒrick Lacayo.

ÒMe gustar’a primero enterarme del criterio de la Sala (Constitucional), para ver de quŽ forma nos puede limitarÓ, dijo.

El amparo lo present— el abogado Juan JosŽ R’molo Bola–os. La noche del 9 de agosto, un grupo de agentes le cerr— el paso en El Descanso, San Antonio de Escazœ. ÒVen’a de recoger a mi hija de una clase de italiano. Vi a un mont— n de polic’as y supuse que hab’a un asalto.

ÒEn eso me entero de que era un operativo de rutina. Obligaban a la gente a bajarse del carro y abrir puertas para ver si andaba drogas o armas. Me sent’ indignado porque ese no es un procedimiento legal en este pa’sÓ, coment— ayer R’molo.

En el recurso R’molo sostuvo que un polic’a, fusil en mano, le indic— –en forma amenazante– que si no permit’a la revisi—n, solicitar’a al Ministerio Pœblico una orden de allanamiento.

ÒEllos actuaron contra el derecho. Los retenes no son una herramienta preventiva leg’tima. Yo ten’a derecho al libre tr‡nsitoÓ, puntualiz— el abogado.

Las autoridades chequearon la cŽdula de R’molo. Lo dejaron ir en cuanto abri— la guantera y encendi— la luz interna de su carro. ÒEstaba cansado y no quer’a estar a medianoche ah’Ó, adujo.

Fallo. En forma un‡nime, la Sala Constitucional orden— ayer al ministro, JosŽ Mar’a Tijerino, no realizar retenes mientras no exista un indicio comprobado de un delito.

Los magistrados condenaron al Estado al pago de las costas, da–os y perjuicios causados.

El viceministro de Seguridad Pœblica, Jorge Chavarr’a, teme que la medida debilite los esfuerzos por garantizar la seguridad ciudadana. ÒCreo que est‡ dejando por fuera (la resoluci—n) el ‡mbito de acci—n de la Polic’a preventiva que busca verificar, con afectaci—n m’nima, el cumplimiento de las normas por parte de la ciudadan’aÓ, consider— el funcionario.

Aunque dijo que existen otras formas de trabajo, Chavarr’a –dejar‡ su cargo el pr—ximo viernes– lament— la eliminaci—n de una herramienta que ha tenido importancia en el combate al tr‡fico de drogas y el control del uso de armas.

El jefe regional de la Fuerza Pœblica, Raœl Rivera, declar—, por su parte, que el voto es contradictorio pues en otras oportunidades la Sala de Casaci—n ha establecido que la Polic’a puede llevar a cabo ese tipo de medidas para minimizar las acciones delictivas.

ÒSe pierde un elemento disuasivo important’simo porque el hecho de tener un retŽn en una comunidad vulnerable nos ayuda a hacer frente a situaciones delictivasÓ, insisti— el jefe policial.

Sobre ese mismo tema, el jerarca policial Lacayo destac— que es preferible que en carretera al ciudadano lo pare un polic’a a que lo haga un delincuente.

ÒLos habitantes reclamamos una mejora y por eso debemos ser parte de las medidas de seguridad. Esto requiere de voluntadÓ.