Elección de nuevos magistrados judiciales

Sean cuales fueren los candidatos propuestos, lo importante es rescatar la majestad del cargo

Wilberth Arroyo Á. Abogado y catedráticode la UCR 08:43 p.m. 29/08/2010

Siempre, desde nuestra independencia en 1821, cuando Costa Rica asumió su propia “administración política”, se ha discutido sobre el mejor sistema para la elección de los magistrados que administrarán justicia y dirigirán el gobierno del Poder Judicial.

Aunque lo que podría llamarse “independencia jurídica” de España no se tuvo sino hasta que se promulgó el Código de Carrillo, en 1842, la cuestión “judicial” sí se definió, a grandes rasgos, desde el Pacto de Concordia de 1821 y decretos legislativos para la administración de justicia “en cualquier instancia”, instalándose la Suprema Corte de Justicia, el 1 de octubre de 1826, luego de muchos intentos fallidos por la carencia de quienes conocieran mínimamente los rudimentos legales de la época, pues no se contaba con abogados “criollos”, dada la gran pobreza del país, cuyos habitantes se dedicaban a la agricultura de subsistencia. De tal modo que los primeros integrantes de nuestra Corte y otros tribunales de justicia la integraron legos en la materia o abogados, que eran llamados de Nicaragua y de Guatemala.

De los asuntos de mayor interés que se dispusieron en aquella y las otras Cartas Políticas que le sucedieron, estuvo lo relativo al nombramiento de los magistrados. Primero se dispuso que la designación de estos altos funcionarios de Estado fuera por elección directa del pueblo, pero, dada la pobreza imperante, nunca se contaba con candidatos que de asumir el cargo tuvieran el capital necesario que exigía la ley como “seguro de fidelidad”. Luego, en épocas de Braulio Carrillo, se dispuso que fuera el Poder Ejecutivo el que hiciera tal nombramiento, hasta que, como lo es actualmente, lo fue por elección indirecta, por medio de la Asamblea Legislativa, a cargo de los diputados, como representantes populares. Unos y otros sistemas se han sustituido y alternado, siendo el último el que más tiempo tiene, pues data de 1847.

Discusión interminable. Mucho se ha discutido en torno a este tema y mucho falta por decirse. Ha habido muchos proyectos de reforma legal y constitucional –hoy archivados–, que nacen al calor de la discusión en cada nombramiento o reelección de algún magistrado.

Las lógicas diferencias políticas de cada partido en la Asamblea hacen pensar que la forma en que se nombra a estos funcionarios debe ser sumamente cuidadosa para no afectar al Poder Judicial, que, como poder político que es, se constituye, junto a los otros dos, en pilar fundamental del Estado de derecho costarricense.

Si en el siglo XIX y la primera mitad del XX este Poder lo era tan solo formalmente (en el papel de las muchas constituciones políticas), desde hace sesenta años ha pasado a ser un verdadero poder político y se ha logrado democratizar la integración de la Corte, con el acceso de personas no necesariamente provenientes de las familias políticas tradicionales, como era bastante normal hace un siglo, en que el presidente de la República pasaba fácilmente a ser el presidente del Parlamento o de la Corte, o que sus ministros pasaran a ser magistrados.

El sistema de elección actual, aunque criticado, no ha tenido una mejor alternativa y debe fortalecerse en su base democrática, y eso se ha logrado en buena parte con la creación de la llamada “Comisión de Nombramientos”,lo cual constituye un gran acierto y debe reconocerse sus méritos. Y, aunque no está reglado por ley especial, como en el caso del nombramiento de defensor y defensor adjunto de los Habitantes, deben ampliarse sus competencias, conforme a la actual experiencia en el caso del escogimiento de magistrados y demás altos funcionarios públicos que corresponde hacer a la Asamblea Legislativa.

Procedimiento satisfactorio. El solo hecho de ver a colegas, jueces o abogados, presentándose ante una comisión de diputados, quienes escuchan y preguntan, sin formalismos ni formulismos, pero con mucho respeto y deferencia, es muy satisfactorio.

Sean cuales fueren los candidatos propuestos al plenario legislativo, de la lista de quienes legítimamente concursan en esta ocasión para varias salas de la Corte Suprema de Justicia, se trata, sin duda alguna, de rescatar la majestad del cargo de magistrado, tan venida a menos cuando simplemente se imponía un nombre por amistad o compromiso político.

También es muy destacable, y eso debe llenar de optimismo a todos los costarricenses, contrariamente a lo que vivió Costa Rica al iniciarse en su vida independiente, que se cuente con excelentes abogados entre los cuales poder hacer la mejor escogencia para ocupar un cargo de magistrado judicial.

Por la reconocida integridad moral y ética de quienes componen la Comisión; por la experiencia que ella está adquiriendo, por los propósitos por la que fue creada, por la sanidad del sistema, ya caduco y antidemocrático, ojalá que, con el transcurrir del tiempo, se fortalezca el espacio abierto, y que en esta y cualquier otra elección prevalezcan los mejores criterios para garantizar idoneidad real, efectiva y constatable de los candidatos, y se descarten consideraciones de filiación, herencia o cercanía política.

Y es que, para que el sistema realmente funcione, deben desterrarse esas nefastas prácticas, sin que por eso mismo se pierda la perspectiva de que cada ciudadano, por el hecho de serlo, tendrá la opción política que quiera, pero que no sea determinante esa circunstancia para ocupar un cargo de tanta relevancia nacional, pues flaco favor harían los señores diputados a la patria y al pueblo que representan.